A legislar en Navidad, cueste lo que cueste al sector privado

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Por Adrián Simioni

Hay algo profundamente argentino —y demasiado repetido— en esta costumbre de legislar a las apuradas, siempre al final del calendario, cuando la gente está pensando en la mesa de Nochebuena, en los regalos de último momento o en cerrar como puede un año que suele llegar exhausto. El Congreso, las legislaturas provinciales y los gobiernos parecen compartir ese vicio nacional: dejar lo más sensible para diciembre.

Las decisiones difíciles, impopulares o conflictivas se empujan hacia el cierre del año porque, justamente, es cuando hay menos margen social para reaccionar. La gente está distraída, los sindicatos miden fuerzas, el comercio está jugándose los mejores días del año y la política aprovecha ese contexto para acelerar. Mesa afuera, mesa adentro, y las leyes salen.

Esta semana es un ejemplo casi de manual. En Diputados, el Presupuesto Nacional avanza hacia su media sanción. No es un trámite más: define la política económica de 2026 y, si prospera, confirma algo políticamente relevante para Javier Milei: logró articular una mayoría con gobernadores y consolidar un poder parlamentario que hasta ahora le había sido esquivo. En paralelo, el Senado empieza a tratar en comisión la reforma laboral, con la intención explícita de votarla rápido, casi en combo con el presupuesto. Todo junto, todo antes de Navidad.

La reacción social no tarda en aparecer. En Buenos Aires, este escenario desemboca en una jornada de protesta con la CGT, las CTA, ATE y organizaciones piqueteras. Diciembre venía relativamente tranquilo, pero estas decisiones concentradas en pocos días tensan inevitablemente la calle. Es una escena conocida.

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En las provincias, la lógica se replica. Mendoza debatió una delicada reforma para habilitar la actividad minera. Tierra del Fuego avanzó con la ley de acuicultura. Y Córdoba vive hoy su propio diciembre caliente: la Legislatura trata el presupuesto enviado por Martín Llaryora, que habilita subas de hasta seis puntos en los aportes de los empleados activos a la Caja de Jubilaciones y al Apross. En los hechos, una reducción directa del salario de bolsillo. A eso se suma el fantasma de un posible tope a las jubilaciones provinciales en las próximas semanas.

Para el Gobierno provincial, el objetivo es claro: cerrar números, estabilizar las cuentas, mostrar orden fiscal. El problema es quién paga el costo inmediato. Hoy el centro de Córdoba es un caos. Calles cortadas, tránsito paralizado, comerciantes desesperados. No es un detalle menor: son los mejores días del año para vender. Los días en los que se paga el alquiler, se cubren impuestos, se sostienen sueldos y se intenta salvar el balance anual. Y otra vez, como casi todos los diciembres, ese costo lo absorbe el mismo sector.

¿Esto no se puede organizar de otra manera? Técnicamente, sí. En Córdoba, las sesiones ordinarias vencen el 30 de diciembre, pero podrían prorrogarse o trasladar los debates a sesiones extraordinarias en enero. A nivel nacional es más complejo, porque los períodos están fijados por la Constitución, pero incluso ahí existen márgenes legales para repensar el calendario. Las normas se escribieron en otro país, en otra época, sin Black Friday, sin fiestas convertidas en motor central del consumo y sin esta concentración brutal de actividad económica en diciembre.

Cambiar esta lógica no resolvería todos los conflictos, pero sí distribuiría mejor los costos. Evitaría que, año tras año, los mismos de siempre —comerciantes, trabajadores independientes, pequeñas y medianas empresas— paguen el precio de la urgencia política. No parece una discusión imposible. Solo requiere algo que muchas veces falta más que los votos: voluntad de cambiar una costumbre que, por repetida, ya se volvió injusta.

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