Un juez declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
Se trata del magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°11. Hizo lugar a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El Ejecutivo puede apelar el fallo.
29/12/2025 | 18:36Redacción Cadena 3
FOTO: Para el magistrado, el protocolo pone en jaque el derecho a la protesta social.
El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró este lunes la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes”, que puso en práctica la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.
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Fernando Soto afirmó a Cadena 3 que “no es la primera vez” que el juez Martín Cormick dicta una sentencia desfavorable para el Ejecutivo. “Varios magistrados ya rechazaron la inconstitucionalidad”, remarcó.
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En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de derechos humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales, como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
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Esos puntos de la iniciativa no serán tratados en la sesión de este lunes. El proyecto incluye, entre otros puntos, más controles a cuidacoches y la prohibición de limpiavidrios en esquinas.
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El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretada como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez, según pudo apreciar Noticias Argentinas.
La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquetes habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.
En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuanto a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.
Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.
De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.
La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario.
Lectura rápida
¿Qué declaró el juez Cormick? La nulidad del “protocolo antipiquetes” implementado por Patricia Bullrich.
¿Quién presentó la acción de amparo? El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
¿Cuándo se declaró la nulidad? Este lunes.
¿Dónde se llevó a cabo este fallo? En el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11.
¿Por qué se considera nulo el protocolo? Porque vulnera derechos constitucionales como la libertad de reunión y expresión.
