Investigadores de la FPA irán a juicio acusados de robar droga de los operativos
Los integrantes de una brigada ubicada en una zona clave del mapa narco de Córdoba soportan una grave acusación. Uno ya confesó. Un fiscal, también irá a juicio.
29/04/2025 | 10:52Redacción Cadena 3
El mapa del narcotráfico en Córdoba hace rato que tiene marcado una ruta en rojo. Se trata de la nacional 38, que junto a la 60 y la 9 norte forman parte del circuito que recorren las grandes organizaciones narcos para "bajar" la cocaína que trafican desde la frontera con Bolivia.
Se trata de un complejo organigrama en el que los traficantes hace tiempo se la han ingeniado para que el "derrame" de la cocaína contamine absolutamente todo, lejos de ser un problema de fronteras.
“Lo que antes era un pro¬blema fronterizo, ahora es un problema mediterráneo; las fronteras fueron superadas con los aviones. Los ‘narcos’ se manejan como una empresa, siempre dejan droga en los puntos ‘locales’ para pagar la logística (transporte, encubrimiento, seguridad...). Donde pasa la droga se contamina con todo el movimiento violento del ‘narco’”, describió hace más de una década el fiscal Ricardo Toranzos, hoy titular del Área de Casos Complejos de Salta.
Por lo general, la droga que “aterriza” en la triple frontera (Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca), es trasladada a la provincia, en Pozo Nuevo, Villa de María del Río Seco o Lucio V. Mansilla, por la ruta 60, desde donde desvían a la 38 utilizando la ruta que une las ciudades de Deán Funes con Cruz del Eje.
Por eso, desde Cruz del Eje hasta Villa Carlos Paz, el corredor de la ruta 38 comenzó a tener otra connotación, más allá de las luces del turismo. De a poco, pero de manera incesante, la mayoría de las poblaciones ubicadas a ambos márgenes de esta carretera comenzaron a evidenciar el drama del acceso fácil a la cocaína, problemática que hasta entonces se creía reservada sólo para las grandes urbes del país.
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A partir de grandes investigaciones por fabulosos contrabandos de cocaína boliviana dentro del territorio argentino, se ha podido determinar, en líneas generales, que mientras el cargamento comienza a viajar desde el norte hacia los puertos de Rosario o Buenos Aires, una porción de la cocaína suele quedar en Córdoba.
El fenómeno se conoce como "contaminación": la ruta de la droga va desparramando la sustancia a su paso, comprando voluntades y abriendo nuevos lugares de esta oferta ilegal.
El fiscal cordobés Juan Pablo Klinger, que no es un especialista en investigar el narcotráfico, ya que no integra el fuero específico que el Ministerio Público Fiscal tiene asignado para el narcomenudeo, acaba de completar una investigación que deja al desnudo, acaso como pocas veces antes en Córdoba, estos hilos invisibles que explican el avance narco en la provincia.
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En las últimas horas, Klinger resolvió dar por concluída y enviar a juicio a siete efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA): quien hasta el año pasado era el jefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Diego Bertino, Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien prestaba servicios en Deán Funes hasta que fue detenido. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.
La investigación nació a fines de 2023 luego de que la propia FPA detectara un faltante de más de 300 gramos de cocaína cuando se realizó un inventario de lo secuestrado en sus dependencias. Esta
Según se corroboró, faltaban tres secuestros de estupefacientes que estaban bajo la supervisión de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico: en total, 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana.
En el mayor sigilo, Klinger ordenó allanar a un grupo de agentes y secuestrarle los celulares. Como se preveía, la mayoría ya había borrado las conversaciones más comprometedoras, según contarían luego las fuentes consultadas. Pero no todos. Los peritos se armaron de paciencia y lograron reconstruir buena parte de los chats. Y así, llegaron a una revelación mucho más impactante que la esperada.
Los diálogos apuntaban a que un grupo de policías antidrogas se habrían complotado para robar droga de los operativos y de esta manera, tener siempre a mano una buena cantidad de gramos blancos para pagarle a los informantes ilegales.
Por esto, en la misma causa aparecen también imputados los civiles Santiago Daniel Sánchez, Sergio Antonio Córdoba y Darío Amado Romero, apuntados de ser los "dateros" que, a cambio de drogas, le marcaban a los uniformados los "quioscos" donde venían cocaína y otras sustancias en Cruz del Eje, Villa de Soto y otras poblaciones del norte cordobés.
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El caso detonó un escándalo dentro de la FPA. A finales del año pasado fue pasado a retiro obligatorio el jefe que durante nueve años comandó esta fuerza, Francisco Adrián Salcedo.
Si bien oficialmente el Ministerio Público Fiscal nunca dejó en claro las reales razones, quienes conocen de cerca la dinámica de la institución antidrogas no tienen dudas que se trató de una medida concreta ante el evidente descalabro interno que se evidenciaba en esta investigación.
Es que el fiscal Klinger no anduvo con vueltas en la acusación al momento de remarcar el motivo que perseguían los uniformados que presumiblemente habían robado la droga en los operativos: mostrar operativos "positivos" para lograr ascender dentro de la FPA, mantenerse en esa sede del norte provincial y mostrar, al mismo tiempo, una gran imagen pública de esta institución. Todo armado por fuera de lo que marcan los procedimiento legales.
Una estadística que no desnudaba a la realidad. Más que investigaciones de calidad, que realmente revelaran la trama del narcotráfico en los márgenes de la ruta 38, los pesquisas sólo buscaban lo superficial, para mostrar una imagen institucional alejada de lo que realmente hacían. La cantidad por encima de la calidad.
En ese punto, hay un dato recogido en la investigación que impacta: en cuatro años, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023, el secuestro más grande de drogas fue de 300 gramos de cocaína que, en realidad, habían sido descubiertos por guardiacárceles dentro de la penitenciaría de Cruz del Eje.
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Toda esta trama Klinger la fue descubriendo siguendo otra pista. La "pérdida" de los 300 gramos secuestrados. La sospecha es que los policías antidrogas los sacaron adrede para generar un golpe interno en contra de quien era el jefe de ellos, Mauricio Oyola, y así quedarse también con su puesto.
Pero jamás imaginaron que esta pista iba a llevar a la fiscalía a revelar todo lo que se escondía por debajo.
De esta manera, la investigación se dividió en dos partes.
Por un lado, el fiscal antidrogas de Cosquín y Cruz del Eje, Raúl Ramírez, fue enviado a juicio junto al secretario de su fiscalía, Patricio Bazán, y el entonces jefe de la brigada de la FPA, Oyola, por los presuntos delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos; y abuso de autoridad.
O sea, se sospecha que cuando descubrieron el faltante de la droga secuestrada, en lugar de denunciarlo e iniciar una investigación judicial correspondiente, taparon todo con el objetivo de evitar un escándalo dentro de esa brigada de la FPA.
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Esta pesquisa fue la que llevó a secuestrar los celulares de los policías y encontrar la evidencia que llevó a la segunda causa conexa, la de los operativos fraguados: no investigaban, sino que le pagaban a los "dateros" con droga que robaban de los mismos procedimientos, según se sospecha.
Ambas causas, a partir de ahora, ya quedaron elevadas a juicio.
En este segundo caso, uno de los policías antidrogas ya confesó. Se trata del agente Moreno, quien asesorado por sus abogados Carlos María Cardeilhac y Enrique Cardeilhac, a fines del año pasado reconoció la acusación en su contra, dijo estar arrepentido e insistió en que quería volver a su casa (está detenido junto a los otros agentes) para reiniciar una nueva vida por afuera de la fuerza.
