La información sensible de Jefatura, la clave contra el jefe de la Caminera

1. Audio. Terremoto en la Policía de Córdoba: ordenaron detener al jefe de la Caminera

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2. Audio. Detienen al Jefe de la Policía Caminera por Liderar Organización Delictiva en Córdoba

   Cadena 3

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3. Audio. La causa y operativo que derivó en la detención del jefe de la Caminera

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4. Audio. Para el fiscal, el Jefe de la Caminera preso "engañó" a la Policía y a Quinteros

   Miguel Clariá

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Por Juan Federico

Ni “los abogados comisarios” ni “Los Simuladores”. “Lo que acá se está investigando es un foco muy grave de corrupción, por eso no queremos ponerle nombres que parezcan graciosos o que tomen a la ligereza lo que ha sucedido”.

La síntesis pertenece a una importante pieza de la investigación que lidera el fiscal Guillermo González y que ha generado un tembladeral en la Policía de Córdoba, a partir de la detención de quien hasta el viernes pasado a la mañana era el jefe de la Caminera, el recién ascendido a comisario general Maximiliano Ochoa Roldán.

Sin proponérselo, la causa que nació en una fiscalía de Cosquín y se ramificó hacia la sede judicial de González, puso en crisis los sistemas de control y selección internos de la Policía de Córdoba.

Este lunes, cuando la Provincia anunció que el jefe de Gestión Administrativa (Finanzas), Daniel Bolloli, iba a ser el reemplazante de Ochoa Roldán en la Caminera, en el comunicado oficial se subrayó que Bolloli no tenía antecedentes penales.

Que esto haya sido remarcado como un mérito, además de resultar llamativo, ya que cualquier intelecto superficial supone que la ausencia de causas debería ser un requisito mínimo para ser policía, dejó en evidencia la crisis que desató la detención de Ochoa Roldán.

Bolloli, que supo tener un rol preponderante en la organización de los operativos de grandes eventos, antes de ser nombrado al frente de la Caminera tuvo una última aparición pública cuando debió intervenir en medio de una cuestionada licitación para comprarle zapatillas justamente a los efectivos de esa fuerza. 

En su momento, Cadena 3 había informado que los precios sugeridos en los pliegos estaban por encima de los valores de mercado, lo que originó que parte de la oposición en la Unicameral reclamara por esta situación. 

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Ante esto, Bolloli estuvo presente en el momento en que se abrieron las ofertas y se constató que las dos firmas que se presentaron habían cotizado por debajo de la sugerencia oficial.

Ahora, Bolloli reemplaza a Ochoa Roldán, un policía que había ascendido de manera meteórica en los últimos meses.

Antes de asumir en diciembre último al frente de la Caminera, Ochoa Roldán había sido secretario privado del actual jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, al que acompaña desde hace varios años en diferentes funciones.

El viernes pasado, junto a Ochoa Roldán fueron detenidos el número 2 de la Caminera, Martín Heredia, el jefe de la Asesoría Letrada, Leonardo Javier Torres (también fue secretario privado del máximo responsable de la Policía) y el suboficial Dante Gabriel Villalba, quien fue chofer de Gutiérrez. Junto a ellos terminaron capturados el comisario inspector Jorge Gutiérrez (de Protección de Testigos), y los civiles Gastón Ochoa Roldán (hermano del ahora exjefe de la Caminera) y Gabriel Élido Burkhard.

Los hermanos Ochoa Roldán, Torres y Heredia son abogados.

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Para la fiscalía, valiéndose de información privilegiada y sensible por su rol de policías (y, sobre todo, por los escalafones que ostentaban dentro de la fuerza), habrían montado una organización en la que ofrecían toda clase de servicios legales al margen de la ley: desalojos, posesiones de terrenos, juicios de filiación, averiguación de antecedentes penales, entre otras cuestiones.

Las figuras penales en juego describen la gravedad de la acusación: asociación ilícita, coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.

Para el fiscal González, Ochoa Roldán habría sido el jefe de esta presunta asociación ilícita.

Que tres de los siete detenidos hayan tenido un trato tan cercano con el jefe de Policía obligó a preguntar si Gutiérrez estaba al tanto de las maniobras o si acaso nunca se había percatada de esta presunta actividad paralegal que realizaban los policías valiéndose de información privilegiada a la que accedían justamente por los cargos que tenían dentro de la fuerza.

En una entrevista con Cadena 3, el fiscal González indicó que tanto el jefe de Policía, Gutiérrez, como el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habrían sido “engañados” por el ahora detenido.

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La frase lejos estuvo de caer como un salvavidas para los funcionarios mencionados. Sucede que el Ministerio de Seguridad resolvió ascender a Ochoa Roldán hace sólo seis meses, cuando lo ungieron como jefe de la Caminera. Recién hace 15 días, se publicó el decreto con su ascenso de comisario mayor a comisario general. A esa altura, la investigación judicial en su contra ya avanzaba de manera contundente. La Justicia avanzó en sospechas concretas que internamente nadie habría advertido.

