Los inquietantes tentáculos detrás de la detención del subjefe de la Policía

Por Juan Federico

Cuando en marzo último Cadena 3 reveló por primera vez que el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gavier, había abierto una segunda investigación contra el exsubjefe de Policía, Alejandro Mercado, varios resortes internos de la Jefatura de Policía comenzaron a rebotar con insistencia.

En aquel momento, el jefe de Delitos Económicos, Diego Martinelli, junto a otros efectivos (algunos en actividad y varios ya retirados) fueron detenidos en medio de una serie de operativos que, al principio, no generaron demasiado ruido social. El hermetismo de la investigación tenía un sentido que ahora comienza a revelarse: pocas veces en la historia judicial de Córdoba, un expediente ha tocado tantos puntos sensibles al mismo tiempo.

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La causa contra la llamada “banda de Delitos Económicos”, que tiene en total a 10 acusados (ocho presos). Según publicó Cadena 3 hace 15 días, la acusación de Gavier plantea, como hipótesis, que durante años los acusados habrían brindado "cobertura e impunidad a ciertas bandas de delincuentes dedicadas al juego clandestino; a bandas de personas dedicadas a estafar a personas de la tercera edad mediante la modalidad delictiva conocida como cambio de billetes o cuentos del tío, a bandas de delincuentes que operaban en la Galería Norte y otros recintos vinculados a ésta, que en forma conjunta y con habitualidad, cometen múltiples delitos como la recepción y comercialización de teléfonos celulares robados, laboratorios predispuestos para el desbloqueo de celulares, infracciones a la ley de propiedad intelectual relacionada a los laboratorios donde se falsificaban CD/DVD, infracciones a la ley penal cambiaria y; bandas que tenían como objetivo la sustracción, recepción y comercialización de obras de arte y objetos antiguos de gran valor económico".

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Pero la prisión preventiva que firmó el fiscal Gavier ha incorporado menciones que ya generan mucho ruido en la Policía, en los Tribunales de Córdoba y en el Poder Ejecutivo.

A continuación, las principales claves de una causa cuyo techo hoy nadie se atreve a prever.

El asalto en Cofico y el rol del fiscal Garzón

Gavier señala, como una fecha bisagra dentro de la Policía de Córdoba, la madrugada del 24 de diciembre de 2016. En aquella víspera de Navidad, un grupo comando copó una vivienda de barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, donde un grupo de personas compartía una cena. Los despojaron de dinero, joyas y celulares. Las víctimas eran todas conocidas: la dueña de casa, María Teresa Panetta (exfuncionaria del gobierno de Ramón Mestre padre), había invitado a Olga Riutort, al exsecretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba Juan Pablo Díaz Cardeilhac, al juez federal Luis Rueda y su mujer Patricia Messio (exsecretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas), el vocal del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña (en ese momento tenía un vínculo familiar con Panetta), el exfiscal General de la Provincia Darío Vezzaro, los abogados José Cafferata Nores y Carlos Hairabedian, y el entonces dueño de Kolector, Hermann Karsten, entre otros. La mayoría, con sus parejas. La causa recayó en la fiscalía de Raúl Garzón (el mismo fiscal que años después investigaría las muertes de bebés en el Hospital Neonatal), quien pronto avanzó contra un grupo de presuntos delincuentes, entre los que estaba un subcomisario, Víctor Barrionuevo, quienes esa misma madrugada habían sido detenidos en la zona del ex – Mercado de Abasto.

La historia judicial de este expediente terminó en un enorme fracaso, cuando en el juicio todo se desmoronó y los acusados quedaron absueltos. En aquel fallo, hasta se ordenó investigar la actuación del propio fiscal Garzón. Hasta hoy, nunca se supo quiénes fueron los ladrones y por qué planearon aquel asalto tan resonante.

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En el medio, se escribió una historia policial y política: dos semanas después del asalto, mientras Garzón se quejaba de manera pública por la falta de avances en la investigación, el entonces jefe de Investigaciones Criminales, Calixto Luna, fue pasado a retiro forzoso. En su lugar, asumió Mercado, que desde hacía tiempo cosechaba una gran relación con Garzón.

Cuando Luna había llegado a Investigaciones Criminales, Mercado había sido relegado: de Delitos Económicos pasó a una comisaría de Las Varillas. Su regreso supuso toda una reivindicación interna, con más poder. Y, de paso, echaban a quien había intentado relegar a Mercado.

