Subsidios: el costo de corregir mal lo que nació mal
El debate por la zona fría expone una vieja trampa argentina: beneficios creados por especulación política que luego se vuelven casi imposibles de desmontar.
20/05/2026 | 11:05Redacción Cadena 3
FOTO: Comenzó la sesión en Diputados para redefinir el régimen de zona fría.
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Audio. Subsidios: el costo de corregir mal lo que nació mal | Por Sergio Suppo
Siempre Juntos
Es muy difícil sacar lo que políticamente se puso de mala manera. Y el debate por los subsidios al gas en las zonas frías vuelve a demostrarlo con crudeza.
En Córdoba, la discusión tiene un impacto directo: la eventual eliminación del beneficio alcanzaría a 13 de los 26 departamentos de la provincia y afectaría a unos 2.200.000 cordobeses. Es decir, prácticamente la mitad de la población. Por eso el gobernador Martín Llaryora salió a rechazar la iniciativa del Gobierno nacional y a denunciar, una vez más, el peso del centralismo porteño en la distribución de recursos.
Tiene razón en una parte. La Argentina arrastra desde hace décadas privilegios concentrados en el AMBA, sostenidos incluso durante administraciones que prometieron ordenar las cuentas públicas. El reclamo federal de Córdoba no es nuevo ni caprichoso. Pero también hay otra verdad: los subsidios generalizados son una distorsión. Y las distorsiones, tarde o temprano, alguien las paga.
El problema de fondo es que el beneficio que hoy muchos defienden nació de una maniobra política. La ampliación de la zona fría fue impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, en medio de una interna con el gobierno de Alberto Fernández y cuando el entonces presidente intentaba avanzar con una recomposición tarifaria. Aquella decisión, presentada como una "reparación", tuvo también un fuerte componente de disputa interna. Como suele ocurrir en la Argentina, lo que se reparte desde la política se recibe como alivio y rápidamente se incorpora como derecho adquirido.
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Ahí empieza la trampa. Porque cuando un subsidio se entrega a diestra y siniestra, sin una focalización precisa, deja de ser una herramienta social para convertirse en un privilegio fiscal. Una persona que no puede pagar la boleta de gas debe recibir asistencia del Estado. Eso es razonable. Lo que no tiene sentido es subsidiar consumos masivos sin mirar ingresos, necesidad real o capacidad de pago.
El Gobierno nacional ahora busca corregir aquella distorsión. Según el proyecto en debate, se eliminaría el subsidio para unas 1.600.000 conexiones, aunque se mantendría para 1.800.000 usuarios. También conservarían el beneficio las personas con discapacidad, quienes acrediten situación de pobreza y los hogares de barrios populares en cualquier punto del país.
Hasta ahí, la discusión podría formar parte de un intento de ordenar el sistema. Pero la política argentina siempre encuentra la manera de complicar lo que ya era difícil. Para conseguir quórum y apoyo legislativo, el oficialismo habría negociado con provincias como Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santa Fe y Salta una compensación bajo la forma de subsidios eléctricos para zonas cálidas.
Es decir: se intenta sacar un subsidio al gas para corregir una distorsión, pero a cambio se promete crear otra, vinculada al consumo eléctrico en regiones de altas temperaturas. En términos simples, se cambia el subsidio a la calefacción por el subsidio al aire acondicionado. Y Córdoba, que reclama por el frío, quedaría afuera de esa nueva compensación, aunque también soporta veranos intensos.
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Si el objetivo es racionalizar el gasto, ordenar tarifas y terminar con privilegios cruzados, no parece razonable reemplazar una excepción por otra. Menos aún si el nuevo beneficio depende no de un criterio técnico uniforme, sino de una negociación política para conseguir votos.
Ese es el punto más delicado. Porque la discusión ya no pasa solamente por si corresponde o no mantener la zona fría. Pasa por la forma en que se administra el poder. Si una provincia acompaña, recibe una compensación. Si no acompaña, queda afuera. Así, dos localidades separadas apenas por una frontera provincial pueden quedar sometidas a reglas distintas: una con subsidio y otra sin subsidio. No es federalismo. Es una locura política.
El Estado argentino lleva décadas intentando arreglar problemas con parches que terminan creando problemas mayores. Subsidia tarifas, desordena precios, genera derechos artificiales, posterga costos y después descubre que retirar esos beneficios puede ser más caro políticamente que haberlos creado.
La economía, alguna vez, tendrá que funcionar sobre una base más simple: pagar lo que las cosas valen y asistir de manera directa a quienes realmente no pueden hacerlo. Todo lo demás es una cadena de favores cruzados, privilegios encubiertos y facturas que terminan pagando otros.
El dato político final no es menor. La sesión que habilitó este debate también bloqueó otra convocatoria opositora que buscaba avanzar con una eventual interpelación a Manuel Adorni. Ojalá el precio de este nuevo enredo tarifario no haya sido evitar una incomodidad política en Diputados.
Porque si para corregir una mala decisión se necesita crear otra distorsión, el problema ya no es solo económico. Es institucional. Y la Argentina conoce demasiado bien el costo de esas soluciones que, en nombre del orden, vuelven a desordenarlo todo.
