El plan para tumbar al Gobierno de Bolivia: narcotráfico y el fantasma de Evo

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El fantasma de la desestabilización política sobrevuela Bolivia a solo seis meses de que el presidente Rodrigo Paz Pereira asumiera el poder con el 66% de los votos. 

Con 50 rutas cortadas, desabastecimiento de alimentos y un saldo trágico de seis muertos, el destacado periodista boliviano Juan Carlos Arana advirtió que las protestas no responden a un descontento social genuino, sino a una estrategia coordinada por sectores afectados por las reformas del nuevo Gobierno.

"Es una reacción de 'lo que no gané en la cancha, lo gano en la calle'", describió Arana, detallando que mantener los 50 puntos de bloqueo demanda un aparato logístico y financiero de unos 100.000 dólares diarios para pagarle a las miles de personas movilizadas.

Las cuatro cajas que desataron la furia

Según el analista, el violento freno que sufre el país andino es la respuesta de corporaciones políticas y criminales a cuatro medidas estructurales que tomó el Ejecutivo para transparentar las cuentas de un Estado "quebrado tras 20 años de populismo masista":

Reducción del 40% de la masa burocrática: se cerraron ministerios y fondos discrecionales de mineros y campesinos. "Ya nos chupamos todas las reservas y el oro de Bolivia, no había dónde más ordeñar", graficó.

El regreso de la DEA: el retorno de la agencia internacional golpeó las rutas del narcotráfico con incautaciones semanales de avionetas, cocaína y la destrucción de pistas clandestinas.

Auditorías por corrupción: la justicia detuvo a exgerentes de la petrolera estatal y de la aerolínea de bandera por el manejo discrecional de 66.000 millones de dólares generados por el gas en las últimas dos décadas.

La orden de captura contra Evo Morales: el expresidente tiene un pedido de apremio por un delito de orden común (abuso de una menor de 14 años que debió refugiarse en Argentina), pero permanece blindado por sus seguidores.

"La zona del Chapare es prácticamente un gueto dentro de Bolivia, controlado por federaciones de productores de hoja de coca que sirve exclusivamente para el narcotráfico. Hay un Estado narco que impide que la justicia llegue a detenerlo", disparó Arana.

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El peligro de una intervención militar

La tensión llegó al límite tras la aprobación en el Senado de una ley de estado de excepción. Si la Cámara de Diputados rechaza el proyecto, el presidente Paz Pereira quedaría facultado para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior para liberar las rutas, una opción que encierra un enorme peligro humanitario.

"La policía es una fuerza disuasiva, pero los militares entran con armamento pesado y podríamos registrar una gran cantidad de muertos", alertó el periodista. La fiereza de los manifestantes es total: el fin de semana secuestraron brevemente a un ministro y cuatro de las seis víctimas fatales de la crisis fueron pacientes que murieron en las rutas porque los bloqueos impidieron el paso de las ambulancias.

Para Arana, el escenario actual no plantea el riesgo inminente de una guerra civil, pero sí expone un hackeo directo al sistema democrático. "Evo Morales pide llamar a elecciones en 90 días. Como no les gustó el resultado del partido, quieren anularlo e ir a uno nuevo hasta que ganen ellos", concluyó, denunciando además que los periodistas se convirtieron en el blanco principal de los ataques callejeros por el solo hecho de retratar la realidad.

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