Discapacidad: Lonigro criticó la suspensión de la ley, pese a su promulgación

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El abogado constitucionalista Félix Lonigro expresó su desconcierto ante la situación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y posteriormente promulgada, pero con su aplicación suspendida.

Lonigro reconoció inicialmente un punto a favor del Gobierno: "Es cierto que existe una ley de hace 33 años, la Ley de Administración Financiera, que establece que cuando el Congreso sanciona una ley que genera utilización de recursos, necesita esclarecer en la misma ley qué tipo de recursos deben utilizarse para que se pueda aplicar". 

Según el experto, la Ley de Emergencia en Discapacidad, al no contemplar una fuente de financiamiento clara, incumple este requisito. Sin embargo, aclaró que esta práctica fue habitual en los últimos 33 años, ya que sucesivos congresos aprobaron leyes sin especificar el origen de los fondos.

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No obstante, Lonigro criticó duramente la decisión del Ejecutivo de promulgar la ley pero suspender su ejecución, argumentando que esta acción es ilegal. "El Presidente dice: 'Por este motivo yo promulgo la ley, pero no la ejecuto'. Señor Presidente, lea el artículo 248 del Código Penal, que establece que un funcionario que no ejecuta una ley cuyo cumplimiento es obligatorio comete un delito de abuso de autoridad, con una pena de uno a dos años de prisión", afirmó.

El constitucionalista también señaló que el Ejecutivo podría estar utilizando el argumento del déficit cero de manera "dogmática y fundamentalista" para justificar la suspensión. Además, destacó que el Congreso tiene dificultades para asignar partidas presupuestarias, ya que el Gobierno retiró el proyecto de ley de presupuesto durante su discusión, dejando al legislativo sin un marco actualizado para determinar los recursos.

Lonigro subrayó que la Ley de Emergencia en Discapacidad busca aumentar las prestaciones, lo que no implicaría un gran gasto para el erario público, ya que el Gobierno podría exigir a las obras sociales y empresas de medicina prepaga que cubran estos costos. "El Gobierno debe exigir a las prestadoras, a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga que aumenten las prestaciones", afirmó.

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Por otro lado, el abogado cuestionó al Gobierno por argumentar "falta de recursos para financiar la ley", pero implementa medidas como la reducción temporal de retenciones al sector agropecuario, que calificó de "electoralista". "Es insólito que el mismo gobierno diga que no hay recursos para aumentar las prestaciones a discapacitados, pero sí los haya para bajar a cero las retenciones durante un mes al agro", señaló. 

También sugirió que el Ejecutivo nacional podría redirigir fondos de subsidios a empresas energéticas o de campañas electorales con recursos públicos para financiar la ley. "El gobierno podría decir: 'Dejo de usar recursos públicos para hacer campaña y le pago a los discapacitados'", propuso.

Lonigro concluyó que la suspensión de la ley no solo genera incertidumbre para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, sino que constituye un acto potencialmente delictivo por parte del Ejecutivo, al incumplir con una norma de cumplimiento obligatorio.

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Entrevista de Miguel Clariá.

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