Juez en EEUU ordena restaurar miles de millones en fondos cancelados para la mitigación de desastres

Un juez federal en Massachusetts ordenó el jueves a la administración Trump restablecer miles de millones de dólares en fondos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) para la mitigación de desastres que fueron cancelados hace unos meses, fallando a favor de 22 estados y el Distrito de Columbia que demandaron.

La administración del presidente Donald Trump anunció en abril el fin del programa de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC), por sus siglas en inglés, que ayudaba a las comunidades con proyectos para fortalecer la infraestructura y mejorar la resiliencia frente a las crecientes amenazas del cambio climático.

La administración calificó el programa de "despilfarrador e ineficaz" y dijo que retendría 3.600 millones de dólares en fondos otorgados pero aún no pagados y que no otorgaría 882 millones en subvenciones para el siguiente año fiscal.

La interrupción del programa trastocó proyectos en cientos de comunidades en estados liderados tanto por republicanos como por demócratas, frustrando planes para mejorar el drenaje pluvial, reforzar líneas eléctricas e incluso ayudar a reubicar hogares que viven en áreas más vulnerables a desastres.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo el jueves a The Associated Press que el departamento "no ha terminado con el BRIC", pero no dio más detalles sobre el estado del programa.

"La administración Biden abandonó la verdadera mitigación y usó al BRIC como un fondo de maniobra del nuevo acuerdo verde", dijo el portavoz, refiriéndose a un plan demócrata para combatir el cambio climático. "Es lamentable que un juez activista no entendiera eso o no le importara".

La orden llega en un momento de profunda incertidumbre sobre el futuro de la FEMA y el mismo día en que una esperada reunión de su Consejo de Revisión para presentar un informe recomendando reformas a la agencia fue cancelada abruptamente por la Casa Blanca porque no había sido completamente informada sobre la última versión del informe, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El Congreso financió al BRIC durante la primera administración Trump a través de la Ley de Reforma de Recuperación de Desastres de 2018, y FEMA lanzó el programa en 2020. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de 2021 puso a disposición 1.000 millones de dólares adicionales para el BRIC durante cinco años, aunque solo se habían entregado alrededor de 133 millones a las comunidades para abril, según FEMA.

El programa fue criticado por algunos por ser difícil de acceder para comunidades rurales y menos prósperas debido a un proceso de solicitud complicado y requisitos de cofinanciamiento. Pero incluso legisladores republicanos como el senador Bill Cassidy de Luisiana se opusieron a las cancelaciones y pidieron la reinstauración del BRIC.

"Protege a las familias y ahorra dinero de los contribuyentes a largo plazo", dijo Cassidy en el Senado una semana después de la cancelación de los fondos. "Eso es eficiente en mi libro".

El juez Richard G. Stearns determinó que las acciones de FEMA eran ilegales ya que el Congreso había asignado el dinero específicamente para las subvenciones y que había un "interés público inherente en asegurar que el gobierno siga la ley".

"El programa BRIC está diseñado para proteger contra desastres naturales y salvar vidas", escribió Stearns en la orden judicial.

La administración Trump ha recortado dólares para la preparación ante desastres en múltiples programas de FEMA este año como parte de su campaña para transferir más responsabilidad por desastres a los estados.

Desde febrero, Trump no ha aprobado ninguna solicitud de fondos para mitigación de riesgos, un complemento típico que ayuda a los estados, tribus y territorios a completar proyectos de resiliencia después de desastres mayores.

Las subvenciones para la preparación ante emergencias de las que dependen los estados y gobiernos locales para dotar de personal a las agencias de gestión de emergencias y comprar equipos están actualmente congeladas después de que 12 estados demandaron a la administración Trump por estipulaciones de subvenciones sin precedentes relacionadas con la agenda migratoria de la administración.

Múltiples estudios han demostrado que las inversiones preventivas para desastres pueden generar ahorros significativos. Un estudio de 2024 financiado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos encontró que cada dólar invertido en preparación para desastres ahorró 13 en impacto económico, daños y costos de limpieza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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