Naranjitas y limpiavidrios: Quinteros defendió cambios al Código de Convivencia
El ministro de Seguridad provincial afirmó en Cadena 3 que el objetivo es ordenar el uso del espacio público, sancionar la coacción y evitar la criminalización de la pobreza.
26/12/2025 | 09:05Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defendió la reforma del Código de Convivencia impulsada por el Gobierno provincial y sostuvo que el foco está puesto en sancionar conductas abusivas en el uso del espacio público, como la exigencia de dinero mediante intimidación por parte de cuidacoches o limpiavidrios, sin criminalizar situaciones de vulnerabilidad social.
En diálogo con Cadena 3, Quinteros aseguró que desde el inicio de su gestión el Ministerio de Seguridad mantuvo una postura clara frente a estas prácticas. Indicó que se pidió a los ciudadanos que se sientan intimidados en la vía pública que llamen al 911 y precisó que, a lo largo del año, se registraron más de 370 personas detenidas en eventos públicos y en la vía pública por este tipo de situaciones.
El funcionario diferenció la acción del Ejecutivo de las discusiones políticas y remarcó que el problema debía ser abordado con medidas concretas. Señaló además que la conducta del “naranjita”, cuando implica el uso indebido del espacio público y la exigencia de un pago bajo coacción, ya está tipificada como una infracción contra la convivencia y el orden público.
Quinteros aclaró que el Gobierno provincial no busca criminalizar la pobreza y recordó que en Córdoba existen personas autorizadas legalmente por los municipios para realizar tareas vinculadas al estacionamiento. En ese sentido, explicó que, por la autonomía municipal, la regulación del tránsito y del uso del espacio público corresponde a los gobiernos locales, mientras que la Provincia interviene frente a conductas abusivas, intimidatorias o dañosas.
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El ministro cuestionó en Cadena 3 el concepto de “pago voluntario” contemplado actualmente en la normativa y sostuvo que, en muchos casos, se trata de una libertad condicionada por el temor o la intimidación. Por ese motivo, afirmó que se propone suprimir esa figura y que sean los municipios los que definan con claridad en qué lugares se puede cobrar, quiénes están habilitados y bajo qué condiciones.
Al ampliar el alcance de la discusión, Quinteros incluyó la situación de los limpiavidrios y advirtió que, además de generar situaciones de incomodidad o presión, muchas veces afectan la seguridad vial al interferir en el tránsito y exponerse a situaciones de riesgo.
Finalmente, planteó que la solución requiere una acción coordinada entre distintos niveles del Estado. Señaló que los municipios deben determinar las arterias habilitadas, identificar a las personas autorizadas y establecer reglas claras, mientras que la Provincia debe garantizar la intervención temprana y sanciones proporcionales. Según remarcó, la reforma del Código de Convivencia no apunta a castigar, sino a ordenar y prevenir conflictos en el espacio público.
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