Córdoba enfrenta una jornada de caos en el centro debido a múltiples movilizaciones que afectan tanto a automovilistas como a peatones. Diferentes sindicatos como el SUOEM, el SEP, ATE, entre otros gremios, llevan a cabo protestas, generando cortes totales en las calles, lo que provoca preocupación entre los comerciantes de la zona.
Carlota Grieco, directora general de la Cámara de Comercio, expresó su descontento ante la situación en diálogo con Cadena 3: "Nos afecta directamente a nuestro sector de comercio y servicios. Ya estamos en una situación crítica donde las ventas tienen una caída importante y si le sumamos las marchas, estamos en una situación más crítica ahora".
Grieco destaca que la anticipación de las marchas impacta en la decisión de los consumidores: "La gente cuando se levanta y sabe que va a haber una marcha en el centro, decide no venir".
La directora de la Cámara de Comercio hizo un llamado a respetar las normativas sobre manifestaciones: "No estamos diciendo que no reclamen, sino que lo hagan como corresponde. Para eso se tomaron ciertas medidas, que reclamen con total libertad, pero que cumplan con la medida causada".
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A medida que se aproxima la Navidad, Grieco subraya la urgencia de mantener la actividad comercial: "Estamos con vistas a la Navidad, que es la efeméride más importante del año, y si nos encontramos con todas estas medidas extras, que son cómo las manifestaciones que nos afectan directamente, la verdad que el tema de la reactivación económica no se puede dar".
Qué dice la ley en Córdoba y las autoridades
El fiscal de instrucción Ernesto Aragón habló con Cadena 3 sobre la falta de reglamentación de las marchas en Córdoba, destacando que no existe una ley que regule cómo deben llevarse a cabo estas manifestaciones.
De Aragón explicó que la orden es "no permitir que, de manera deliberada y obstructiva, se ocupe toda una calzada para visibilizar una protesta". Sin embargo, aclara que si una multitud ocupa la calzada de forma natural al movilizarse, esto debe analizarse con "cierta racionalidad".
El fiscal señala que, en ocasiones, es preferible que una multitud ocupe toda la calle para facilitar su desplazamiento, mientras que en otras situaciones, pueden ocupar media calzada para no obstaculizar el tránsito. "Esto es una cuestión operativa que se va manejando con todas estas alternativas para precisamente tratar de liberar lo más rápido posible las arterias", indicó.
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Sin embargo, enfatizó la necesidad de una reglamentación para las protestas, afirmando que "ni yo ni la policía en general tenemos facultad para decirle a usted manifieste acá o manifieste allá". Propone en ese sentido que se establezcan zonas o regulaciones que faciliten la convivencia ciudadana sin limitar el derecho a la protesta. "Creo que es algo que está faltando, que se discuta al menos legislativamente", sostiene.
El fiscal menciona que hay varios proyectos en discusión a nivel provincial y en el Consejo Deliberante, pero aún no se ha concretado una legislación que regule estas situaciones. A pesar de que la Constitución Nacional garantiza la libre circulación, la falta de un marco normativo genera confusiones en el manejo de las manifestaciones.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, aseguró que no se impidió la total circulación del tráfico.
Cabe remarcar que en Córdoba no se aplica el protocolo antipiquetes que definió Patricia Bullrich desde el Ejecutivo porque solo aplica a fuerzas federales. En Córdoba hubo un intento de regulación por parte del legislador Dante Rossi en 2022, que buscaba equilibrar el derecho a la libre expresión con el uso del espacio público y la libre circulación durante las manifestaciones. Sin embargo, este proyecto no avanzó.
En diálogo con Cadena 3, Rossi aclaró que “el objetivo no era impedir las marchas, era ordenarlas” y propuso establecer un “radio de prohibición” en el que no se pudieran realizar manifestaciones, específicamente en áreas como Cañada, Colón, Olmos, Maipú, Chacabuco y bulevar Illia.
“La idea era sentar a los gremialistas y a la gente que cortaba las arterias para ponernos de acuerdo en una zona de prohibición”, explicó Rossi
Cuando se conoció el protocolo de Bullrich, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reiteró que un fallo judicial de 2023 del juez Juan Manuel Fernández López limita las protestas principalmente en el centro de Córdoba y no habilita a cortes totales.
El artículo 194 del Código Penal argentino establece que es un delito impedir o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos. La pena por este delito es de prisión de 3 meses a 2 años.
Informe de Celeste Benecchi y Gonzalo Carrasquera.
