Protestas en el sur de Ecuador por suspensión de minería que afecta miles de empleos

QUITO — La plaza y calles aledañas de una pequeña localidad minera en el sur de Ecuador se vieron abarrotadas el miércoles por cientos de trabajadores y residentes que se manifestaron contra la suspensión de las actividades mineras decretada por el gobierno, argumentando un grave impacto ambiental.

La paralización indefinida de las operaciones mineras en las provincias de Napo, en la Amazonía, y El Oro y Loja, en la región sur que limita con Perú, fue anunciada el lunes por el Ministerio de Ambiente debido a los altos niveles de contaminación en tres ríos y ecosistemas a causa de la minería ilegal.

Cientos de trabajadores y pobladores de al menos tres pequeñas ciudades mineras de la provincia de El Oro se reunieron en Portovelo, a 400 kilómetros al sur de la capital, vistiendo prendas blancas y portando carteles en defensa de la actividad productiva.

"Son miles de perjudicados, están arrojando a nuestra gente al desempleo", manifestó la alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar, ante los asistentes, asegurando que más del 80% de la población depende directa e indirectamente de esta actividad.

Por su parte, Danilo Castillo, representante de una concesión minera, criticó que "no se puede cerrar y catalogarnos de ilegales cuando el mismo Estado nos ha entregado la concesión". Exigió que se levante la medida y que no se afecten las operaciones "regularizadas".

Según Castillo, más de 80.000 familias en la provincia de El Oro, que cuenta con más de 700.000 habitantes, dependen de la actividad minera. "Aquí nos encontramos comerciantes, transportistas, el pueblo que dependemos de esta actividad y si se paraliza, miles de familias nos quedamos sin trabajo", declaró Manuel Tapia, propietario de un local de comida.

Pablo López, dirigente minero, indicó que el Estado ha recibido entre junio del año pasado y enero al menos 230 millones de dólares en regalías por esta actividad.

El viceministro de Gobierno, Christian Mora, se comunicó telemáticamente con los dirigentes y ofreció mediar con la autoridad ambiental en busca de una solución, anunciando que visitarán la población la próxima semana.

Organizaciones ambientalistas argumentan que la contaminación generada por la minería ilegal ha ocasionado enfermedades en miles de habitantes de las riberas de los ríos, incluyendo alergias, abortos y malformaciones, y denuncian que las concesiones se otorgan de manera irregular.

La minería ilegal ha crecido en el país andino a pesar de haber sido declarada en 2023 como amenaza para el Estado y está asociada a organizaciones criminales atraídas por los altos precios del oro, lo que ha incrementado la violencia y problemas sociales en las zonas mineras.

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