Ley de Equidad Jubilatoria: la oposición asegura que no restituye el 82% móvil
La legisladora radical y abogada previsionalista afirmó en Cadena 3 que el Gobierno de Córdoba “engaña a los jubilados” con bonos no contributivos y alertó sobre mayores aportes, posibles confiscaciones y futuras judicializaciones.
22/12/2025 | 08:34Redacción Cadena 3
FOTO: La Legislatura de Córdoba aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria. (X)
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Radioinforme 3
La legisladora de la UCR y abogada previsionalista Alejandra Ferrero cuestionó con dureza los cambios introducidos por la Ley de Equidad Jubilatoria en Córdoba y sostuvo que la norma “no recupera el 82% móvil originario”, sino que lo reemplaza por “bonos no contributivos que no generan derechos adquiridos”. Lo dijo en diálogo con Cadena 3, donde puso el foco en el impacto real sobre jubilaciones y pensiones.
Según Ferrero, el proyecto tomó una iniciativa impulsada por jubilados —respaldada por 38 mil firmas— que buscaba restituir el 82% móvil, pero fue modificado por el Ejecutivo. “El 82% que prometen no es sobre la torta entera. A esa torta le sacaron siete porciones con el paso de los años”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el haber previsional fue “bastardeado y confiscado durante muchos años” y que ahora se propone un esquema “difuso y ambiguo”.
La legisladora advirtió que el mecanismo central será el pago de “sumas no remunerativas”, lo que, a su entender, desnaturaliza un sistema previsional de reparto contributivo. “Es un bono en negro, no genera derechos patrimoniales, no se traslada a herederos y no recompone el 82% originario”, explicó.
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Ferrero también cuestionó el impacto sobre los trabajadores activos. Señaló que la ley eleva el aporte personal hasta el 8%, lo que “va a provocar una reducción en las jubilaciones futuras”. Además, apuntó contra el artículo 58, que —según indicó— consolida confiscaciones sobre quienes perciben dos ingresos y agrava la situación al no establecer topes. “Declaran la emergencia previsional por cinco años, prorrogables por cinco más, y aumentan la presión sobre trabajadores y jubilados”, sostuvo.
En cuanto al debate legislativo, afirmó que el tratamiento fue “a los atropellos”. Dijo que hubo escaso tiempo de discusión en comisión, sin posibilidad de incorporar aportes técnicos ni de especialistas. “Llegaron en diciembre, el día anterior, y no hubo participación real de los involucrados”, aseguró.
Respecto de la sustentabilidad del sistema, Ferrero consideró que la ley “es un parche”. Reclamó una discusión de fondo sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones y el gasto público provincial. “¿Quiénes hacen el esfuerzo además de trabajadores y jubilados? El Gobierno no acompaña con una reducción del gasto, que es exorbitante”, afirmó. También recordó decisiones de gestiones anteriores que, a su juicio, incrementaron el déficit y llevaron a la situación actual.
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Consultada sobre una posible judicialización, la legisladora señaló que varias disposiciones ya están en tribunales y que la nueva ley podría seguir el mismo camino. “No se atacó la enfermedad, se siguieron tratando los síntomas. Esto puede ser pasible de judicialización”, dijo, y advirtió que, con los cambios, el haber efectivo podría ubicarse “cerca del 60%”.
Finalmente, Ferrero expresó su preocupación por la independencia judicial ante eventuales reclamos. Señaló que le inquieta “la colonización de la Justicia” y reclamó un Poder Judicial “verdaderamente independiente” frente a los conflictos previsionales que podrían derivarse de la nueva normativa.
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