En los últimos meses, Ochoa Roldán había tenido un alto perfil público. En el verano, fue común observarlo dando entrevistas en las que resaltaba los requisitos que exigía la Policía Caminera para circular por las rutas de la provincia, entre los que sobresalía que ahora estaban constatando la fecha de vencimiento de los matafuegos, lo que obligó a varios a realizar largas filas para renovar la carga.

Antes, cuando aún era secretario privado de Gutiérrez, Ochoa Roldán tuvo un rol importante en la organización de un seminario interno para “altos jefes” que tuvo un invitado especial: el abogado penalista y concejal por el PJ capitalino, Ricardo Moreno, quien expuso sobre el “tratamiento legal de las técnicas de intervención policial, destinadas a nivel comisarios”.

Moreno, quien llegó a Jefatura acompañado por su hija, la funcionaria provincial Carla Moreno, y su yerno, el penalista Jorge Sánchez del Bianco, al lado del ministro de Seguridad resaltó la política que llevaba adelante el gobernador Martín Llaryora.

Hoy, Moreno y Sánchez del Bianco son los defensores de los hermanos Ochoa Roldán y de los comisarios Torres y Heredia. En declaraciones públicas, vincularon la acusación a “internas” azules.

Heredia, quien hasta el viernes era el segundo de la Caminera y ahora también está detenido, tuvo su protagonismo mediático cuando fue el encargado de comunicar en el verano que en un control se había generado un altercado con la actriz Fátima Florez, quien viajaba desde la ciudad de Córdoba hacia Villa Carlos Paz.

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Ochoa Roldán no es el único miembro de la Plana Mayor de la Policía capturado en el último tiempo.

En septiembre pasado, en un hecho que no registra antecedentes en la historia policial de Córdoba, el subjefe Alejandro Mercado, aún en funciones, fue detenido en el marco de una compleja investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier. En este caso, se analiza una “banda de Delitos Económicos” que habría generado todo tipo de coberturas ilícitas, pesquisa que llevó a la cárcel a otros jefes policiales: el de las Brigadas Civiles, Cristian Cabrera, y el de Delitos Económicos, Diego Martinelli.

Mercado hacía sido ascendido como subjefe de Policía en diciembre de 2023. En la resolución de la prisión preventiva, Gavier sostuvo que hacía años que había denuncias internas y judiciales en contra de Mercado, causas que en aquel momento nunca avanzaron.

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El viernes pasado, en una conferencia de prensa ejecutada tras la detención de Ochoa Roldán y en la que estuvo acompañado por el fiscal González, el ministro de Seguridad, Quinteros, admitió que para nombrar a los miembros de la Plana Mayor de la Policía no realizaban otros análisis más que pedir los antecedentes penales de los ungidos. 

“Cuando ascendemos a alguien nos atenemos a los órganos de control, acudimos a los mecanismos a los que la ley nos obliga a acudir; y si sus legajos son absolutamente intachables, están en condiciones de ascender, no nos exigen otros requisitos”, respondió.

Y agregó: “Nosotros no hacemos inteligencia ni contra inteligencia; nosotros evaluamos los legajos policiales. En lo demás, no nos podemos meter en la vida privada”.

No obstante, hay que recordar que según la ley 10.731, aprobada en 2021 tras el crimen policial de Blas Correas (se creó el Sistema de Control Disciplinario para las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana), establece la obligación que tienen los policías de presentar declaraciones juradas patrimoniales anuales ante la Dirección General de Control e Investigación.

Estas declaraciones deben incluir información sobre los bienes del personal policial, su cónyuge, pareja estable o conviviente, ascendientes o descendientes a cargo, y las modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial. La Dirección General de Control e Investigación es la encargada de registrar y dar seguimiento a estas declaraciones, así como de requerir informes a diferentes organismos públicos o privados para llevar a cabo investigaciones que considere pertinentes.

La investigación que hoy tiene en la cárcel a Ochoa Roldán junto a otros comisarios vuelve a poner el foco en el tráfico de información reservada en la propia Jefatura.

Cuando la fiscal de Cosquín, Kelm, descubrió los tentáculos policiales que tenía una poderosa banda que se apropiaba de cientos de terrenos en Punilla y Calamuchita, según investiga, remitió esta parte de la investigación a Fiscalía General, ya que entendía que estaba ante una nueva causa. 

El fiscal General, Juan Manuel Delgado, determinó que la usina de delitos para investigar nacía en la propia Jefatura, cuya ubicación corresponde al distrito judicial a cargo del fiscal González. Fue por ello que le remitió todo, hace dos meses, para que comenzara a investigar.

