¿Hay que pagarles a los legisladores?
La Legislatura bonaerense volvió a quedar bajo la lupa por un dato difícil de digerir: cuesta más de mil millones de pesos por día y, a mitad de año, prácticamente no sesionó.
09/06/2026 | 13:42Redacción Cadena 3
FOTO: Buenos Aires gasta más de $1.000 millones por día para mantener la legislatura.
¿Hay que pagarle a los legisladores? La pregunta suena peligrosa, porque puede confundirse con una consigna antipolítica. Y no debería serlo. El Poder Legislativo es una pieza esencial de la república. Es el ámbito en el que se representa a los ciudadanos, se controlan los abusos del Ejecutivo y se discuten las reglas que ordenan la vida pública.
Pero justamente por eso la pregunta merece hacerse en serio, sin demagogia y sin miedo.
La Legislatura bonaerense volvió a quedar bajo la lupa por un dato difícil de digerir: cuesta más de mil millones de pesos por día y, a mitad de año, prácticamente no sesionó. Tiene 92 diputados, 46 senadores, dietas millonarias, módulos para asesores, estructuras administrativas enormes y un presupuesto anual cercano a los 400 mil millones de pesos.
El problema no es que exista una Legislatura. El problema es que semejante estructura funcione tan poco, cueste tanto y sea tan difícil de auditar.
En la provincia de Buenos Aires, como en tantas otras legislaturas del país, se acumularon durante años capas tectónicas de la política. Cada fuerza que pasó por el poder dejó su sedimento: empleados, asesores, contratos, bloques, cargos, oficinas, privilegios y acuerdos tácitos. Casi nadie se anima a revisar ese sistema porque casi todos, en algún momento, se beneficiaron o esperan beneficiarse de él.
El caso de Chocolate Rigau no inventó nada. Apenas dejó a la vista una parte obscena de un mecanismo más profundo: tarjetas, sueldos, empleados que nadie ve, contrataciones difíciles de explicar y una caja que se mueve con una opacidad incompatible con la representación pública.
La última gran sesión ordinaria de peso estuvo vinculada al endeudamiento pedido por Axel Kicillof. Allí aparecieron las negociaciones por fondos para municipios, el reparto de recursos, las condiciones para obras, el uso del dinero para gasto corriente y las tensiones internas de una Legislatura que muchas veces parece activarse sólo cuando hay plata, cargos o poder en juego.
Después, la parálisis. Se demoró la conformación de comisiones, se cayó una sesión prevista para tratar el IOMA y los acuerdos volvieron a trabarse. Mientras tanto, el costo siguió corriendo todos los días.
Ahora bien: una Legislatura no debe ser medida como una fábrica de chorizos. No se trata de exigir una cantidad determinada de leyes por año para justificar el sueldo. A veces, un buen legislador cumple una función decisiva evitando que se cambie una buena ley, frenando un atropello o resistiendo una mala iniciativa del Ejecutivo.
La tarea legislativa no siempre consiste en hacer. Muchas veces consiste en no dejar hacer.
Pero eso no puede ser excusa para sostener estructuras gigantescas que se justifican a sí mismas. Tampoco para naturalizar que representantes elegidos por los ciudadanos vivan cada vez más encerrados en el ecosistema de la política profesional, lejos del trabajo común, de los problemas cotidianos y de la vida que dicen representar.
La política paga puede tener una razón noble: permitir que no sólo los ricos puedan ser legisladores. Pero cuando la remuneración se combina con cajas oscuras, asesores invisibles, sesiones escasas y acuerdos de supervivencia corporativa, la nobleza inicial se transforma en privilegio.
La pregunta, entonces, no debería ser únicamente si hay que pagarles a los legisladores. La pregunta más justa es otra: ¿Qué recibe la sociedad a cambio de lo que paga?
También habría que discutir si todas las legislaturas necesitan funcionar todo el año con semejantes estructuras. La pandemia demostró que se puede sesionar de manera remota. Muchos países y jurisdicciones tienen esquemas más austeros, con representantes que mantienen su actividad ordinaria y se reúnen cuando los temas lo ameritan. No es una receta automática, pero sí una discusión posible.
Tal vez haya que pensar en legislaturas más chicas, más transparentes, con menos asesores, con auditorías públicas, con rendición de cuentas de cada módulo, con sesiones verdaderas y no apenas ceremonias de beneplácito. Tal vez haya que revisar la idea de que la política profesionalizada, permanente y costosa es siempre sinónimo de mejor representación.
En Buenos Aires, además, se viene otra discusión que muestra el corazón del problema: la ley que limita la reelección indefinida de los intendentes. Fue una de las pocas reformas que sobrevivieron al cambio de ciclo político y hoy vuelve a estar bajo presión. Muchos quieren eliminarla para seguir en el poder.
Ahí se verá, una vez más, para qué está la Legislatura: si para cuidar reglas republicanas o para garantizar la continuidad de quienes ya tienen poder.
La política es demasiado importante como para dejarla en manos de quienes la usan como refugio. Y el Poder Legislativo es demasiado valioso como para que se lo defienda con el silencio.
No hace falta destruirlo. Hace falta animarse a discutirlo.
