Horror en un operativo: nueve policías imputados por incendiar a un detenido

En una audiencia imputativa realizada este martes 16 de junio en la Sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, la Fiscalía atribuyó graves delitos a nueve integrantes y exintegrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe por un violento episodio ocurrido durante un procedimiento policial llevado adelante en mayo de 2024 en la zona norte de la ciudad.

El juez de Primera Instancia Rafael Coria tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva efectiva para la mayoría de los acusados, mientras que para una de las imputadas ordenó una prisión preventiva domiciliaria morigerada hasta el 16 de agosto de 2026.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La investigación se centra en un operativo realizado el 27 de mayo de 2024 en una vivienda de Larrechea al 1900, donde personal de la PAT intervino en un procedimiento de flagrancia que culminó con varias aprehensiones y el secuestro de cocaína.

Según la acusación fiscal, uno de los detenidos se encontraba reducido en el piso y completamente indefenso cuando el suboficial D.P.Z. tomó una botella de alcohol etílico de 500 mililitros, roció con el líquido la cabeza y el rostro de la víctima y luego le prendió fuego con un encendedor.

Como consecuencia de esa acción, el hombre sufrió quemaduras de gravedad en el rostro, cuello, orejas, tórax y manos, lesiones que comprometieron seriamente su sistema respiratorio y pusieron en riesgo su vida. La víctima permaneció internada durante 40 días en terapia intensiva y logró sobrevivir tras extinguir por sus propios medios las llamas que consumían su cuerpo. Para la Fiscalía, el hecho constituyó un intento de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y abuso de la función policial, al haberse ejecutado sobre una persona que se encontraba totalmente sometida y sin posibilidad de defensa.

De acuerdo con la imputación, los suboficiales O.L.C., J.J.G., M.O. y M.N.C. participaron activamente en el episodio al asegurar el perímetro del lugar, impedir cualquier posibilidad de auxilio por parte de terceros o de los demás aprehendidos y garantizar que la agresión pudiera concretarse sin interferencias. Los investigadores sostienen que su intervención fue determinante para asegurar el resultado lesivo y procurar la impunidad de todos los funcionarios presentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, la Fiscalía atribuyó a D.P.Z. y O.L.C. haber amenazado de muerte a otros tres detenidos mientras se realizaban las actuaciones vinculadas al procedimiento que posteriormente fue remitido a la órbita de Microtráfico.

La causa también revela un presunto intento de encubrimiento posterior. Según la acusación, los policías involucrados habrían insertado información falsa en el acta de procedimiento para ocultar lo ocurrido. En ese documento se consignó que el propio detenido habría provocado el incendio al intentar prender fuego una mochila que contenía estupefacientes. Sin embargo, un informe elaborado por Bomberos Zapadores concluyó que la mochila secuestrada conservaba su integridad estructural y no presentaba daños compatibles con un proceso de combustión de la magnitud descripta por los efectivos.

Por esta razón, la Fiscalía imputó a D.P.Z., O.L.C. y J.J.G. por falsedad ideológica de instrumento público, al considerar que incorporaron o permitieron incorporar afirmaciones falsas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron las lesiones. A ello se suma una imputación por falso testimonio agravado para O.L.C. y J.J.G., ya que el 26 de junio de 2024 ratificaron ante el fiscal interviniente la versión asentada en el acta y atribuyeron las quemaduras al accionar del propio detenido.

En el mismo expediente fueron imputados los suboficiales A.G.N., E.I.B. y E.A.B. por encubrimiento agravado, omisión de persecución penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación sostiene que llegaron al lugar después de ocurrido el ataque, tomaron conocimiento de lo sucedido y, pese a ello, omitieron denunciar la agresión y las irregularidades detectadas en las actuaciones policiales. También se les atribuye haber incumplido con su obligación legal de intervenir ante un hecho flagrante, detener a los responsables y dar inmediata intervención a la autoridad judicial competente, realizando en cambio maniobras destinadas a ocultar lo ocurrido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, la numeraria M.E.N. fue imputada por omisión de persecución penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la investigación, tuvo conocimiento de los hechos a través de un grupo de WhatsApp integrado por miembros de la PAT, donde se intercambiaron mensajes vinculados con una posible responsabilidad policial en el episodio. Esas conversaciones fueron recuperadas mediante una pericia forense practicada sobre un teléfono celular Samsung secuestrado durante un allanamiento realizado el 2 de octubre de 2024 en una vivienda de calle Convención al 3500.

Tras escuchar a las partes, el juez Rafael Coria tuvo por formalizada la imputación. Para M.E.N. dispuso una prisión preventiva domiciliaria morigerada con prohibición de mantener contacto, por cualquier medio, con los restantes imputados y con las víctimas hasta el 16 de agosto de 2026. En cuanto al resto de los acusados, ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley mientras continúa el avance de la investigación.

Temas