Al mismo tiempo, como el entonces ministro de Seguridad, Carlos Massei, estaba de vacaciones en Estados Unidos, fue el secretario de Seguridad Comunitaria, Diego Hak, el que se puso al frente de esta crisis. Su gestión le valió un reconocimiento político: fue ungido como Secretario de Seguridad, o sea, como el segundo de Massei.

Ahora, en la investigación que lleva adelanto el fiscal Gavier, declaró el expolicía Calixto Luna, que recordó aquella causa que significó el gran ascenso de Mercado, pese a que la investigación al final nunca encontró la verdad detrás de aquel asalto. Ante Gavier, Luna aseguró que aquella causa le resultó “adversa (ya que) que por orden del fiscal Garzón, ellos como investigadores no podían entrevistar a los damnificados, sino que debían trasladarle al fiscal las inquietudes y era él quien los entrevistaba”. Remarcó que esto no era común en las pesquisas.

En el expediente, Gavier remarca: “Que según el punto de vista de Luna sobre la investigación, había otras hipótesis para abordar o trabajar que el fiscal (Garzón) no quiso seguir”.

En el medio, recordó que tuvo una reunión con Hak y el entonces ministro de Justicia, Luis Angulo (hoy vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba), en la que este último le habría insistido para que continuara con la misma tesis que tenía Garzón, en torno a los que ya estaban detenidos. Luna, dijo, puso reparos sobre esta hipótesis. En ese sentido, recordó que les dijo que “al analizar el modus operandi del atraco, tipo de delito cometido y los objetos secuestrados a los aprehendidos, no coincidía mucho con la modalidad de robo con arma, sino más bien, los elementos secuestrados en poder de los aprehendidos, evidenciaba que se trataba de otra banda de delincuentes dedicada a la modalidad de escruches, es decir, robos en domicilios sin moradores en donde se rompen aberturas o también se ejerce fuerza en dispositivos de seguridad como cajas fuertes”. Dos días después, le comunicaron que lo pasaban a retiro obligatorio.

El denunciante que terminó enjuiciado

En otro apartado de la prisión preventiva contra la llamada “banda de Delitos Económicos”, el fiscal Gavier se detiene en lo sucedido con el exjefe de la Dirección General de Control de Conducta Policial, Rodolfo González. 

La fiscalía sostiene “González fue víctima de una descomunal operación o campaña periodística pergeñada y promovida desde altas esferas policiales para desprestigio y difamación de su persona de la que de ningún modo fue ajeno el imputado Alejandro Eduardo Mercado”.

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“Con relación a González –se lee en el expediente- el plan orquestado tuvo tres momentos claros, en primer lugar, la prensa comenzó con la campaña de difamación de González. El segundo momento fue cuando Gustavo Folli (exsubjefe de Policía, hoy preso acusados de una serie de delitos en la habilitación de negocios) se comunicó con Rodolfo González para manifestarle que estaba en la Casa de Gobierno y anunciarle que se había tomado la decisión de pasarlo a retiro y el tercer momento, fue cuando, nuevamente el Subjefe de Policía Gustavo Folli se comunicó telefónicamente con González, comunicándole que el entonces Fiscal Gustavo Marchetti de la Villa Carlos Paz, había librado una orden de detención hacia su persona y que si tenía algún abogado conocido lo consultara urgentemente. Momentos más tarde, González se hace presente en la Fiscalía y lo notifican de la imputación y de la detención por el delito de peculado (dos hechos), amenazas y coacción, permaneciendo detenido durante seis días en la alcaidía de Villa Carlos Paz, recuperando su libertad por disposición del Juzgado de Control en función de la presentación de un control jurisdiccional. Finalmente, el desenlace de esta historia, fue con la absolución de Rodolfo González porque los hechos no habían existido y el tribunal de juicio ordenó que se difundiera la noticia para limpiar su buen nombre y honor”.

Para el fiscal Gavier, hay indicios para sospechar que González habría sido víctima de una operación interna dentro de la Policía con el objetivo de desplazarlo, ya que en ese momento había activado un expediente interno por una denuncia sobre supuestas ilegalidades cometidas por Mercado y otros efectivos de Delitos Económicos. Este expediente había sido elevado al Tribunal de Conducta Policial civil, que en ese momento era liderado por la abogada Ana María Becerra, cuyo rol ahora también el fiscal Gavier ha puesto bajo la lupa.

