La abogada de la familia de Rocío Gómez denuncia fallas graves en el control del femicida
Daniela Morales dijo que el crimen “se pudo haber evitado” y cuestionó con dureza al Patronato del Liberado y al juez de ejecución por no haber actuado ante reiterados incumplimientos.
28/07/2026 | 07:42Redacción Cadena 3
FOTO: Femicidio en Santa María de Punilla: un caso de violencia que se podía haber evitado
Otro femicidio alevoso sacude a Córdoba. Rocío Gómez fue asesinada en Santa María de Punilla por un hombre que tenía una condena previa, medidas de restricción vigentes y un historial de violencia que el sistema judicial y de control no logró detener. Su madre logró escapar por la ventana. Tres niños quedaron huérfanos.
En diálogo con Cadena 3, la abogada de la familia, Daniela Morales, fue contundente: “Hicieron casi todo mal desde el primer momento de la investigación de la primera condena”.
El informe que llegó un día después del crimen
Según el juez de ejecución Facundo Moyano Centeno, el Patronato del Liberado solo le envió dos alertas. Una en febrero, porque el condenado no se había presentado. Fue intimado y se presentó a los tres días. La segunda —la más grave— llegó el 20 de julio, es decir, un día después del femicidio.
Morales no oculta su indignación: “Ojo con que haya emitido un informe el 20 de julio porque la verdad ya es…”
La directora del Patronato sostuvo días atrás que su tarea termina cuando envía el informe al juzgado. La respuesta de la abogada fue directa: “Si se cree que mandar un informe y termina su tarea, que se dedique a otra cosa, porque no es así”.
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Conmoción en Córdoba. Femicidio de Rocío: Patronato del Liberado advirtió la peligrosidad de Baudraco
La titular del organismo, Patricia Corvalán, relató cómo informaron reiteradamente al juez de ejecución penal sobre los incumplimientos del ahora femicida.
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Restricciones imposibles y un control inexistente
El hombre tenía prohibido consumir alcohol y drogas, debía fijar y mantener domicilio, realizar tratamiento psicoterapéutico, trabajo comunitario y abstenerse de acercarse a la víctima.
“Da la impresión de que se establecen requisitos que de antemano se sabe que nadie va a cumplir”, observó Morales.
La pregunta devastadora: ¿Quién controlaba realmente que no estuviera viviendo en la casa de la víctima?
“Bastaba levantarse y no hacer un trabajo de escritorio. Estamos cansados de los funcionarios de escritorio”, afirmó.
Un historial de denuncias ignoradas
Rocío había denunciado en 2022, 2023 (con valoración de riesgo alto) y 2024. En varias oportunidades se retractó por miedo, algo que, recuerda la abogada, no puede valorarse en casos de violencia de género.
Mientras se tramitaba el juicio por coacción, resistencia a la autoridad y daños (le había roto el auto), hubo nuevas denuncias por lesiones. Aun así, el juez redujo la pena solicitada por el fiscal (2 años y 6 meses) a 2 años y 2 meses en modalidad condicional. No se le impuso tobillera electrónica.
Incluso su propio abogado particular renunció en febrero porque el hombre no cumplía las exigencias judiciales. Según Morales, ese dato “no es menor”.
“Sí se pudo haber evitado”
La abogada fue clara: “Hay una vida humana que ya no se va a recuperar y esto se podría haber evitado”.
Y cierra con una frase que resume la impotencia y la rabia de la familia: “Yo no sé cómo están durmiendo tranquilos estas personas. Porque mandaron una mujer y quedaron tres criaturas solas.”
Entrevista de Radioinforme 3.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un femicidio alevoso, donde Rocío Gómez fue asesinada en Santa María de Punilla.
¿Quién fue la abogada de la familia? La abogada es Daniela Morales, quien criticó la gestión del sistema judicial.
¿Cuándo se emitió el informe sobre el caso? El informe del Patronato del Liberado llegó un día después del femicidio, el 20 de julio.
¿Dónde se registraron las denuncias de Rocío? Las denuncias se registraron en 2022, 2023 y 2024, con un alto riesgo.
¿Por qué se considera que el femicidio podría haberse evitado? La abogada sostiene que hubo fallas en el control y cumplimiento de las restricciones impuestas al agresor.
