Las claves que guían a la investigación por el crimen de Samuel

Por Juan Federico

"En Punilla nos falta un joven". De esta manera, casi cincuenta organizaciones sociales de este valle de la provincia de Córdoba titularon un comunicado en el que exigieron una investigación "transparente" en torno al crimen de Samuel Tobares, el joven de 34 años que murió el domingo de la semana pasada en medio de un procedimiento policial ocurrido en Parque Siquiman, a la vera de la ruta nacional 38.

La investigación que lidera el fiscal de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, tiene a dos policías detenidos, acusados de homicidio preterintencional. 

O sea, la fiscalía sospecha que Samuel fue asesinado (por eso la figura de "homicidio"), aunque con atenuantes: el homicidio preterintencional implica dolo de lesionar, pero no intención de matar, sino que se trata de un resultado no deseado.

Escrito de manera simple y sin vueltas jurídicas: la teoría de la fiscalía apunta a que, sin la intervención violenta de los policías, es posible penar que hoy Samuel estaría con vida.

Las organizaciones y colectivos LGTB+ apuntan a un tema aún más sensible detrás de la brutalidad policial: la homofobia.

De acuerdo a testigos que ya declararon ante la Justicia, aquel domingo a la noche, Samuel descendió del colectivo tras trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz. Y se quedó unos minutos fumando en la garita ubicada a la vera de la ruta 39, en Parque Siquiman.

Fue entonces que aparecieron dos móviles policiales, tripulados cada uno por un solo uniformado.

Los policías se bajaron y comenzaron a indagarlo. Por ahora, no hay certezas del motivo por el que los agentes fueron por él.

En la fiscalía tienen el dato de que casi a la misma hora, una mujer llamó al 911 de la Policía para denunciar que un joven la había amenazado y habría intentado agredirla. ¿Se trataba del mismo muchacho o acaso los policías se confundieron?

Hoy, todo se está chequeando.

Cuando en 2020 la Policía asesinó a Valentino Blas Correas en la ciudad de Córdoba, una primera versión policial indicaba que un joven había denunciado en un control policial que desde el auto en el que viajaba Blas con sus amigos habían intentado asaltarlo. Luego, cuando este testigo fue localizado por la fiscalía de José Mana, desmintió haber señalado a Blas y a sus amigos como potenciales delincuentes.

En la causa por el crimen de Samuel, siempre de acuerdo a las fuentes consultadas, ya fue localizada la mujer que habría llamado al 911. 

En la fiscalía, habría declarado que esa noche se topó con Samuel a la vera de la ruta 38, al que notó alterado y con una piedra en una mano. Contó que el joven algo le gritó, pero que no la agredió. Y que luego, se fue hacia la garita. Ante esto, la mujer dijo que llamó al 911 y que, incluso, cuando los primeros móviles se acercaron, ella le indicó a los uniformados dónde estaba el joven.

También ya declararon testigos que fueron contundentes en relatar que vieron una “golpiza”. “A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”, relató uno de ellos a Canal 12.

Y agregó: “Estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.

Según el testimonio, cuando arribaron otros móviles al lugar, los policías se apartaron de Samuel y comenzaron a practicarle maniobras de RCP: “Los brazos se le caían. Ahí empiezan a hacerle RCP. Es mentira que ese chico se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle. Cuando se dieron cuenta que se la mandaron, se agarraban la cabeza”.

De acuerdo a las fuentes consultadas, en la fiscalía lo ratificó.

También se agregaron otros testimonios que indican que cuando fue abordado por los policías, Samuel se habría ofuscado, momento en que discutió con los uniformados, quienes se le aproximaron más de lo que indica el protocolo de actuación. En ese momento, Samuel le habría quitado el gas pimienta a uno de ellos, según se investiga.

El primer informe de la autopsia apuntó que el joven sufrió múltiples golpes, aunque ninguno le causó la muerte de manera directa. También se detectó que le faltaban piezas dentarias producto de esos golpes.

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Los médicos del hospital Domingo Funes, de Santa María de Punilla, donde intentaron reanimar a Samuel, contarían luego de otros dos datos que les llamó mucho la atención: cuando le hacían RCP a Samuel, el cuerpo expelía un fuerte olor a gas pimientas, además de que advirtieron de que tenía mucha tierra en el rostro.

En ese sentido, las fuentes judiciales apuntaron que la tierra en el rostro daría la pauta de que estuvo aprisionado de cara al suelo, y negaron que se hayan encontrado marcas de borceguíes sobre la cabeza de Samuel.

Ahora, la fiscalía aguarda el resultado del estudio anatomopatológico, que evaluará células, órganos y tejidos, y el estudio toxicológico, destinado a establecer si el joven consumió estupefacientes previo a su fallecimiento.

¿Para qué sirven estos datos? El debate que viene en la Justicia es jurídico: si Samuel tenía alguna cardiopatía previa o si había consumido alguna sustancia que le pudiese generar algún problema de salud, la defensa de los policías podría aspirar a intentar morigerar aún más la figura penal.

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Por el contrario, si no aparecen datos concretos en estos estudios, el abogado de la familia de Samuel insistirá en agravar la situación legal.

Si bien tanto la fiscalía como la Policía de Córdoba han resguardado sus identidades, las mismas fuentes confirmaron que los policías detenidos y acusados por el crimen de Samuel son el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero. Ambos tienen más de 15 años en la fuerza.

Este último dato es clave, ya no en el análisis jurídico sino de la institución policial. Otra vez, queda bajo una enorme lupa la preparación de los agentes. ¿Por qué lo fueron a controlar en aquella garita? ¿Por qué no utilizaron armas no letales? ¿Qué prejuicios guiaron el accionar de estos agentes?

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Los antecedentes de los casos fatales de Jonathan Romo, en La Falda, y el reciente de Guillermo Bustamante, en una estación de servicios de la ciudad de Córdoba, ambos muertos en medio de operativos policiales, dejan al descubierto una falta de preparación al momento de abordar a personas que puedan estar ante alguna crisis psiquiátrica. 

Casos que terminan de la peor forma y que dejan una dura advertencia: sin la intervención de los policías, es muy posible que hoy estuvieran con vida.

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