Exclusivo: cómo actuaba “la banda de Jefatura”

Por Juan Federico

A lo largo de 110 páginas, el fiscal Guillermo González escribió la palabra “Jefatura” 102 veces. Se trata de uno de los expedientes más calientes de la Justicia de Córdoba, que desde mediados de este año tiene entre los detenidos a quien en ese momento era el jefe de la Policía Caminera y miembro de la Plana Mayor de la fuerza, Maximiliano Ochoa Roldán. Junto a él, cayeron presos el número dos de la Caminera, Martín Heredia, y el jefe de Asuntos Legales de la Jefatura, Leonardo Javier Torres, además de otros dos policías.

Al resolver la prisión preventiva en contra de ellos, el fiscal González apuntó a un uso intensivo de bases de datos más que sensibles de la propia Policía, como el 911 y los Antecedentes Personales, para conformar una supuesta banda que se dedicaba a usurpaciones y otros delitos en torno a los terrenos en la provincia, entre otras acusaciones.

Una descripción que dejó a estos jefes policiales al borde de la inteligencia ilegal, siempre según se lee en la resolución de la prisión preventiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El caso generó otro sismo al interior del aparato de Seguridad en Córdoba. Hoy, en los pasillos de Tribunales, a la causa la llaman como “la banda de Jefatura”. No sólo por las jerarquías de los acusados, sino porque habrían utilizado a la propia Central azul como una de sus bases de operaciones.

Ahora, por primera vez, Cadena 3 muestra las pruebas con que la fiscalía acusa a los policías.

Según se lee en el expediente, en un período “ubicable en el período comprendido entre el mes de marzo del año dos mil veintitrés y el veintisiete de junio de dos mil veinticinco –cuando ocurrieron las detención-, los coimputados Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, Gabriel Élido Burkhard, Leonardo Javier Torres, Martín Darío Heredia, Gastón Miguel Ochoa Roldán, Jorge Alberto Gutiérrez y Dante Gabriel Villalba, movidos por un afán de lucro ilegítimo, se pusieron de acuerdo para conformar una banda delictiva de carácter permanente, con división de roles y tareas, cuya actividad principal sería la de perpetrar hechos ilícitos en forma indeterminada y que además de los miembros estables, estaría integrada a su vez por otros sujetos que se sumarían circunstancialmente, conforme las necesidades de la aventura criminal que se planificara en cada caso”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante esos dos años, Maximiliano Ochoa Roldán tuvo un ascenso notable en el interior de la Policía. De la Dirección de Seguridad Zona Sur pasó, con la asunción de la nueva cúpula policial a fines de 2023, a la Dirección de Secretaría Privada de Jefatura. Era, en la práctica, una suerte de mano derecha del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez. Permaneció en ese cargo hasta diciembre pasado, cuando el Ministerio de Seguridad lo ungió como nuevo jefe de la Policía Caminera. Duró poco más de seis meses en el cargo, hasta que fue detenido y, ese mismo día, se firmó su retiro obligatorio.

Durante este tiempo, pasó de comisario inspector a comisario mayor, hasta ascender a la máxima jerarquía: comisario general.

Leonardo Torres también había escalado de la mano de Gutiérrez, quien apenas asumió lo llevó al Despacho de la Jefatura y, a fines del año pasado, al frente de Asuntos Legales. Antes, había estado en la Dirección General de Control de Conducta Policial.

Heredia, en tanto, pasó de la comisaría 46, de Argüello Lourdes, en la ciudad de Córdoba, a la Secretaría Privada de Jefatura, primero, al Despacho de Jefatura, luego, y finalmente, a la Policía Caminera.

Otro de los policías imputados, Jorge Alberto Gutiérrez, pasó del Comando de Acción Preventiva (CAP) a la Dirección de Custodia y Protección, mientras que el suboficial Dante Gabriel Villalba también trepó hacia la Dirección Secretaría Privada de Jefatura.

En la causa aparecen también dos civiles, Gabriel Élido Burkhard, quien explotaba una panadería en Unquillo, y Gastón Miguel Ochoa Roldán, abogado y hermano de Maximiliano. En realidad, Maximiliano Ochoa Roldán y Heredia, también son abogados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los roles

Según sospecha el fiscal González, dentro de la presunta estructura criminal, “Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, sería quien ejercía la función de jefe y por quien pasaba la mayor parte de la información ya que –en función del lugar que ocupaba en la Policía de la Provincia de Córdoba- tenía la capacidad de obtener información de distintos procedimientos policiales, como resultados de allanamientos, de archivos policiales resguardados, tal el caso de la división antecedentes personales, cómputos de la División Sustracción de Automotores o el 911, como así también la posibilidad de utilizar móviles policiales para fines particulares”.

La descripción de la fiscalía continúa con los otros supuestos roles: “Luego, aparecería la figura de Gabriel Élido Burkhard, quien se ocupaba de las tareas organizativas y ser el brazo externo de la organización, ya que estaba en la calle realizando averiguaciones de personas, negociaciones extrajudiciales, y demás tareas encomendadas, en particular, por el jefe Ochoa”.

“En un segundo nivel de la organización y como miembros de ésta se encuentran Leonardo Javier Torres, Martín Darío Heredia y Gastón Miguel Ochoa Roldán, quienes tenían sus estudios jurídicos particulares y respondían directamente a Maximiliano Ochoa Roldán, quien era el que en definitiva distribuía las labores que cada uno desarrollaría”, se lee párrafos más adelante.

