Diputados sancionó el pago a los últimos fondos buitre y debate el "Súper RIGI"

1. Audio. Diputados debate el Súper RIGI y el pago a los acreedores del default de 2001

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El oficialismo logró aprobar y convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda del 2001.

Con 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa recibió media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, el último día del plazo acordado con los fondos buitre.

Las claves del acuerdo

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

El entendimiento con los fondos buitre adopta como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.

En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.

Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

La aprobación en el Congreso nacional permite dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

Súper RIGI

La Cámara de Diputados discute este miércoles a la noche el proyecto de creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como "Súper RIGI".

La iniciativa apunta a promover el desembarco de proyectos tecnológicos y productivos de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

El oficialismo la presenta como una herramienta para atraer inversiones en sectores considerados estratégicos y de frontera tecnológica, es decir, actividades que aún no existen en el país o que se encuentran en etapas experimentales.

El debate se desarrolla apenas un día después del fracaso de la sesión especial promovida por bloques opositores para tratar pedidos de interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esa convocatoria no consiguió reunir el quórum necesario para abrir la discusión en el recinto.

El proyecto del "Súper RIGI" obtuvo la semana pasada dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología. Reunió 61 firmas, con acompañamiento de legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal.

A diferencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado en la Ley Bases, el nuevo esquema eleva de manera significativa los requisitos de ingreso. Mientras el RIGI vigente exige inversiones mínimas de 200 millones de dólares, el Súper RIGI fija un piso de 1.000 millones de dólares para acceder a los beneficios.

El texto también establece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años para los proyectos aprobados. Además, amplía el plazo de adhesión: el régimen tendría una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otro período adicional.

El esquema es más restrictivo que el RIGI vigente. Deja afuera los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, así como también las iniciativas ya existentes que busquen ampliar operaciones. El objetivo declarado es concentrar los incentivos en industrias nuevas y altamente innovadoras.

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Entre los beneficios previstos se incluye una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y un sistema de amortización acelerada de inversiones. Ese mecanismo permitiría deducir el 60% durante el primer año y un 20% adicional en cada uno de los dos años siguientes.

El proyecto contempla, además, la emisión de certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, una alícuota única del 10% para contribuciones patronales y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.

En materia tributaria, los dividendos distribuidos por las empresas adheridas estarían alcanzados por una tasa del 7%, que se reduciría al 3,5% después de cuatro años de permanencia dentro del régimen.

La iniciativa incorpora exenciones de derechos de importación, elimina derechos de exportación para las actividades alcanzadas y suprime restricciones y cupos vinculados al comercio exterior.

Otro punto clave es el acceso a las divisas generadas por exportaciones. El régimen prevé una liberación progresiva hasta alcanzar, a los tres años de adhesión, la libre disponibilidad del 100% de los dólares obtenidos por ventas al exterior.

Informes de Ariel Rodríguez y Mauricio Conti.

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