Causa Cuadernos: los empresarios imputados no podrán pagar para evitar el juicio
El Tribunal Oral Federal 7 evaluó los pedidos de casi 50 acusados. La fiscal Fabiana León se opuso a que paguen para evitar el juicio que comenzará el 6 de noviembre.
12/09/2025 | 15:52Redacción Cadena 3
El Tribunal Oral Federal 7 llevó a cabo una audiencia virtual en la que evaluó los pedidos de casi 50 imputados en la causa Cuadernos, quienes buscaron un acuerdo económico para evitar ir a juicio, previsto para el próximo 6 de noviembre.
La fiscal general Fabiana León planteó ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli la necesidad de un espacio para que los defensores de los empresarios y exfuncionarios expusieran sus argumentos. Durante la audiencia, León rechazó el pedido de los empresarios de pagar para evitar el juicio.
León afirmó: "Esta fiscalía no vende impunidad, señores jueces", al solicitar que el tribunal desestimara el ofrecimiento económico realizado por 38 empresarios. Algunos de ellos ofrecieron más de 800 millones de pesos con el objetivo de evitar tanto el juicio como la exposición pública. Juan Abal Medina, exjefe de Gabinete kirchnerista, propuso 60 millones de pesos para no ir a juicio. En una audiencia previa, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, también solicitó rechazar estos ofrecimientos.
El chofer Oscar Centeno, quien había llevado registros sobre los viajes que realizaban funcionarios para retirar sobornos pagados por empresarios, también se expresó en contra del acuerdo. El tribunal deberá tomar una decisión final en la próxima audiencia programada para el martes. Se estima que el proceso judicial podría extenderse entre 10 y 20 años, según informaron a TN fuentes cercanas al caso.
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El juicio contra Cristina Kirchner, identificada como la "cabeza de una asociación ilícita", comenzará el 6 de noviembre. La causa cuenta con 174 procesados, 30 de ellos en calidad de arrepentidos, y presenta 26 calificaciones legales distintas según el rol desempeñado por cada uno. Además, se investigan un total de 540 hechos relacionados con esta causa.
Las defensas argumentaron que un juicio con tal cantidad de acusados, que prevé audiencias semanales y más de 600 testigos, podría prolongarse durante años e incluir etapas de apelaciones y revisiones finales por parte de la Corte Suprema. En este contexto, solicitaron la opinión tanto de la UIF como del Ministerio Público Fiscal.
Entre los empresarios que se presentaron se encontraban Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Roberto Orazi, Enrique Pescarmona y Rubén Valente. Según trascendió, Taselli ofreció 10 mil dólares y Pescarmona propuso 500 millones de pesos. Por su parte, Clarens, financista vinculado a los Kirchner, ofreció un barco y un departamento en Estados Unidos por un valor equivalente a 1.5 millones de dólares.
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La reparación del daño es una figura prevista en el Código Penal que permite extinguir la acción penal una vez que se abona un monto equivalente al daño generado por el delito, evitando así el juicio. A diferencia del juicio abreviado, donde el imputado admite los cargos y acuerda una pena con la fiscalía, la reparación no exige reconocimiento de culpabilidad. Si los jueces aceptan las propuestas económicas presentadas por los empresarios, estos quedarían sobreseídos.
Durante la sesión de este viernes, el TOF 7 escuchó a los empresarios para que ampliaran sus posturas antes de que interviniera nuevamente la fiscal León. El tribunal tomará una decisión final en la próxima audiencia programada para el martes.
La investigación se originó a partir de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer del funcionario Roberto Baratta del ministerio de Planificación durante el gobierno kirchnerista. Centeno registraba los viajes realizados por funcionarios presuntamente destinados a retirar sobornos pagados por empresarios. La causa se formó mediante la fusión de varios expedientes; algunos preexistentes y otros abiertos tras las confesiones realizadas por algunos acusados.
En la instrucción se determinó que participaron 16 personas realizando operaciones por un total aproximado de 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se adquirieron numerosos bienes inmuebles; algunos quedaron bajo control del Estado. El listado incluye casas, estancias y departamentos ubicados en diversas provincias argentinas así como en Miami y también en el Caribe.
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