La cruel vulnerabilidad de Milagros que nadie vio a tiempo
El espanto descubierto en el placar de un departamento del Centro de la ciudad de Córdoba ha generado una inmensa interpelación a diversos sectores públicos.
10/09/2025 | 10:54Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
Cuando en 2013, una joven madre de 28 años fue condenada por un delito menor, una jueza se ocupó en no ser indiferente. En aquel expediente, escribió que esa mujer ya tenía cinco hijos, de entre 13 y 5 años. Y que no podía ocuparse de ninguno de ellos, no sólo porque los padres hacía tiempo que se habían borrado, sino también por su fuerte adicción a las drogas, lo que la había vuelto una discapacitada social.
Marihuana y cocaína que ella encontraba con demasiada facilidad en los alrededores de la calle Ciriaco Ortiz, en el Bajo Pueyrredón, a un costado del acceso a Córdoba por la ruta nacional 19. Allí, hacía 12 años, la droga se encontraba con demasiada facilidad.
Entre aquellos niños, que en la práctica era huérfanos, estaba Milagros Micaela Basto, de entonces 10 años.
En aquel lejano 2013, el Estado cordobés recibía una alerta potente sobre lo que estaba sucediendo al interior de aquel hogar. La Justicia había un fuerte llamado de atención, tanto a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), como al Ministerio de Seguridad. Niños desamparados, padres adictos y una droga que los narcos traían y vendían casi de manera impune.
La Senaf intervino en aquel momento. Milagros terminó ensanchando la vida familiar de una tía, Mauricia, la misma que ya la había cobijado cuando tenía sólo tres meses de vida. Cada tanto, algún empleado de la Senaf llegaba hasta la casa de barrio Renacimiento para dejar alguna constatación burocrática.
Pero la realidad siempre es más profunda de lo que muestran los expedientes de los organismos públicos. A los 12 años, Milagros comenzó a volver cada vez más seguido a Bajo Pueyrredón. Allí, donde las tentaciones se multiplican en cada cuadra, pronto cayó en el consumo de drogas.
Cuando en noviembre del año pasado su tía Mauricia denunció su desaparición, hizo hincapié en que Milagros estaba atrapada en la adicción. Contaron que la joven, que había sido mamá a los 16 años, consumía el "pipazo" de manera diaria. Varias dosis por día. Un derrotero que se había profundizado desde fines de 2023, cuando el padre de su hijo se quitó la vida, también abrumado por el consumo.
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La última vez que la habían visto con vida había sido el 20 de agosto de aquel 2024, cuando "Pitu", como ellos la llamaban, llegó hasta la casa de barrio Renacimiento para bañarse y darle un beso a su hijo. Su vida era, a esa altura, pura intemperie: se perdía en el consumo, deambulaba por la ciudad buscando los pesos que le permitieran seguir comprando más "pipazo", hasta que en algún momento algo le generaba un clic interno y volvía a abrazar por un momento a su pequeño. Luego, desaparecía de nuevo.
Pero en ese noviembre, Mauricia ya sabía que algo aún peor estaba sucediendo. Desde agosto, Milagros no daba señales. Ni un mensaje o acaso un posteo en las redes sociales. Silencio absoluto. "Con todos sus problemas, ella no se iba a olvidar de su hijito", contó en la unidad judicial.
En los registros oficiales, figuraba una última página sobre Milagros. El 21 de julio de 2024, había sido demorada cuando fue descubierta en el Centro de Córdoba junto a un muchacho que se movilizaba en un auto robado. Ella era ajena a la sustracción, por lo que pronto quedó en libertad.
Aquella detención se produjo en el Centro, en la misma zona que luego sus familiares y amigos comenzarían a señalar como la última base de su derrotero. Consumida por el "pipazo", Milagros también era prostituida. Alguien se aprovechaba de su vulnerabilidad y la ofrecía, como una mercadería, en medio del tráfico incesante del punto central de la ciudad. Por la Cortada de Israel, en el puente Las Heras, en la esquina de Maipú y Libertad, en calle Catamarca y en los alrededores del Hospital de Urgencias, donde las tribus de "piperos" se multiplican incluso, a menos de 100 metros de la Legislatura cordobesa. Invisibles a la vista de todo el mundo.
Antes de llegar al Centro, Milagros había integrado otra tribu: la de los "piperos" que se drogaban día y noche bajo el techo del "polideportivo social" que se construyó en el Bajo Pueyrredón con la supuesta idea de alejar a la juventud del consumo.
Hace menos de dos años, el 23 de noviembre de 2023, Cadena 3 publicó por primera vez en Córdoba que en los barrios estaba corriendo de manera imparable una droga que todos los vecinos hacía rato llamaban "pipazo".
"Allí, bajo la sombra del techo del polideportivo ubicado a un costado del acceso a la ciudad de Córdoba por la ruta nacional 19, un grupo de jóvenes se consume a fuerza de pitadas. La escena fue registrada por Cadena 3 el miércoles último, minutos antes de las 11 de la mañana. Bien temprano, a plena luz del día. Invisibles a toda hora", se reveló al contar el trasfondo de un caso dramático: una joven madre que a los gritos había ofrecido vender a su pequeña hija por 500 pesos, el dinero que necesitaba para comprar una dosis más de esta droga.
