En una resolución de alto impacto en los Tribunales de Córdoba, el fiscal Juan Pablo Klinger resolvió pedir la investigación de su colega Raúl Ramírez, a cargo de la fiscalia móvil de lucha contra el narcotráfico (narconenudeo) de Villa Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje, en torno a la causa que ya tiene a siete policías, otro funcionario judicial y a tres civiles imputados por la desaparición de cocaína y marihuana que habían sido secuestrada en operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Semanas atrás, Klinger detonó un verdadero narcoescándalo en la provincia, al ordenar la detención de siete policías de la FPA: el jefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Diego Bertino, Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien ahora prestaba servicios en Deán Funes. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.
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La investigación nació a fines del año pasado luego de que la propia FPA detectara un faltante de más de 300 gramos de cocaína cuando se realizó un inventario de lo secuestrado en sus dependencias.
Según se corroboró, faltaban tres secuestros de estupefacientes que estaban bajo la supervisión de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico: en total, 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana.
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En el mayor sigilo, Klinger ordenó allanar a un grupo de agentes y secuestrarle los celulares. Como se preveía, la mayoría ya había borrado las conversaciones más comprometedoras, según contarían luego las fuentes consultadas. Pero no todos. Los peritos se armaron de paciencia y lograron reconstruir buena parte de los chats. Y así, llegaron a una revelación mucho más impactante que la esperada.
Los diálogos apuntaban a que un grupo de policías antidrogas se habrían complotado para robar droga de los operativos y de esta manera, tener siempre a mano una buena cantidad de gramos blancos para pagarle a los informantes ilegales.
El objetivo, se presume, es que estos informantes clandestinos les marcaran a algunos dealers de Cruz del Eje y alrededores, que luego eran allanados.
Así, los policías, casi sin investigar, se anotaban operativos "positivos", lo que generaba que adentro de la FPA comenzaran a ser evaluados para futuros ascensos.
El dato es desalentador: más que investigaciones de calidad, que realmente revelaran la trama del narcotráfico en el norte provincial, los pesquisas sólo buscaban lo superficial, para mostrar una imagen institucional alejada de lo que realmente hacían. La cantidad por encima de la calidad.
"Lo único que importa es la cantidad de procedimientos", aseguró otro agente de la FPA citado como testigo en esta causa.
Al mismo tiempo, hay otra conjetura que agrava aún más toda la situación: todavía no se descarta que también hayan comercializado la droga o que acaso hayan intentado "plantarla" en algún procedimiento. Todo es objeto de investigación.
Pero si a la droga la robaban en los operativos, antes de anunciar los secuestros, según se investiga, el otro gran interrogante que surge es para qué sustrajeron el estupefaciente ya incautado e inventariado.
Hay dos hipótesis en ese sentido: por un lado, que necesitaron más droga de la que disponían para pagarle a los informantes ilegales; por otra parte, se presume que en realidad los agentes intentaron darle un golpe de gracia al jefe, para quedarse ellos con el control total de la brigada.
Es dentro de esta última teoría que se explica por qué tanto el jefe de esa brigada en aquel momento, Mauricio Oyola, como el secretario de la fiscalía, Patricio Bazán, omitieron denunciar en su momento ese faltante.
Este es el reproche que ahora puso en la picota al propio fiscal Ramírez: se enteraron del faltante, pero ninguno lo denunció ni investigó. Los teléfonos han sido reveladores en este punto. Existen chats frenéticos entre Bazán y Oyola entre el 23 y el 30 de agosto del año pasado, diálogos en los que involucrarían al propio Ramírez, según apuntaron las fuentes consultadas.
Ya en enero último, cuando la FPA descubrió finalmente el faltante de la droga secuestrada, otra vez aparecen diálogos más que sugestivos en ese sentido.
De acuerdo a las fuentes consultadas, existirían diálogos por whatsapp entre Bazán y el fiscal, en el que este último le indicaba que iban a "encontrar una solución". En la investigación, se supone que hablaban sobre el hecho de que se acababa de iniciar una pesquisa interna en la FPA por la droga sustraída.
Hoy, el narcoescándalo se divide en dos causas. Por un lado, los siete policías antidrogas presos e imputados por robar cocaína y marihuana en los operativos, causa en la que también fueron acusados tres civiles.
Se trata de un remisero, un cuidador de caballos y un changarín, todos consumidores, quienes habrían accedido a ir a comprar droga y "marcar" esos lugares a cambio de estupefacientes que les iban dando los policías.
Es llamativa la cantidad de mensajes en los que estos civiles les piden más droga a los uniformados.
En sus diálogos, los policías se refieren a los dateros ilegales como "deltas", preguntando entre ellos quién tenía algún "canuto" (droga) para alcanzarles a cambio de un dato nuevo.
"Un rescate para el delta", escribieron en un chat, en referencia a que era necesario apartar una parte de lo secuestrado en un operativo para luego "pagarle" al informante.
Además de la droga hallada en los "quioscos" allanados, en los chats se advierte que también pensaban robar parte de lo que se secuestraban en los operativos dentro de los pabellones de la cárcel de Cruz del Eje.
Hay un dato que ha generado consternación en la FPA: uno de los acusados, Moreno, ya hizo saber a través de su abogado Carlos Cardeilhac, que quiere pactar un juicio abreviado. Directamente confesó su autoría en los delitos que le endilgan.
Por otro lado, se abrió una investigación paralela contra el ex jefe Oyola, el secretario Bazán y ahora también contra el fiscal Ramírez, señalados por no haber denunciado ni investigado el robo de casi medio kilo de droga que había sido secuestrada en operativos.
Esta omisión llevó al fiscal Klinger a requerir una investigación jurisdiccional, ya que entre fiscales no se pueden acusar, sino que es necesaria la participación de un juez de Control. El magistrado Agustín Cafferata quedó encargado de esta pesquisa. Bazán y Oyola, imputados, ya fueron indagados. Ahora, será el turno de Ramírez, quien está de licencia.
Las conductas endilgadas a los funcionarios judiciales han sido encuadradas en los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos; y abuso se autoridad.
En tanto, Oyola debe responder por violación de prueba, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario públicos y abuso se autoridad.
