Llamosas, sobre la proliferación del narco: "La provincia no es una isla"

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En un escenario donde el avance del narcotráfico ya no discrimina entre grandes urbes y pequeñas comunas del interior, la Legislatura de Córdoba dio un paso drástico en la persecución del crimen organizado. Con el voto unánime de todas las fuerzas políticas, se aprobó la denominada Ley Antibúnker, un instrumento legal que promete agilizar la demolición y el cerramiento inmediato de los puestos de venta de droga.

En diálogo con Cadena 3, el legislador y presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas, analizó el impacto inmediato de la norma y el severo diagnóstico que maneja el gobierno provincial respecto a la mutación del delito en el territorio.

Herramientas contra la impunidad territorial

Fue categórico al describir el vacío legal que imperaba hasta el momento y que frustraba a los vecinos de los barrios más afectados. "Durante mucho tiempo se identificaba, los vecinos sabían dónde se vendía... y lamentablemente, por cuestiones que tienen que ver con derechos de propiedad o por no contar con herramientas concretas para poder actuar rápidamente, no se intervenía", reconoció el parlamentario de Hacemos Unidos por Córdoba.

La nueva legislación busca destrabar esos laberintos burocráticos. A partir de su publicación, la fuerza policial y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) contarán con facultades operativas de carácter urgente.

"Lo que se aprobó ayer significa una herramienta que va a permitir, en aquellos lugares donde se vende droga, derribar esos lugares o actuar preventivamente tapiándolos", detalló Llamosas.

Incluso en situaciones complejas de ocupación ilegal, el procedimiento será perentorio: "Allí hay un procedimiento muy puntual, rápido, se constata, se hace un rápido derecho de defensa y luego el Ministerio Público Fiscal puede actuar rápidamente para hacer cesar la continuidad del delito".

La mutación del negocio criminal

Al ser consultado sobre si Córdoba asiste a una "rosarización" con estructuras exclusivas para el expendio, Llamosas trazó una radiografía preocupante que excede los tradicionales "quioscos" familiares. El fenómeno actual abarca desde pequeñas edificaciones blindadas hasta puntos móviles de comercialización en el interior profundo.

"Hoy lamentablemente ha proliferado y ha avanzado en todo el territorio del país, y la provincia no es una isla", advirtió.

Añadió que las organizaciones criminales operan "con más recursos, con más tecnología" y que el delito mutó hacia "bienes muebles, colectivos abandonados o incluso vehículos y motos donde se generan ventas transitorias".

Frente a esta avanzada, el legislador defendió la estrategia del gobernador Martín Llaryora y destacó el carácter pionero de la norma a nivel nacional: "Esta es la primera ley en el país que instrumenta este proceso y por eso se destaca".

Asimismo, enfatizó el rol de la justicia especializada: "La herramienta pretende darle un instrumento a la fiscalía y al Poder Judicial para que no haya excusas o argumentos para no poder actuar rápidamente".

El destino de los fondos incautados

Uno de los puntos más debatidos de la nueva normativa es la administración de los bienes decomisados a las bandas narco, un histórico foco de polémicas en la provincia. La ley prevé la creación de un Registro de Identificación de Bienes Intervenidos, controlado por una unidad interagencial que integran los ministerios de Seguridad y Justicia junto al Ministerio Público Fiscal.

El cambio sustancial radica en el destino del dinero obtenido de los remates y decomisos. "Todo el destino de los fondos en la ley anterior se establecía para las políticas de prevención. Ahora hay un 60% que se destina especialmente para la persecución, generar más innovación y más recursos para que esto pueda equipararse o acercarse a estas organizaciones de narcotráfico que tienen tanto recurso", concluyó.

Entrevista de Radioinforme 3.

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