Hoy, experimentados comisarios que hace décadas caminan los pasillos de la Jefatura cuentan, ya sin asombro, que es “común” observar a diferentes abogados ingresando o merodeando la cuadra de Colón y Santa Fe.

“Hay mucha avidez por los datos que llegan a la Policía; un accidente o un caso grave, que puede ser mediático, genera demasiado interés en algunos grupos. Hay estudios de abogados que llaman a la víctima de algún delito casi apenas terminan de generar la denuncia. ¿Cómo se enteraron tan pronto? ¿Quién les pasó esos datos? Es muy grave, porque hay denuncias muy íntimas que muy rápido ya está en boca de todos”, agregó un informante que todos los días trabaja en la Central de Policía.

Todos estos datos se inscriben en otro capítulo que aún sacude a la Policía y a la Justicia de Córdoba, por el tufillo que tuvo en su momento: en marzo de 2024, en un extraño control de la Policía Caminera, se dejó constancia de que el fiscal Gavier (que investiga a policías y penitenciarios) habría consumido alcohol antes de manejar. 

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El episodio generó controversia no sólo porque los policías controlaron al funcionario judicial en un lugar inusual y sin seguir los protocolos habituales, sino también porcómo se había filtrado esa información. 

Esto originó que el Tribunal de Ética Judicial, al archivar una denuncia en contra del fiscal, subrayara que le resultaba llamativa la “filtración” de este supuesto operativo.

La investigación del fiscal González tiene varios paralelismos con la causa penal que el fiscal Gavier instruye en contra del hoy exjefe de la fuerza, Mercado. La utilización de información sensible se repite en ambos expedientes.

Lo mismo sucede en otra causa que hoy es más que una llaga en la Policía y en la Municipalidad de Córdoba, la llamada “Bomberos”, que tiene en prisión al exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y exjefe de Defensa Civil municipal Gustavo Folli y que también instruye González. Allí, se advierte que durante años se habría pergeñado un aceitado sistema paralegal de habilitación de negocios, en el que también los policías habrían actuado con datos privilegiados.

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Estas dos causas de González en contra de los policías de la Caminera y de Bomberos, al igual que los expedientes que Gavier lleva adelante en contra de Mercado, “la banda de Delitos Económicos” y la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba, con Juan María Bouvier a la cabeza, tienen otro punto en común: tipificar los casos como presuntas asociaciones ilícitas.

La misma acusación por la que la semana pasada fueron condenados siete efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que robaban droga de los operativos y la reintroducían en el mercado ilegal con el objetivo de que supuestos “dateros” les marcaran algunos puntos de venta en el norte provincial, con la idea de generar operativos que en realidad jamás atacaban a fondo al narcotráfico.

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La idea de una asociación ilícita, que suele ser resistida por los abogados defensores, apunta a enmarcar estos ilícitos de manera estructural: no eran “errores” o “desvíos” personales de algunos acusados, sino que se trataría de una agrupación con el objetivo de generar una gama de ilícitos amparándose en los lugares de privilegio que tenían en las distintas fuerzas de seguridad.

Por eso, no ha dejado de llamar la atención en distintas fiscalías que el flamante fiscal General adjunto, Alejandro Pérez Moreno, se haya manifestado en contra de la utilización de esta figura penal, que es avalada por el propio fiscal General Delgado.

Pérez Moreno, antes de ser ungido en ese cargo en diciembre pasado, supo estar, como abogado penalista, en los dos lados del mostrador.

Representó a la familia de Blas Correas en el histórico juicio que terminó con 11 policías condenado y una declaración, por parte del Tribunal, de que se había tratado de un caso de “violencia institucional”, lo que supuso una condena a toda la institución azul. Y, al mismo tiempo, antes de asumir como fiscal General adjunto, Pérez Moreno tuvo que renunciar a las defensas del exhombre fuerte de las cárceles de Córdoba, Bouvier, y a la de Gustavo Folli.

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Los dichos de Pérez Moreno, ahora, de que no cree pertinente la utilización usual de la “asociación ilícita” (agregó que las penas más altas tampoco serían útiles) generó intranquilidad en algunos despachos de Tribunales 2.

Es que ya hay otras fiscalías que, en medio de la política de distribución territorial, han comenzado a aplicar esta figura para enmarcar investigaciones contra bandas que roban a conductores de aplicaciones de viajes, emboscan a motociclistas o realizan todo tipo de robos contra la propiedad. 

La idea detrás de estas pesquisas consiste en intentar agrupar los casos para demostrar que los delincuentes actúan de manera constante y organizada, y así evitar quedarse con meros casos aislados, sin un contexto en la investigación. Y, al mismo tiempo, asegurar condenas más largas.

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