Desbarataron una red de trata de menores en Salta: al menos cuatro detenidos

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Una investigación de la Fiscalía de Distrito desmanteló una red que captaba menores de un colegio secundario para explotarlas sexualmente en la provincia de Salta. Los acusados pagaban entre 60 y 200 mil pesos por prácticas sexuales, con tarifas más altas para adolescentes vírgenes.

La Justicia Federal imputó a cinco personas, entre ellas un remisero, un menor de 16 años y tres clientes, por el delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual de menores. La investigación, liderada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, reveló una red que operaba en torno a un colegio secundario de la zona sur de la ciudad, captando alumnas para ofrecerlas en servicios sexuales.

El juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, formalizó el jueves pasado las imputaciones contra los acusados, cuatro de ellos como coautores y el menor como partícipe necesario. El delito fue calificado con agravantes por la vulnerabilidad y minoridad de las víctimas, la participación de más de tres personas y la consumación de la explotación. Las víctimas identificadas hasta el momento son tres alumnas de cuarto año del colegio, todas de 16 años.

El fiscal Villalba calificó el caso como “de una gravedad inusitada” debido a la complejidad y el daño causado a las menores. Según la investigación, el remisero, quien conducía un Volkswagen Voyage blanco, desempeñaba un rol central en la captación. Aprovechando la confianza que generaba como chofer, contactaba a las menores y las ofrecía a los clientes imputados, quienes pagaban sumas que oscilaban entre 60 mil pesos por un beso, 80 mil por sexo oral y hasta 200 mil pesos por penetración en el caso de adolescentes vírgenes.

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Los encuentros se organizaban en dos motel ubicados en la ruta 26 o en la casa de uno de los clientes, donde se hallaron aceite de cannabis y marihuana durante un allanamiento.

El menor imputado, alumno del mismo colegio y amigo cercano de las víctimas, facilitaba información sobre ellas, incluyendo quiénes eran vírgenes, a cambio de dinero. El remisero, además, utilizaba un código en los mensajes con las menores, refiriéndose a los encuentros sexuales como “hacer la onda”. Los servicios se pactaban en un tiempo límite de 18 minutos, generalmente al final del horario escolar, y eran monitoreados por el conductor, quien exigía a las víctimas grabarse en poses sugestivas para promover las ofertas.

La investigación también reveló que el remisero manipulaba psicológicamente a las menores, amenazándolas con informar a sus padres sobre sus actividades. En algunos casos, las víctimas percibían al acusado como alguien que les permitía acceder a bienes como celulares de alta gama o ropa. Sin embargo, la fiscalía acreditó que las menores estaban “sometidas a la voluntad” del remisero, quien ejercía control mediante amenazas.

El caso comenzó con una denuncia presentada el 26 de junio de 2024 por la madre de una de las víctimas, quien descubrió mensajes sexuales en el celular de su hija, incluyendo uno del remisero que mencionaba a su otra hija de 12 años. Aunque la justicia provincial abrió una causa, esta fue desestimada. En 2025, la Fiscalía de Distrito retomó el caso con apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), liderada por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

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Entre los hechos más graves, se destacó un episodio en el que el remisero intentó captar a una menor de 12 años, hermana de una de las víctimas, y abusó de ella al manosearla en su vehículo. También se relató un intento de captación en una parada de colectivo, donde una menor, atemorizada, rechazó subir al auto del remisero y sufrió un episodio de pánico que la llevó a orinarse. Las alumnas del colegio ya reconocían el vehículo blanco del acusado y sentían temor al verlo.

Durante los allanamientos, se incautaron juguetes sexuales, pastillas de estimulación sexual y otros elementos en la vivienda del remisero. La fiscalía solicitó la prisión preventiva para los cuatro adultos imputados, argumentando la gravedad del delito, que prevé penas de 10 a 15 años, y los riesgos de fuga y entorpecimiento. También se pidió autorización para peritar teléfonos y levantar el secreto bancario y bursátil de los acusados. El menor, por su condición, no enfrenta prisión preventiva.

Dos de los clientes declararon, negando conocer la minoridad de las víctimas y afirmando que solo pagaron por sexo. Sin embargo, el juez Bavio respaldó las imputaciones y ordenó las medidas solicitadas por la fiscalía, que contó con el apoyo del Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien resaltó el estado de temor de las menores.

Villalba señaló que existen más víctimas que aún no han declarado y que el caso, por su complejidad, requiere pericias adicionales. “Hay derechos humanos en estado puro comprometidos, incluso la dignidad de los niños”, afirmó, destacando la obligación del Estado de combatir la trata de personas.

Informe de Elisa Zamora.

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