La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria que coordina el Ministerio de Agricultura y Ganadería, elevó al Poder Ejecutivo la propuesta para declarar zona de Desastre a las superficies afectadas por los incendios ocurridos durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
El documento fue avalado por todos los integrantes de la comisión, a través de una videoconferencia encabezada por los secretarios de Agricultura, Marcos Blanda, de Ganadería, Catalina Boetto y el director de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial, Germán Font.
En este organismo que coordina la Secretaría de Agricultura, participan otras dependencias la cartera de Gobierno, la Bolsa de Cereales, legisladores provinciales, el INTA, SENASA, CARTEZ, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, y otros representantes de entes estatales y privados. Su objetivo, en función de los reportes de daños que recepta, es elevar al Ejecutivo la propuesta final de declaración.
Desde que se conformaron las denominadas Mesas Interinstitucionales locales en las áreas incendiadas, los actores que las integran, son profesionales y dirigentes locales, otras entidades colaboradoras y casas de altos estudios, que también formaron parte del encuentro el día de hoy y aportaron con relevamientos propios algunas situaciones de pérdida en polígonos.
Luego de una intensa tarea de relevamiento, que incluyó informes elaborados por las agencias zonales de la cartera productiva con área de influencia en las zonas afectadas, datos aportados por técnicos de otras dependencias del Ministerio, por Bomberos, imágenes satelitales con un alto grado de definición y documentos aportados por entidades vinculadas a la producción, el órgano elaboró el acta.
El documento incluye 24 polígonos en 11 departamentos: Punilla; San Alberto; Calamuchita; San Javier; Colón; Tulumba; Ischilín; Minas; Río Cuarto; Río Seco y Pocho. Estas superficies ocupan un total aproximado de 35 mil hectáreas.
A los productores que se encuentren dentro de las zonas definidas y que en su Declaración Jurada Individual detallen afectación, se les extenderá como es habitual la constancia de daños. El principal alcance del Desastre Agropecuario es la exención en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural; y una vez que desde Córdoba se presente en la cartera agropecuaria nacional la documentación, se homologará a ese nivel el estado de Desastre, ampliando los beneficios.
El periodo de vigencia para esta propuesta comprende desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre 2023, para los productores que se dedican a la ganadería, agricultura, forestal, frutihortícolas y apícolas. Para quienes no entren en estado de desastre, se les extenderá por la vía correspondiente el certificado de daños para presentar ante quien corresponda.
Como se trata lamentablemente de un fenómeno que puede seguir en curso por la temporada que se atraviesa, se tendrán en cuenta los mecanismos legales y administrativos para la ampliación y determinación de nuevas zonas en caso de resultar afectadas.
Busso con productores afectados
El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso se reunió en la localidad de Ámbul con productores afectados por los incendios ocurridos en las últimas semanas en varios puntos de esa región. El objetivo de estos encuentros territoriales es avanzar en acciones de remediación y prevención.
Junto a miembros de la Mesa Interinstitucional local y el equipo técnico de la cartera agropecuaria, el funcionario analizó el estado de situación que atraviesan los afectados y las asistencias que podrían recibir los productores a través del Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastre provincial. Además, se recolectaron las declaraciones juradas de daños requisito indispensable para que sus establecimientos sean incluidos en el estado de Desastre Agropecuario.
En estos operativos territoriales se trabaja junto a las entidades de productores como es el caso de la Sociedad Rural de Pocho, y otros organismos de la zona para elaborar un listado de los productores perjudicados y constatar en territorio el grado de afectación de sus establecimientos”,
detalló Sergio Busso.
Y agregó: “Estos espacios que se generan en el marco de la convocatoria de la Mesa Interinstitucional del Gobierno de Córdoba, sirven para articular las bajadas al territorio y definir como continuamos en materia de asistencia, emergencia y sobre todo prevención. El cambio climático llegó para quedarse y debemos trabajar todos juntos, de manera articulada para reducirlos”.
Además, Busso anunció que la línea para productores afectados por incendios que ejecuta el Ministerio a través de la Fundación Banco de Córdoba, elevará el monto por beneficiario de $750 mil a $1.5 millón. El plazo de devolución es hasta 36 meses con los primeros 12 meses de gracia.
El funcionario sobrevoló la zona afectada y destacó el trabajo que llevaron adelante durante los incendios la secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil provincial encabezada por Claudio Vignetta, los bomberos, la ETAC y los pilotos del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
