Discapacidad: "Las prestaciones están restringidas desde 2023", dijo una abogada
La doctora Samantha Funes explicó a Cadena 3 que el nomenclador no se actualiza desde hace dos años. "La situación estaba tan tensa que se limitaron los servicios o muchos solicitaban un plus", detalló.
05/09/2025 | 08:20Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
En otro dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.
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La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
La doctora Samantha Funes, abogada especialista en discapacidad, explicó a Cadena 3 que el nomenclador no se actualiza desde 2023, lo que llevó a un marcado atraso en honorarios y prestaciones. "Esto significa que las prestaciones están muy restringidas", afirmó.
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Funes explicó que los trabajadores del ámbito de la discapacidad enfrentan un desfasaje entre lo que se les paga y el costo real de sus servicios. "La situación estaba tan tensa que se limitaron las prestaciones o muchos solicitaron un plus para continuar ofreciendo servicios", detalló. Esto generó graves dificultades para quienes requieren atención y apoyo.
La abogada también mencionó que debe existir transparencia en el manejo de recursos destinados a discapacidad, enfatizando la necesidad de auditorías para evitar abusos. "El Estado tiene la obligación de auditar y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan", sostiene.
La reglamentación de esta ley se espera en los próximos treinta días, generando expectativas sobre un cambio significativo en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y en la estabilidad de los prestadores de servicios.
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Con 63 votos a favor y sólo siete en contra, la oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, revirtió una decisión clave del Ejecutivo.
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Entrevista de Miguel Clariá.
