Reclaman una reforma tributaria

En el marco de la presión impositiva "asfixiante" que sufre el sector agropecuario en nuestro país, cargas rígidas como las retenciones -que se han quedado sin sustento legal tras el vencimiento del plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública el 31 de diciembre pasado- sumadas a una sequía o incendios como los que azotaron –y aún azotan- a los cultivos de varias provincias en estos meses, "se genera un impacto que atenta contra la rentabilidad de la actividad, siendo el que recauda el único ganador", sostiene el documento.

Según los ruralistas, todo esto, lejos de poder transitar hacia un sistema tributario más equitativo, "no hace más que profundizar la rigidez y presión sobre un sector productivo que genera actividad económica en el interior, cuantiosas divisas para el país y numerosos puestos de trabajo directo e indirecto".

Las retenciones y la batería de impuestos que paga la actividad demuestran que el estado siempre recauda aunque no haya rentabilidad. Por esta razón es que reclamamos una genuina reforma tributaria ante la emergencia que se está viviendo solicitando la eliminación de los impuestos distorsivos en la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional” 

indicó Juan Diego Etchevehere, Director de la Sociedad Rural Argentina.

Escenario complicado

En el informe denuncian que la actividad productiva presenta hoy un escenario complicado para todos los entrerrianos, puesto que la alta carga tributaria expone una situación de gran desequilibro en el sistema de producción y oferta de alimentos, y con ella una pronunciada inestabilidad en las variables macroeconómicas.

Necesitamos que se debata un sistema impositivo nuevo y más simple, que evite las duplicaciones de la materia imponible y elimine los impuestos distorsivos con el objetivo de disminuir la presión tributaria en los productores.

Caso Testigo Entre Ríos

La entidad elaboró un estudio económico en relación a la actividad agrícola de la provincia de Entre Ríos, siendo esta un caso testigo de la situación desesperante que atraviesa un alto porcentaje de los productores de todas las regiones afectadas. Para ello se tomaron como referencia los cultivos de soja y de maíz realizados en establecimientos de hasta 500 hectáreas, y se cuantificaron los impuestos que ingresan al fisco de lo producido por hectárea cultivada.

Actualmente la actividad agrícola de soja y maíz debe pagar por campaña 18 impuestos: 9 nacionales –como las retenciones, ganancias, ganancias por arrendamiento o el impuesto al Cheque, entre otros y 9 impuestos provinciales –como el inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos al contrato de compra y venta entre, además del costo financiero que incurre el productor por el sistema de reintegro y pago del IVA.

Teniendo en cuenta los impuestos a afrontar, de lo que genera una hectárea agrícola en la provincia se observa que la presión tributaria ya es altísima en una situación normal y que esta se acentúa, hasta poner al productor en situación de quebranto ante fenómenos exógenos tales como eventos climáticos adversos o una caída de los precios internacionales.

En el caso de la soja, en una situación normal, el Estado se lleva el 87% del margen neto operativo antes de impuestos de lo que genera una hectárea, y si este mismo productor debe afrontar una caída del 30% del rendimiento a causa de una sequía, como ha ocurrido a muchos productores en estos días, el Estado se termina llevando el 122% del margen neto antes de impuestos. La inflexión del sistema tributario nacional y provincial deja al productor en rojo.

En el caso del maíz el Estado se lleva el 76% del margen neto operativo antes de impuestos, mientras que ante una sequía que afecta al 40% del rendimiento, como también ha ocurrido en esta campaña, el fisco termina absorbiendo en impuestos el 710% del margen neto operativo, llevando al productor a la quiebra total por pagar los impuestos de una producción que no existió.

Esto es así porque el 60% del total de los impuestos que asume una hectárea de maíz son impuestos distorsivos, mientras que en el caso de la soja es del 80%.

"El peso y la rigidez del sistema tributario llevan al productor a una situación de quebranto, en favor del Estado que sigue recaudando".

Por último, cabe mencionar que en la campaña 2020-2021, los productores de Entre Ríos transfirieron por derechos de exportación 441 millones de dólares.