El impacto del fallo de la Corte Suprema sobre TPS a haitianos y sirios

MIAMI — La reciente resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que autoriza al gobierno de Donald Trump a eliminar las protecciones legales temporales para los inmigrantes de Haití y Siria podría tener repercusiones más amplias que afectarían a ciudadanos de diversas naciones. Esta decisión, anunciada el jueves, impacta directamente a cerca de 350.000 haitianos y 6.000 sirios, pero también podría ser un indicativo de lo que les espera a aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que actualmente cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

El fallo expone a los beneficiarios de TPS de Haití y Siria a la posibilidad de detención y deportación, además de abrir la puerta para que cientos de miles de otros inmigrantes con solicitudes de asilo o apoyos pendientes se vean obligados a abandonar el país. Desde su creación en 1990, el TPS ha servido para proteger a los inmigrantes de regresar a naciones que enfrentan desastres naturales o conflictos civiles.

El Congreso estableció este programa para evitar deportaciones, y desde la llegada de Trump a la presidencia, se han cancelado TPS para alrededor de 1 millón de personas de 13 naciones, incluyendo cerca de 650.000 venezolanos y 50.000 hondureños. Se avecinan decisiones que podrían afectar a unos 200.000 salvadoreños y 100.000 ucranianos cuyas protecciones están próximas a expirar.

El gobierno sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la autoridad exclusiva para finalizar estas protecciones, y la mayoría conservadora de la Corte, con un fallo de 6 a 3, respaldó esta postura. Esto podría significar que las demandas en curso para impugnar la decisión de cancelar el TPS se verán obstaculizadas.

"La decisión es sin duda una mala noticia", afirmó Ahilan Arulanantham, codirector del Miñana Family Center for Immigration Law and Policy. "La implicación de esto es que al menos la mayoría de las demandas que se han litigado para impugnar la guerra ilegal de este gobierno contra el TPS quedan ahora desestimadas".

Los abogados de inmigración advierten que tanto Haití como Siria enfrentan crisis significativas que dificultan el regreso seguro de sus ciudadanos. Además, alegan que el gobierno no evaluó adecuadamente las condiciones en estos países ni consultó con otras agencias gubernamentales, como exige la ley.

Las decisiones de la Corte Suprema generalmente entran en vigor 32 días después de ser anunciadas. Esto implica que, en aproximadamente un mes, los beneficiarios del TPS de Haití y Siria perderían su autorización de empleo, lo que podría llevar a muchos a enfrentar la deportación o la separación de sus familias.

Los activistas instan a las personas con TPS a explorar otras opciones migratorias, como visas de asilo o de trabajo, aunque el acceso a estas alternativas se ha vuelto cada vez más complicado. Muchos se verán obligados a elegir entre regresar a su país de origen o enfrentar un proceso de deportación.

"Exhortamos al Congreso para que restablezca de inmediato estas protecciones humanitarias vitales que el programa TPS representa", afirmó Melissa Keenan, abogada que representa a beneficiarios sirios del TPS.

Las condiciones en Haití y Siria siguen siendo precarias, lo que hace que el retorno seguro de sus ciudadanos sea una preocupación constante. Las protecciones del TPS fueron inicialmente otorgadas tras desastres como el terremoto de 2010 en Haití y la guerra civil en Siria, que aún persiste en diversas formas.

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