La investigación por el espanto en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba se encuentra encerrada en una paradoja: la imputación de la fiscalía contra la enfermera Brenda Agüero coincide con buena parte del sumario interno que la Provincia ejecutó durante meses, a espaldas de la Justicia.
El dato es mucho más que una anécdota. Sucede que altos funcionarios del Ministerio de Salud han quedado en el centro de las sospechas por haber encubierto una seguidilla de muertes de bebés recién nacidos que hasta ahora nadie puede explicar de manera lógica.
Vale aquí hacer un breve repaso:
1. Entre marzo y junio, murieron al menos cinco bebés y otros ocho sufrieron lesiones graves. Se sospecha que alguien les inoculó una sustancia que nunca se les debió inyectar.
2. Pero sólo hay (y habrá) dos autopsias en todas esta historia: en una, se detectó exceso de potasio, lo que da la pauta de que se le inoculó de manera intencional; la otra no pudo precisar con certeza si se estaba ante la misma sustancia.
3. Sin embargo, la Provincia jamás denunció esta seguidilla de muertes. El 6 de junio, tras dos muertes y otros dos bebés intoxicados, una médica y un policía de guardia denunciaron en la unidad judicial ambos decesos y solicitaron las autopsias de rigor. Nada más. A principios de julio, una persona cuya identidad la Justicia aún no divulgó, fue a Tribunales 2 y denunció que al interior del Neonatal se venían registrando una serie de muertes "más que dudosas". La causa fue sorteada, recayó en el fiscal Raúl Garzón, quien al interpelar al Ministerio de Salud, el 7 de julio, se enteró que la Provincia ya estaba al tanto de semejante situación pero jamás había denunciado nada.
4. Fue entonces que el Ministerio de Salud le acercó a la fiscalía un sumario administrativo interno en que planteaban las diferentes hipótesis en torno a estas muertes y se apuntaba, sobre todo, a la enfermera Brenda Agüero, como la autora intencional de estos casos.
5. Recién el 11 de agosto, toda esta trama comenzó a salir a la luz. De manera coincidente, los primeros dichos del fiscal Garzón eran un espejo de aquel sumario administrativo. En una conferencia de prensa realizada esa tarde, negó responsabilidad institucional. Pero con el pasar de los días, si bien continuó enfocado en la enfermera Agüero, tal como el Ministerio lo había propuesto, el fiscal también comenzó a revelar una serie de anomalías más que gruesas en el aparato de Salud.
6. El viernes 18 de agosto, Garzón ordenó imputar y detener a la enfermera Agüero, a la que acusó por las muertes intencionales de los dos bebés cuyas autopsias son las únicas que se tienen. Ese mismo día imputó por la omisión de los deberes de funcionarios públicos, pero no detuvo, a la ahora exdirectora del Neonatal, Liliana Asís, a la exjefa del Servicio de Neonatología, Marta Gómez Flores, y a Adriana Morales, a cargo del Departamento de Neonatología.
7. Aunque todavía no declararon, las tres médicas imputadas ya advirtieron que ellas habían avisado a sus superiores de lo que estaba sucediendo. Esta cadena de responsabilidades ha dejado en una delicada situación al abogado Alejandro Escudero Salama (fue nombrado como vicedirector del Neonatal, para llevar adelante la investigación interna que se hizo a espaldas de la Justicia) y al ahora exministro de Salud, Diego Cardozo, que fue obligado a renunciar ante la certeza que existe en el Panal de que terminará con los dedos manchados.
8. Hace 10 días, el fiscal Garzón denunció por "encubrimiento" (una figura penal severa) a su colega Guillermo González, a Escudero Salama y al director de la Morgue Judical, David Dib, ya que este último declaró que el 16 de mayo los tres se habían reunido porque el funcionario de Salud les quería contar sobre la preocupación que existía en el Neonatal por estos casos sospechosos. Las muertes continuaron y nadie denunció nada.