La Fiscalía General también estaba al tanto

Otro nombre de peso que aparece en la prisión preventiva es el del exfiscal General Alejandro Moyano. El 22 de febrero de 2016, casi un año antes del regreso de Mercado a Investigaciones Criminales, la Fiscalía General recibió un correo con una denuncia anónima en la que se advertía de presuntos ilícitos cometidos por este policía y varios efectivos más. Moyano remitió todo a la fiscalía de José Bringas, donde llamativamente el expediente se perdió. Nunca hubo una explicación sobre cómo pudo haber sucedido algo así.

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En la prisión preventiva contra la llamada “banda de Delitos Económicos”, Gavier recuerda que se ordenó rehacer el expediente. Las actuaciones “fueron asignadas por el Fiscal General Moyano para su prosecución a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación (hoy a cargo de Franco Mondino, el mismo fiscal que investiga el caso de la “empleada fantasma de la Unicameral”) sin que tuviese mayores avances. 

En aquella pesquisa pese a la gravedad de los hechos denunciados, sólo se incorporó un informe financiero de las personas sindicadas elaborado por la Dirección de Policía Fiscal de fecha 26/2/2018 y un informe de la Policía de la Provincia de Córdoba que contenía una nómina del personal que prestaba servicios en la Dirección de Investigaciones Criminales, tras lo cual, la misma quedó paralizada, hasta que fue remitida a esta Fiscalía”.

El exfiscal General Alejandro Moyano ya no trabaja en los Tribunales. Su última aparición pública se produjo a mediados de 2023, cuando la Junta Electoral Municipal, que presidía él, publicó una llamativa solicitada el día de las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba, en la que se indicaba que, si bien el voto era obligatorio, no habría multas para quienes no fueran a votar.

El vínculo con otra presunta “usina de negocios policiales”

Gavier también hace hincapié en el presunto vínculo entre Mercado y un exsubjefe de Policía, Gustavo Folli, hoy preso por otra causa en la que se investigan una supuesta serie de ilícitos cometidos por bomberos policiales al momento de habilitar negocios en la ciudad de Córdoba.

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“Debe señalarse el vínculo estrecho y de amistad entre Alejandro Eduardo Mercado y Gustavo Folli. Así, frente al desplazamiento del cuestionado Alejandro Eduardo Mercado efectuada por el entonces Director General de Investigaciones Criminales Calixto Fabian Luna, y habiendo pasado a disposición de la Subjefatura de Policía a cargo de Gustavo Folli, amigo y compinche de Mercado, el nombrado Folli le brindó protección y lejos de promover su apartamiento de la fuerza o pase a retiro, optó por hacerlo salir de la escena de la Jefatura de Policía y reubicarlo en el interior provincial, desde donde el propio Mercado prometía que volvería y tomaría venganza. Posteriormente y como se analizó, se valió del resonante y mediático robo calificado de barrio Cofico y puso en marcha el operativo de su regreso como la solución a la orquestada supuesta ineficacia policial en aquella investigación, asumiendo como Director General de Investigaciones, desplazando a Calixto Luna de su cargo quien sí fue pasado a retiro a diferencia de Mercado, en el contexto de una intriga palaciega como represión a haber expresado su honesta y leal opinión sobre el caso Cofico. Sin embargo, el Tribunal de juicio le daría la razón, pues descartó de plano la hipótesis promovida por la Fiscalía, absolvió a los acusados, remitiendo los antecedentes por la supuesta comisión de delito perseguible de oficio por parte del fiscal interviniente; y los verdaderos autores de semejante atraco terminaron impunes, todo ello fruto de las irregularidades introducidas en la investigación por directivas de Mercado quien afianzó irregularmente en todo momento la incorrecta hipótesis planteada para desacreditar infundadamente a Luna”, se cita en el expediente.

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En ese sentido, se destaca que cuando el actual ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ungió a Mercado como nuevo subjefe en diciembre de 2023 (fue detenido en funciones en septiembre de 2024), Folli llamó al flamante número 2 de la Policía y, luego de felicitarlo, le dijo que no iba a asistir al acto de su asunción porque iba a estar la mamá de Blas Correas, Soledad Laciar, y no quería que ella interpretara que en la Policía se “continuaba” con el mismo modelo de gestión.

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