Audios: una ofensa no es ofensa hasta que se escucha
02/09/2025 | 10:37Redacción Cadena 3
El viernes pasado, dos nuevos audios atribuidos a Karina Milei irrumpieron en la escena pública. Son breves, intrascendentes, no dicen nada relevante. Sin embargo, suman un capítulo más a la saga de filtraciones que tiene al gobierno de Javier Milei tambaleando, desde que se conocieron los audios del exdirector de discapacidad, donde se mencionan presuntas coimas. El Gobierno, lejos de encontrar una defensa sólida, parece desorientado, atrapado en una tormenta que no sabe cómo capear.
En un intento de contener el daño, Karina Milei acudió al fuero civil y comercial para solicitar al juez Alejandro Marianello una medida drástica: prohibir la difusión de cualquier audio o video atribuido a su persona, tanto en su origen como en su reproducción en cualquier medio. El juez concedió la medida, argumentando que "está en riesgo el honor de la funcionaria". Pero este mecanismo es insostenible. En Argentina, la censura previa es inconstitucional, un principio básico que protege la libertad de expresión. La resolución de Marianello, lejos de ser una solución, está destinada a caerse. No se puede prohibir algo por su potencial ofensa sin que se haya escuchado. Como bien dice el refrán: un insulto no es insulto hasta que se pronuncia y se oye. ¿Cómo saber qué puede ofender sin conocer el contenido? Es un sinsentido lógico y jurídico.
La situación se agrava por el propio juez. Marianello, con nueve denuncias en su contra —cinco por acoso sexual y abuso de poder—, no inspira confianza. Su orden al Enacom de bloquear la difusión de audios, incluso en redes sociales, es tan absurda como impracticable. El Enacom no tiene autoridad sobre plataformas digitales, y la idea de controlar el flujo de información en internet es una quimera en el siglo XXI.
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Medida cautelar. Audios de Karina Milei: Armesto opinó que es un caso de "censura previa"
El abogado se refirió en diálogo con Cadena 3 a la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de los mensajes de la secretaria general de la Presidencia.
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Por otro lado, Patricia Bullrich presentó una denuncia en la Justicia Federal para investigar si detrás de estas filtraciones hay espionaje. Argumenta que la difusión de audios busca desestabilizar el proceso electoral en curso, una estrategia que describe como evidente. Y tiene razón: el goteo de audios, calculado y constante, parece diseñado para mantener al gobierno contra las cuerdas. Sin embargo, la acusación de espionaje es más complicada. Como señaló Manuel Adorni, grabar en la Casa Rosada sería un "escándalo histórico". Pero la realidad es menos sensacionalista: grabar una conversación privada, aunque sea éticamente reprobable, no constituye espionaje a menos que involucre agentes del Estado. Si un particular graba y difunde, es inmoral, pero no necesariamente ilegal. La línea entre la falta de ética y el delito es difusa, y el gobierno no parece tener claridad para navegarla.
El trasfondo de esta crisis revela un problema mayor: la inexperiencia del gobierno. Milei lidera un equipo que, en su mayoría, parece improvisado, un "rejunte" de personas con escaso conocimiento de las mañas de la política. Hay una mezcla de inexpertos, bocones y, posiblemente, corruptos. El daño es autoinfligido. Si hablás sin cuidado, en cualquier lugar, con cualquiera, te exponés a ser grabado. Y en un contexto electoral, donde cada error se magnifica, la oposición no duda en aprovechar estas vulnerabilidades. Son las reglas del juego, aunque duelan.
Lo más contradictorio es que un gobierno libertario, que pregona la libertad de expresión y admira a figuras como Elon Musk por su rechazo a la regulación de contenidos, recurra a la Justicia para censurar. Milei, que se jactaba de defender el derecho a decir lo que cada uno quiera, ahora busca impedir la difusión de audios antes de que se escuchen. Es una contradicción flagrante con los principios que dice sostener.
Milei enfrenta una guerra que él mismo anticipó: una batalla contra sectores enquistados en el poder, beneficiados por décadas de inflación, subsidios y proteccionismo. Pero para librar esa guerra, necesitaba un ejército de soldados afilados, no una armada de improvisados.
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Caso ANDIS. La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció un intento de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
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