Y concluye: “Finalmente, Jorge Gutiérrez y Dante Gabriel Villalba, en el carácter de miembros de la organización, eran quienes se habrían ocupado de presentarse en determinados lugares a fin de ejercer una demostración de poder frente a personas a quienes se querría amedrentar para obtener el pago de sumas de dinero adeudados o la transferencia de un vehículo como parte de pago de honorarios profesionales”.

La pista de los terrenos

Todo se inició a partir de una investigación que llevaba adelante la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en el marco de una megaestafa con terrenos en el valle de Punilla. 

Esta pesquisa llegó al teléfono de Burkhard y fue entonces que se descubrió el vínculo con estos jefes policiales. Ante esto, la causa de Kelm se dividió en dos: ella se quedó con la primera parte y la pata policial fue derivada a la fiscalía de González, quien tiene jurisdicción judicial sobre la Jefatura.

González terminó por acusar a estos cinco policías y a dos civiles de múltiples delitos, incluyendo asociación ilícita, encubrimiento, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios, coacción y extorsión.

La organización, según la hipótesis presentada por la fiscalía, utilizaba información confidencial obtenida de bases de datos policiales y recursos del Estado, como móviles y uniformes, para realizar actividades ilegales. 

Entre los delitos se incluyen la intimidación de personas para obtener pagos o bienes, la ocupación ilegal de propiedades y el uso de información reservada para fijar honorarios profesionales.

La peor sospecha

El documento detalla cada uno de los 10 hechos atribuidos a los imputados, con pruebas como mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, testimonios y documentos incautados en allanamientos.

Entre estos datos, sobresale la constatación que hizo la fiscalía en cuanto que los acusados utilizaban la propia Jefatura para reunirse con sus “socios” civiles e, incluso, para convocar a potenciales “clientes”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una de estas conversaciones por chat, se lee a Ochoa Roldán: “Dale decile entrá ahí por subsuelo, que me venís a ver a mí. Ya te mando a buscar yo, porque justo yo me estoy yendo a Gobierno pero acá te va a atender el doctor Torres, ya te aviso”.

De acuerdo a esta reconstrucción, personas que nada tenían que ver con la función policial o investigativa, ingresaban a la propia Central de Policía por el subsuelo, donde un policía que recibía órdenes de Ochoa Roldán las aguardaba para luego acompañarlas hasta el tercer piso, donde estaba la Secretaría Privada de Jefatura.

En otro diálogo considerado clave, el civil Burkhard se comunica con el policía Villalba, al que le pide que, uniformado, fuera a simular una constatación al domicilio de un hombre para generarle temor y así lograr que firmara el 08 de la transferencia de un vehículo, tal como le había solicitado una clienta a esta organización.

“Él va a preguntar por qué está la policía ahí constatando y todo eso. Y digale, no, es una constatación de domicilio para notificaciones porque posiblemente sea para alguna causa que están por abrir, estafa, alguna cosa de esas. Ya con eso ya está. Ya el tipo ya, ya, ya se pone loco. Porque lo necesito que esté nervioso para que se empiece a hablar todo”. Se lee en el mensaje que figura en el expediente.

En otros de los hechos, se señala que Maximiliano Ochoa Roldán y Martín Heredia, habrían alentado a que un cliente del estudio se introdujera ilegalmente en un campo “con el fin de negociar una indemnización laboral”.

En ese sentido, se encontró un mensaje de Burkhard a Maximiliano Ochoa Roldán, en el que le explica la maniobra: “…que se meta ahí donde está el campo, donde él trabajaba, se va a ir, ahí tiene cama, tiene todo, se va a quedar ahí como diciendo, en protesta. No va a saber nadie, porque nadie va a ver, pero lo vamos a tener como as en la manga, para poder negociar. Mirá el chabón se te metió adentro y no quiere salir ahora…”.

El fiscal subraya que los jefes policiales debieron haber denunciado esta situación, algo que jamás hicieron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la acusación también se advierte de un episodio en el cual estos policías habrían conseguido la planilla prontuarial de un potencial cliente, a quien se la mostraron con el objetivo de fijar honorarios, haciendo gala de los recursos internos que manejaban.

Otro episodio que llamó la atención de la fiscalía ocurrió tras la detención de un hombre, al que le secuestraron armas de fuego y proyectiles FAL. Antes de asumir la defensa, el estudio ahora bajo sospecha “traficó” un parte policial interno con detalles reservados del operativo.

“Heredia le habría trasmitido el parte a través de WhatsApp al encartado Gabriel Burkhard para que con la información reservada a disposición y con el claro fin de lucro, fije los honorarios profesionales (…) Ochoa Roldán y Heredia -en su calidad de funcionarios públicos en actividad a la fecha del hecho- y Burkhard, en clara connivencia con los efectivos policiales y con ánimo de lucro, utilizaron información de carácter reservado, como lo son los partes policiales, con el fin de fijar honorarios para asumir una defensa penal”, advirtió el fiscal, que dejó otro párrafo preocupante sobre este mismo episodio: indicó que en las conversaciones, los policías hablaban del presunto secuestro, en ese mismo operativo, de “seis bolsas de droga”, procedimiento “que nunca fue entregado en la Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico”.

Temas