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Hasta entonces, el "pipazo" era una palabra prohibida para muchos de los que se ocupan de las políticas públicas. Incluso hoy, pese a la gran evidencia que existe sobre la proliferación de esta droga en la provincia, son voces excepcionales las que se animan a nombrarla.
Se trata de la denominación cordobesa del "paco", la droga que se inhala y que hace más de dos décadas genera un estrépito social en el conurbano. La droga muchas veces negada, pero que hace tiempo se instaló en Córdoba.
“El paco es la basura en sí de la cocaína. Es muchísimo más adictivo, tiene otros tipos de compuestos más destructivos y la sobrevida es menor. Lo único que tienen en la cabeza es consumir, por eso no importa otra cosa. Se dice que es la droga barata, pero si se analiza que esta droga genera efecto sólo por 15 minutos y posteriormente hay un bajón muy pronunciado, hace que de inmediato quieran buscar más. Por lo que el único objetivo del día es continuar consumiendo. Por eso caen en el robo fácil para después cambiarlo lo más fácil posible”, explicó Andrea Vilkelis, jefa de Toxicología Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, uno de los principales termómetros sociales que tiene la provincia.
Allí, en una sala de urgencias, los médicos suelen descubrir la realidad bastante antes que los investigadores policiales.
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Para recapitular: aquel Bajo Pueyrredón descripto en un expediente de 2013 no sólo que continuó siendo un hervidero de "dealers", sino que pronto agregó al "pipazo" entre la abundante oferta de drogas. Cuando hubo una reacción oficial y se construyó un polideportivo social, bajo la consigna de que el deporte iba a alejar a los jóvenes del consumo, fueron los propios adictos quienes terminaron por convertir a ese tinglado en su propio refugio de consumo. Milagros, entre ellos.
Mauricia, su tía y madre del corazón, contaría que varias veces le insistieron para que se internara. Pero que ella siempre se negó. Sin internaciones compulsivas, con escasos lugares de real contención, las redes para salvar a los jóvenes de este infierno nunca parecen alcanzar. La Senaf sólo hizo expediente en torno a Milagros.
La Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) más de una vez hicieron ostentosos operativos en Bajo Pueyrredón.
Pero nada cambió una lógica perversa, implacable. En la fiscalía que hoy se ocupa territorialmente de esa zona, a cargo de Silvana Fernández, llevan un registro desesperanzador: en más de nueve de cada 10 delitos, los autores son consumidores.
Desde hace más de una década, sobran los diagnósticos.
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De la periferia al Centro. Del Centro al espanto. Fue esta vulnerabilidad absoluta la que llevó a Milagros a ingresar en el 3 B que el expolicía Horacio Grasso habitaba en un edificio de calle Buenos Aires, a dos cuadras de la plaza San Martín.
No está claro si la conoció allí, mientras alguien la ofrecía a Milagros, o si acaso la contactó en algún punto de venta de drogas del Bajo Pueyrredón, la zona que Grasso manejaba con prepotencia policial antes de caer detenido por el asesinato del pequeño Facundo Novillo, en 2007. Grasso fue acusado de ser un narcopolicía.
El sistema judicial y penitenciario de Córdoba se ocupó de devolverlo a la calle mucho antes de que cumpliera su condena de 27 años de prisión. Las culpas se continúan repartiendo sin que nadie elabore una sincera autocrítica.
El Servicio Penitenciario, entonces a cargo de Juan María Bouvier (hoy preso acusado de haber montado un supuesto megaesquema de corrupción dentro de las cárceles de Córdoba) se ocupó de pasar a Grasso de las cárceles de Bouver y Cruz del Eje hasta el penal de Río Cuarto, conocido, entre otras falencias, por no tener un sistema médico adecuado. Eso sí, en los legajos, se dejó constancia de que Grasso tenía una pésima conducta interna.
Fue en 2019 y en 2021, que el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo Echenique Esteve le otorgó sendas prisiones domiciliaras a Grasso. Para eso, valoró lo que el abogado Lautaro Andruet le había presentado: certificados médicos que indicaban que el expolicía padecía patologías psíquicas (por el consumo de drogas) y cardíacas que obligaban a un tratamiento que justo esa cárcel, la de Río Cuarto, no estaba en condiciones de garantizar.
Cuando por segunda vez recibió este beneficio, Grasso se instaló en aquel departamento del Centro de la ciudad de Córdoba.
El control, entonces, se repartió entre el Patronato del Liberado y el juez de Control Facundo Moyano Centeno. Pasaron más de cuatro años, más de 200 advertencias y numerosas constataciones negativas que indicaban que Grasso salía sin permiso, hasta que el fin le revocaron el beneficio y regresó a la cárcel de Bouwer. Hoy se cree que hacía casi un año que convivía con un cadáver escondido en un placar.
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Milagros jamás imaginó que ese hombre que se le había acercado con la excusa de ofrecerle vender cubanitos escondía semejante prontuario sobre sus espaldas. ¿Acaso esto hubiese evitado que ingresara en aquel departamento? La cadena de vulnerabilidades que nadie vio a tiempo, así como los eslabones, también estatales, que permitieron que Grasso dejara una cárcel mucho antes de terminar su condena, hacen que la respuesta sea mucho más complicada aún.




