Citan a juicio a los 15 acusados por estafas con débitos inmediatos en Córdoba
La Justicia confirmó la elevación a juicio contra un grupo acusado de organizar estafas telefónicas mediante "DEBÍN". Parte de las maniobras habrían sido dirigidas desde la cárcel de Bouwer.
17/11/2025 | 15:13Redacción Cadena 3
FOTO: Son 15 los acusados por las estafas con débitos inmediatos en Córdoba.
El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Subrogante contra 15 personas imputadas por presuntas estafas telefónicas realizadas a través de débitos inmediatos (DEBIN). En la misma resolución, el tribunal sobreseyó a un acusado por "duda insuperable".
En una decisión previa, adoptada en audiencia pública, el juez Gustavo Hidalgo concedió la suspensión del proceso a prueba por un año a otros cinco imputados, quienes ofrecieron resarcir económicamente a las víctimas y cumplir obligaciones adicionales, como trabajos comunitarios y la sujeción al control judicial.
De acuerdo con la acusación, los imputados actuaron de manera coordinada para concretar múltiples estafas que afectaron principalmente a comerciantes del rubro de la construcción.
Según la investigación, mientras algunos integrantes del grupo obtenían datos personales y bancarios mediante distintos métodos, otros recopilaban la información y la remitían a coimputados alojados en la cárcel de Bouwer. Desde el establecimiento penitenciario, estos realizaban llamadas con identidades falsas para simular interés en la compra de materiales.
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Una vez establecido el contacto, los acusados acordaban supuestas operaciones comerciales y enviaban comprobantes de transferencias falsificados por WhatsApp, haciéndoles creer a las víctimas que había un error en la acreditación del pago.
Luego las guiaban para “solucionar” el inconveniente y las inducían a autorizar desde su home banking solicitudes DEBIN, lo que generaba débitos inmediatos a favor de cuentas vinculadas al grupo.
Las transferencias eran luego distribuidas entre distintas cuentas para dificultar su rastreo. El perjuicio económico causado asciende, según la acusación, a unos 4.086.900 pesos.
El juez Hidalgo rechazó los planteos de las defensas, que sostenían la falta de pruebas sobre la participación de sus representados. El magistrado señaló que existen múltiples indicios que, considerados en conjunto, respaldan la acusación fiscal y justifican que los imputados enfrenten un proceso oral para determinar su responsabilidad.
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