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9. Por eso, que aquel sumario administrativo que encabezó Escudero Salama (y que guió todas las miradas hacia la enfermera Agüero) hoy sea repetido como la principal prueba judicial hace que en torno a la investigación penal sobrevuelen varias suspicacias.
"El Ministerio se demoró tanto tiempo porque querían darle a la Justicia y a la Policía lo que ellos querían que se investigara, direccionar todo para un solo lado", asegura ahora una fuente judicial que sigue muy de cerca toda esta historia.
¿Puede ser prueba un expediente administrativo elaborado justamente por aquellos que han quedado también en el centro de todas las sospechas?
Tras escuchar el miércoles pasado por primera vez a Agüero, el fiscal Garzón ordenó una serie de medidas. Médicos y enfermeras fueron convocados a declarar de nuevo. A todos se les preguntó en detalle por la imputada.
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Los investigadores policiales no trabajan en conjunto. El fiscal ha decidido dividirlos y que cada uno se ocupe de cuestiones puntuales. Sólo Garzón y un reducido grupo de colaboradores son los que tienen todo el rompecabezas completo.
Agüero denunció un dato más que sensible: robo de medicamentos y un descontrol en la Farmacia del hospital que asombra. También se abrió una línea en esta dirección.
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A la defensa de la enfermera también le llamó mucho la atención que luego de que la joven declarara y contara "su" verdad ante el fiscal, se divulgara lo que se creía "secreto": cuáles son los indicios que la Justicia valora por ahora para imputarla.
"Estamos ante una grave minusvalía de la defensa. Hay secreto de sumario y no podemos saber con qué elementos se la acusa, pero nos enteramos por los medios cuáles serían estos elementos. Es muy grave que se filtren de este modo", fustigó el abogado Luis Pareja.
"Hay un clima de sospecha sobre la objetividad del proceso que nos preocupa mucho. A nuestra clienta la están estigmatizando sin que nos den la posibilidad de ver ni una prueba", insistió.
Y apuntó contra Escudero Salama: "Fue desplazado y denunciado. Pero resulta que a su investigación la siguen repitiendo como si fuera la más acertada".
La necesidad de que la Justicia tenga su propia investigación, lejos de aquel expediente administrativo, hoy asoma crucial para el avance de este caso.
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Si bien son trascendidos, sin confirmaciones oficiales, las pistas que hasta ahora se conocen en contra de Agüero desnudan una orfandad de pruebas que ratifican que el tiempo perdido por la Provincia al demorar tanto cualquier denuncia ha terminado por ser letal para conocer la verdad detrás de tanto espanto.
Un dato revela que Agüero trabajó justo en todas las jornadas en las que se registraron estas cinco muerte y los otros ocho episodios con lesiones.
Aquí conviene hacer dos salvedades: se trata de un universo de casos sospechosos construido por la Provincia en el sumario interno (el abogado Martín Carranza Torres ya solicitó que se incorpore un caso de septiembre de 2021); Agüero no es la única empleada que coincide en esta trama, ya que serian entre cinco y siete los que también estuvieron en el hospital en esas mismas jornadas.
En algunos casos, Agüero habría sido la primera en avisar que el bebé se descompensaba. Esto podría llevar a elaborar una hipótesis de que buscaba aparecer como una heroína. Pero no hay otro dato que hasta ahora pueda sustentar semejante afirmación, más cuando en toda esta historia lo que menos aparece es alguien que haya asumido alguna actitud heroica.
No hay aún ningún registro fílmico que la comprometa ni tampoco algún testigo que la haya visto con una jeringa o manipulando alguna sustancia que no correspondiera.
Tampoco existe un mismo patrón criminal en todos los casos y hasta se sospecha que no se utilizó la misma sustancia.
A esta altura de la investigación, pocos indicios sí pueden acumularse para una imputación y hasta para una prisión preventiva. Pero el manual judicial indica que no alcanzan para llevar a alguien a juicio y mucho menos para una eventual condena, ya que la carga de la prueba termina por darse vuelta con una máxima: cualquier duda favorece al imputado. Y por lo que ha trascendido hasta ahora, lo que sobran en este caso son las dudas.
