De Martín y Jésica, a Manuel: el largo camino de la autoprotección de la casta

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Por Sergio Suppo

Los bolsos de José López volvieron al imaginario colectivo argentino. Esta vez no aparecieron en un convento ni fueron arrojados en la madrugada. Volvieron bajo otra forma: en los cajones, en las cajas y en el vestidor atribuido a Martín Insaurralde, filmado por quien entonces era su esposa, Jesica Cirio.

La imagen es brutal. No sólo por los dólares. No sólo por el volumen obsceno del dinero. Es brutal porque vuelve a poner delante de los ojos de todos una escena conocida: la plata escondida, el poder impune, el dinero que aparece donde no debería estar y la sospecha inevitable de todo aquello que, como país, nos falta.

Porque cuando la Argentina mira esos cajones no ve únicamente fajos de dólares. Ve hospitales que no alcanzan, escuelas deterioradas, rutas rotas, jubilaciones insuficientes, sueldos que no llegan, impuestos que pesan y una dirigencia que, demasiadas veces, parece vivir en un país paralelo.

¿Cómo es que Martín Insaurralde todavía está tan lejos de un juicio? ¿Cómo es que Jesica Cirio, que aparece vinculada a ese universo patrimonial bajo investigación, no recibió todavía una respuesta judicial más contundente? ¿Cómo puede ser que causas de semejante gravedad avancen a paso tan lento?

La Justicia argentina es lenta cuando quiere. Y, cuando quiere, también puede ser rápida. Esa discrecionalidad es una de las razones por las que la sociedad dejó de creer. No se trata sólo de los expedientes. Se trata de la sensación de que el sistema corre distinto según el apellido, el poder político, el momento y la conveniencia.

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El caso Insaurralde es, por supuesto, una postal del kirchnerismo. Pero sería un error creer que el problema termina ahí. Porque la corrupción no se mide sólo por el monto. Si alguien roba un peso o un millón, el acto moral es el mismo. El daño económico será distinto, claro. Pero la ruptura ética es idéntica.

Y ahí aparece el otro punto: el presidente Javier Milei está perdiendo una oportunidad extraordinaria con la defensa de Manuel Adorni.

Milei llegó al poder prometiendo ser distinto. Prometió terminar con la casta. Prometió que el ajuste lo pagaría la política. Prometió una vara moral más alta. Y por eso el costo político de proteger a un funcionario bajo sospecha es mucho mayor para él que para cualquier otro presidente.

El contraste podría haber sido demoledor. Milei podría haber mostrado que, a diferencia del kirchnerismo, no tolera sombras sobre sus funcionarios. Que quien no puede explicar su patrimonio debe dar un paso al costado. Que el esfuerzo que se le pide a la sociedad también se le exige al poder. Que no hay motosierra para los jubilados y blindaje para los propios.

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Pero no. En lugar de eso, el Presidente sostiene a Adorni.

Es cierto: en las últimas horas comenzó a quitarle funciones. Designó un nuevo vocero y un nuevo secretario de Prensa. Le recortó parte del manejo comunicacional. Pero Adorni sigue siendo jefe de Gabinete. Sigue ahí, sostenido por la decisión política del Presidente.

Peor todavía: el oficialismo logró un acuerdo con sectores del PRO y de la UCR para demorar el avance de una sesión en el Congreso en la que se buscaba tratar su interpelación. Es decir, la protección ya no aparece únicamente como una decisión de Milei. Empieza a parecerse a un pacto más amplio de supervivencia de la política.

¿La casta era el otro o era un método? ¿El problema era la corrupción ajena o la incomodidad de que investiguen a los propios?

Porque si el kirchnerismo protegió durante años a los suyos, y ahora el oficialismo libertario protege a los suyos, la conclusión para la sociedad es devastadora: cambian los discursos, cambian los colores, cambian los slogans, pero la lógica de defensa corporativa permanece.

Eso es lo que vuelve tan grave este momento.

La Argentina viene de años de desorden, inflación, privilegios y deterioro institucional. Es cierto que hacen falta esfuerzos. Es cierto que ordenar la economía cuesta. Es cierto que el país necesita responsabilidad fiscal. Pero ese sacrificio social sólo puede sostenerse si va acompañado de una conducta política ejemplar.

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No se puede pedir paciencia abajo mientras se protege arriba. No se puede exigir ajuste a los ciudadanos y tolerancia a los funcionarios. No se puede construir una épica contra la corrupción si, ante el primer problema serio, la respuesta es cerrar filas.

Los cajones de Insaurralde y los bolsos de López son símbolos de una Argentina que se resiste a morir. Pero el caso Adorni puede convertirse en otra cosa: en la prueba de si el Gobierno que prometió venir a terminar con esa lógica está dispuesto, realmente, a romperla.

Por ahora, los hechos no ofrecen una respuesta tranquilizadora. Y eso es lo más preocupante: que, frente a las cajas, los cajones, los dólares y las sospechas, buena parte de la política argentina parezca ponerse de acuerdo no para esclarecer, sino para proteger.

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