Un habeas corpus revela la frágil situación dentro de la cárcel de Bouwer

1. Audio. Presos presentaron un habeas corpus por "condiciones inhumanas" en Bouwer

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Por Juan Federico

La resolución judicial de un habeas corpus presentado por un grupo de presos de la cárcel de Bouwer volvió a dejar en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario provincial.

Se trata de un recurso colectivo que meses atrás presentó un grupo de internos alojados en el pabellón E4 del módulo MD1. Se trata de uno de los sectores mal llamados "vip" dentro de la cárcel, ya que allí la población carcelaria está compuesta, en su mayor parte, por profesionales vinculados a delitos conocidos como de "guante blanco": hay abogados, contadores y empresarios, en causas por corrupción dentro de la cárcel, por la mafia de "La Trenza" de los remates judiciales, por la apropiación ilegítima de terrenos, entre otros casos.

Entre los firmantes también figura el cura Cruz Viale, quien está detenido desde el año pasado por orden del fiscal de Delitos Sexuales Juan Ávila Echenique. Semanas atrás, se conoció una carta pública del párroco en el que advertía sobre las duras condiciones de encierro en Bouwer, además de reclamar por la supuesta falta de pruebas en la causa por la que está preso.

De acuerdo a su definición práctica, el habeas corpus "es un recurso legal que protege la libertad individual ante detenciones ilegales o agravamientos ilegítimos en las condiciones de detención, permitiendo que un juez revise la legalidad del arresto y ordene la liberación inmediata si se determina que la detención no cumple con las normas del debido proceso".

En este caso, uno de los que llevó la voz cantante en el reclamo colectivo fue el abogado Julio Páez, cuya causa acaba de ser elevada a juicio por el fiscal Enrique Gavier. En síntesis, está acusado de ser miembro de una presunta asociación ilícita, en connivencia con jefes del Servicio Penitenciario, otros abogados y funcionarios del Ministerio de Seguridad, para extorsionar a los presos y exigirles sumas de dinero a cambio de mejoras en el tratamiento penitenciario.

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En concreto, el habeas corpus planteó 10 puntos, que fueron analizados por la jueza de Control 9, Celeste Ferreyra. Se trata de una funcionaria judicial que hace tiempo camina las cárceles de Córdoba y que tiene varias causas por reclamos en torno a las condiciones de detención, tanto en el complejo de Bouwer como la ex-UCA, de la ciudad de Córdoba.

Pese a que se trata de uno de los pabellones más "cómodos" del penal, los presos adviertieron que, en las pequeñas celdas, con cuchetas, se estaban instalando nuevas camas, ante la sobrepoblación carcelaria.

En ese sentido, la jueza remarcó que, de manera temporal, y ante la emergencia carcelaria, iba a autorizar una cama más por celda, como límite máximo. Apuntó que tiene constancia de que hoy hay presos que duermen directamente en el suelo, por la falta de un espacio adecuado.

En ese sentido, la magistrada volvió a reflexionar sobre la utilización de la prisión preventiva en Córdoba, marcando que se deben analizar otras medidas alternativas siempre que sean válidas.

En este punto, se advierte otra paradoja que hace ruido dentro de las cárceles de Córdoba: por otro habeas corpus presentado en la Justicia Federal, los presos procesados o condenados por delitos de este fuero (narcotráfico, secuestros extorsivos o lavado de dinero, por lo general), no pueden compartir la celda con más de un detenido.

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Detrás de la superpoblación carcelaria y la falta de una infraestructura acorde en la provincia, surge otro debate que cada vez más fiscales y jueces se animan a plantear en Tribunales 2. Se trata del diseño de la política de persecución policial que hoy se aplica en Córdoba, cuestión que no se abordó en este habeas corpus, ya que excede la competencia judicial.

Varias fiscalías hoy están atiborradas de causas por robos y hurtos con detenidos que en su mayoría responden a un mismo patrón socioeconómico, con una marcada adicción a las drogas.

"Más que seguir yendo a buscar a estos adictos, muchos ''reventados'' por el ''pipazo'', sería más útil que la Policía se ocupara en evitar que se venda la droga en los barrios, que fueran a atrapar a los grandes proveedores de drogas y armas. De esta manera, el delito tiene que caer", reflexionó una fiscal que trabaja en una zona crítica de la ciudad de Córdoba.

Otro punto llamativo de la presentación de los presos del pabellón E4 giró en torno al serio problema que tienen con el suministro de agua. Todas las noches, denunciaron, el Servicio Penitenciario corta el agua en el complejo de Bouwer, por lo que se quedan sin este líquido para tomar o ir al baño. La jueza apuntó que los detenidos "relataron que hace poco tiempo hubo una epidemia de diarrea en el pabellón, por lo que el corte del agua impactó de manera muy negativa".

Ante esto, el Servicio Penitenciario le respondió a la jueza Ferreyra que, si bien todos los pabellones cuentan con suministro de agua potable en sus celdas, como así también en la cocina de uso común y el sector de duchas con el que cuenta el pabellón, "producto del incremento exponencial de la población carcelaria, se observa un significativo incremento en el consumo por lo que resulta necesario realizar cortes parciales del suministro".

