Impulsan una reforma general del Código Penal: las principales modificaciones

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La Comisión de Reforma del Código Penal se reunió la semana pasada en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal, en un encuentro que contó con la participación de los miembros y autoridades de esta Comisión, cuyo proyecto fue presentado de forma oficial el 25 octubre pasado ante el Ministerio de Justicia de la Nación. 

El nuevo Código Penal busca dar una respuesta actualizada a delitos como el crimen organizado, los delitos informáticos, las estafas piramidales, el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, entre otros fenómenos contemporáneos.

El proyecto que busca sustituir el Código actual que fue sancionado hace más de 100 años y se analiza dentro del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, quien impulsa un estudio detallado de cada aspecto del texto propuesto por la Comisión.

Las autoridades de la Comisión que lleva a cabo el proyecto son: su presidente, el abogado Jorge Boumpadre; su vicepresidente primero, el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; la vicepresidenta segunda, la jueza federal María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio Báez, las abogadas Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, el abogado Horacio Romero Villanueva y los miembros del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto y Carlos Manfroni.

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En diálogo con Cadena 3, el juez Borinsky explicó que "el Código Penal tiene en cuenta la víctima, la perspectiva de género y se tiene en cuenta el crimen organizado".

La reforma también incorpora nuevos delitos relacionados con la tecnología, como el grooming y los ciberdelitos. "Se incorpora un capítulo especial que es el de los ciberdelitos y la delincuencia mediante inteligencia artificial", explicó Borinsky, enfatizando la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos.

Uno de los puntos debatidos en la mesa fue el derecho a manifestarse. Borinsky aclaró que "lo que vos no podés hacer es afectar los derechos de terceros", lo que implica que las manifestaciones no deben interrumpir el tránsito de personas que no participan en ellas. 

En este contexto, el nuevo código penal incluirá sanciones para quienes arrojen objetos durante protestas, estableciendo un límite a la libertad de expresión cuando esta afecta a otros.

En cuanto a la legítima defensa de las fuerzas de seguridad, Borinsky aseguró que "las fuerzas de seguridad se valen en un instituto que es el de cumplimiento de su deber". Esto implica que, en situaciones de agresión, se presumirá que el uso de la fuerza por parte de la Policía es legal, siempre que se trate de una respuesta proporcional a la amenaza.

La reforma del Código Penal también fue objeto de interés del papa Francisco, quien, según Borinsky, "dijo que estaba de acuerdo con la actualización del nuevo código penal". Esto subraya la importancia y la atención que genera la propuesta a nivel internacional.

La reforma del Código Penal argentino busca un equilibrio entre la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de los derechos fundamentales, adaptándose a los desafíos contemporáneos que enfrenta la sociedad. La discusión sobre estos cambios se intensificará a medida que el proyecto avance en el Congreso de la Nación.

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Entrevista de Miguel Clariá.

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