Los bancos, como el perro que tumbó la olla

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Por Adrián Simioni

La Argentina tiene por delante un problema delicado: el aumento de la mora entre personas que tomaron créditos, financiaron consumos con tarjeta o se endeudaron a través de bancos, billeteras virtuales, fintechs y otros mecanismos formales e informales.

Se habla de millones de afectados, aunque las cifras no siempre quedan claras porque mezclan situaciones muy distintas: deudores del sistema bancario tradicional, usuarios de aplicaciones financieras, familias atrapadas por saldos de tarjeta, préstamos personales y deudas tomadas fuera del circuito formal.

El problema existe. Negarlo sería una irresponsabilidad. Hay gente que perdió ingresos, que vio cambiar de golpe las reglas de la economía, que pasó de convivir con tasas negativas a enfrentar tasas positivas, y que hoy no llega a pagar créditos, impuestos, servicios o expensas. Pero reconocer el problema no significa aceptar cualquier solución.

Porque cada vez que en la Argentina aparece una crisis de deuda privada, surge la misma tentación: que alguien "haga algo". Y ese "alguien", casi siempre, termina siendo el Estado. O el Banco Central. O sea, todos.

Hacer algo, en estos casos, suele querer decir que aparezca plata de algún lado para cubrir un salvataje. Y si esa plata sale del Estado, no sale de la nada. Sale de impuestos, de emisión, de inflación o de deuda futura. En otras palabras: sale también del bolsillo de quienes no se endeudaron, de quienes fueron prudentes, de quienes ajustaron gastos o directamente no pudieron acceder a un crédito.

Ahí está el punto. Un rescate generalizado no sólo beneficiaría a los deudores complicados. También beneficiaría a quienes dieron esos créditos. Y ahí los bancos no pueden hacerse los distraídos.

En los últimos días, Diego Rivas, máximo ejecutivo del Banco Galicia, habló del tema y dejó una definición llamativa. Dijo que la situación responde a factores que exceden el comportamiento individual de los endeudados. Puede ser. Pero en esa explicación faltó una parte: el comportamiento de quienes prestaron el dinero.

Porque un banco no es una víctima pasiva del clima macroeconómico. Un banco evalúa riesgo, analiza capacidad de pago, decide cuánto presta, a quién le presta, a qué tasa y bajo qué condiciones. Si prestó mal, también tiene responsabilidad.

Durante años, buena parte del sistema financiero argentino vivió cómodo en un esquema que no lo obligaba demasiado a trabajar como banco. Con tasas reales negativas, inflación alta y un Banco Central que absorbía pesos a través de instrumentos remunerados, las entidades tenían un negocio asegurado. Tomaban dinero del público y se lo colocaban al Central. El riesgo era bajo, la ganancia estaba servida y la preocupación por prestar bien quedaba en un segundo plano.

Ese esquema se cortó. Y cuando se cortó, muchos salieron a buscar negocio donde debía estar desde siempre: en prestar plata. Pero lo hicieron, en muchos casos, con criterios flojos, con tasas desmesuradas y con una evaluación deficiente del riesgo.

El resultado fue una bola de nieve. Personas que tomaron 100 y terminaron debiendo 2.000. Clientes que aceptaron un crédito con un clic y después quedaron atrapados en intereses imposibles. Familias que financiaron consumos cotidianos como si el sistema económico fuera a seguir igual, cuando en realidad estaba cambiando de raíz.

Pero los bancos también calcularon mal. Si un ciudadano se equivoca al endeudarse, paga las consecuencias. Si una entidad financiera se equivoca al prestar, no puede pretender que el Estado le saque la papa del fuego.

Por eso suena extraño escuchar a banqueros quejarse de que la tasa real se volvió positiva. Un banco normal debería poder ganar dinero en un contexto de tasa positiva. De hecho, ese es el negocio bancario clásico: captar depósitos, prestar, cobrar intereses y administrar riesgos. Lo que parece molestar no es la tasa positiva en sí, sino el fin de aquella comodidad en la que se ganaba sin hacer del todo el trabajo bancario.

Ahora bien: esto no significa abandonar a los deudores a su suerte. Hay personas de buena fe que quedaron atrapadas en deudas impagables. Hay hogares que necesitan una salida ordenada. Hay situaciones sociales que merecen atención. Pero esa salida no puede consistir en transferirle el costo al conjunto de la sociedad para que los bancos cobren completo.

Antes de pedir un salvataje, las entidades tienen una tarea elemental: sentarse con sus deudores y renegociar. Hacer quitas, extender plazos, bajar tasas, ordenar pagos posibles. En definitiva, trabajar de bancos.

Para una entidad financiera, un cliente incobrable también es un problema. En algún momento, esa deuda tiene que ir a pérdida. Entonces, antes de pedir que el Estado intervenga para preservar balances, corresponde asumir que una parte de esa deuda es irreal. Que esa bola de nieve no se puede cobrar entera. Que hay intereses que ya no representan una obligación razonable, sino una ficción contable.

El Banco Nación intentó ofrecer una vía de refinanciación, con plazos más largos y tasas más bajas. Pero incluso esa herramienta choca con el problema de fondo: si la deuda original se multiplicó de manera absurda, refinanciar puede aliviar el flujo mensual, pero no corrige la desproporción inicial. Si alguien debía 100 y ahora figura que debe 2.000, el problema no es sólo cómo pagar. El problema es cómo se llegó a esos 2.000.

Y ahí la responsabilidad no puede quedar de un solo lado.

La Argentina ya conoce demasiado bien esta historia. Privatización de ganancias, socialización de pérdidas. Cuando el negocio sale bien, la rentabilidad queda en manos privadas. Cuando el negocio sale mal, aparece el pedido de auxilio público. Y al final terminan pagando los mismos: contribuyentes, asalariados, ahorristas, jubilados, consumidores.

No se trata de castigar a los bancos. Se trata de recordarles cuál es su función. Prestar implica riesgo. Evaluar mal tiene costo. Y cobrar tasas disparatadas también tiene consecuencias.

La mora es un problema real, pero no puede convertirse en la excusa para repetir el viejo reflejo argentino de tapar desórdenes privados con recursos públicos. Los deudores necesitan una salida. Pero los bancos también tienen que poner algo sobre la mesa.

No hay un solo responsable. Hubo personas que se endeudaron de más, sí. Hubo un cambio económico brusco, también. Pero hubo entidades que prestaron mal, evaluaron peor y ahora hablan como si la olla se hubiera caído sola.

No se cayó sola. También la voltearon ellos.

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