"Ello, a fin de garantizar la provisión durante las horas de mayor consumo en el penal (almuerzo/cena) y sectores como salones de visita, cocinas, servicio médico, etc.; realizándose los cortes desde las 23.30 a las 07.00".

En ese sentido, ante la falta de una red sólida para llevar agua potable al penal, el Servicio Penitenciario debe contratar camiones cisternas. Ahora, se indicó que se está por aumentar la contratación de 25 mil litros diarios a 30.000.

Este punto deja en evidencia, al mismo tiempo, que, pese a que la cárcel tiene 20 años y alberga a una población similar a la de una ciudad pequeña, la Provincia nunca avanzó en una obra importante para asegurar el suministro constante de agua potable.

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En ese sentido, el diagnóstico de la jueza Ferreyra es implacable: "Actualmente, el sistema penitenciario de la provincia de Córdoba alberga más de 16.400 presos, es decir, muy por encima de la capacidad con la que cuentan los distintos establecimientos. Además, no puede soslayarse que la cifra ha crecido significativamente en los últimos años, y se prevé que siga aumentando (...) Es notorio el desborde que presentan las actuales cárceles de nuestra provincia, donde la mayoría de las celdas no cumplen los estándares mínimos recomendados a nivel internacional (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos) y albergan más internos de lo permitido".

"A la par -continúa-, dicho contexto ha conllevado a que muchas personas duerman en el piso, a veces sobre algún viejo y cuarteado colchón, otras incluso sobre alguna manta. A su vez, no puede soslayarse que la mayoría de la población carcelaria (duerma en cama o sobre colchón en el piso), lo hace sin abrigo adecuado, haciéndolo muchas veces y en pleno invierno con tan solo una mínima frazada".

La descripción continúa: "Asimismo, el excesivo número de internos ha invariablemente colapsado los servicios que allí se prestan, con la consecuente falta de acceso a atención médica adecuada y oportuna; a que las condiciones de higiene sean más precarias; a la falta de provisión de agua potable sin interrupciones; a situaciones de violencia e inseguridad; entre otros varios problemas de los que, los internos del Módulo MD1, pabellón E-Cuatro no resultan ajenos y se han hecho eco al presentar la acción en curso".

Las cárceles, según la Constitución Nacional, deben ser sanas y limpias. Porque, más allá del castigo, tiene en teoría un fin que a veces parece olvidado: resocializar a los detenidos. Es decir, evitar que vuelvan al delito.

¿Cómo se logra enderezar la biografía torcida de una persona cuando termina confinada en una celda, durmiendo en el suelo y sin los servicios básicos?

En el habeas corpus los presos también advirtieron que a veces los guardias realizan requisas que violan los protocolos oficiales, en las que desnudan a los internos a la vista de los otros detenidos.

"Cuando aquellas sean realmente necesarias, deberán efectuarse de acuerdo a los protocolos vigentes del SPC y estándares nacionales e internacionales vigentes en la materia, realizándose de a un interno a la vez, dentro de la celda y, en tanto no se vea afectada la seguridad del personal interviniente, autorizar a los internos a observar el aseguramiento del procedimiento desde su exterior. Finalmente, en cuanto resulte viable, implementar de manera efectiva y eficaz medios tecnológicos pertinentes a fin de evitar intromisiones invasivas corporales", ordenó ahora la jueza al resolver este recurso.

Los presos también solicitaron tener más tiempo en un pequeño patio interno que tiene el pabellón, lo que le fue concedido, e ir más veces a la semana al "patio grande" del módulo, donde hay una cancha de fútbol, cuestión que fue rechazada ya que se trata de un espacio compartido con otros pabellones, por lo que es necesario intercalar los turnos.

Otra cuestión que fue rechazada por la jueza fue la instalación de Netflix, ya que los presos ya cuentan con un sistema de televisión digital para su entretenimiento.

Otro punto crítico del habeas corpus concierne al estado de la comida que consumen. En ese sentido, cabe recordar que en una causa penal, el fiscal Gavier advirtió que el frigorífico que comanda el empresario Alicio Dagatti, imputado en una causa por ingreso de drogas y otros elementos prohibidos dentro de las cárceles, se habría constatado que llevaba carne en mal estado a los penales de Córdoba.

"En lo que respecta al control de calidad de los alimentos, durante la reunión mantenida en julio entre este juzgado y las autoridades del SPC, éstos últimos asumieron el compromiso de mejorar los controles a través de la incorporación de nutricionistas y organismos independientes. En tal sentido, implementar controles sistemáticos por parte de funcionarios externos, con el seguimiento de quejas y denuncias de calidad/inocuidad. En efecto, sin perjuicio de lo expuesto, resulta conveniente recomendar al SPC que adopte las medidas necesarias a fin de mejorar el control en la provisión de dietas especiales, como así también los controles de higiene (de las cocinas generales y de los comedores)", completó la jueza Ferreyra.

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