Demandan a autoridades por redada migratoria en hipódromo de Idaho

BOISE, Idaho, EE.UU. — Tres familias de Idaho, compuestas por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, han presentado una demanda tras ser detenidas durante horas en una intensa redada migratoria que se llevó a cabo en un hipódromo rural el año pasado.

Las familias sostienen que las agencias de aplicación de la ley, tanto estatales como federales, conspiraron para llevar a cabo acciones inconstitucionales e ilegales durante la redada. Estas acciones incluyeron la detención de personas basándose en su apariencia, la sujeción de adultos y algunos menores con bridas de plástico durante horas, sin proporcionar acceso a alimentos, agua o baños, y el registro de individuos sin justificación razonable de un delito.

Redadas migratorias similares, caracterizadas por un uso excesivo de la fuerza, han impactado a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en otros estados. Un trabajador de la construcción de Alabama, ciudadano estadounidense, denunció haber sido detenido dos veces por agentes de inmigración, lo que lo llevó a interponer una demanda federal el año pasado para poner fin a las redadas del gobierno en lugares de trabajo, enfocadas principalmente en industrias que emplean a inmigrantes.

Las familias demandantes formaron parte de las cerca de 400 personas que fueron detenidas en el hipódromo conocido como La Catedral, situado a aproximadamente una hora en automóvil al oeste de Boise. La redada, realizada en octubre, formó parte de una investigación del FBI sobre acusaciones de juego ilegal, aunque solo cinco individuos fueron arrestados en relación con dicha investigación. Más de 100 personas fueron arrestadas bajo sospecha de violaciones migratorias.

Según los abogados de la ACLU de Idaho, el FBI contaba con una orden de registro para investigar el juego, pero la operación se convirtió en una "expedición de pesca" para detectar violaciones migratorias. Las carreras de caballos son un evento popular en la comunidad latina local, donde se llevan a cabo actividades familiares junto con las competencias ecuestres, como la venta de alimentos y juegos para niños.

El 19 de octubre, un despliegue de 200 agentes de diversas agencias de seguridad inundó el lugar. "Vestidos con equipo militarizado y cubriendo sus rostros, apuntaron con armas y gritaron órdenes a familias asustadas. Rompieron las ventanas de los autos estacionados, haciendo que el vidrio cayera sobre los que estaban dentro, incluidos niños que se refugiaron en los vehículos por la lluvia", indicaron los abogados en la demanda.

Agentes del ICE, el FBI, la Policía Estatal de Idaho y la policía local participaron en la redada. Se reportaron incidentes de uso de epítetos raciales y violencia, como el caso de un hombre que fue golpeado en la cabeza con un rifle al afirmar que era ciudadano y no hablaba español. Otros detenidos sufrieron cortes y entumecimiento por las bridas de plástico que les colocaron.

Tras la redada, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el ICE había desmantelado una operación ilegal de carreras de caballos y juego. Sin embargo, en los documentos judiciales no se mencionan peleas de animales, y el hipódromo contaba con licencia para operar. McLaughlin luego aclaró que el ICE no había atado ni arrestado a menores.

Varias familias entrevistadas por la prensa tras la redada relataron que niños de tan solo 11 años fueron atados con bridas de plástico, y varios menores fueron separados de sus familias durante horas. Juana Rodríguez, una de las demandantes, expresó que sus manos estuvieron atadas durante casi cuatro horas, lo que le impidió cuidar de su hijo de tres años. A pesar de que el menor lloraba de hambre y sed, los agentes se negaron a permitirle sacar bocadillos del vehículo.

Algunos detenidos no tuvieron acceso a baños y se vieron obligados a orinar al aire libre, a la vista de otros detenidos y de la policía, según la demanda. Ninguna de las familias fue interrogada sobre el juego y todas fueron liberadas después de demostrar su estatus de ciudadanos o residentes permanentes legales. Las familias buscan que un juez federal convierta la demanda en una acción colectiva para incluir a otros residentes legales detenidos y que se reconozca que las agencias de aplicación de la ley violaron la ley federal y los derechos constitucionales de los detenidos, además de exigir compensación por daños que se determinarán en el juicio.

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