El caso de Flavia Ochoa: demanda contra AstraZeneca tras rechazo de reclamo administrativo

Buenos Aires, 28 de julio (NA) – Flavia Ochoa, una mujer de Córdoba, ha iniciado un proceso judicial contra AstraZeneca y el Estado nacional luego de que su reclamo administrativo por daños derivados de la vacunación contra el Covid-19 fuera rechazado. Este procedimiento se realizó bajo la Ley 27.573, que regula la indemnización a personas que alegan haber sufrido efectos adversos por la vacunación.

El resultado de este trámite administrativo fue un dictamen que no encontró relación causal entre la vacuna y el síndrome de Guillain-Barré que padece Ochoa. Este rechazo se ha convertido en uno de los puntos centrales de la demanda judicial, en la cual la mujer argumenta que la resolución administrativa no consideró adecuadamente la documentación médica que presentó.

La historia del reclamo comenzó en marzo de 2023, cuando Ochoa presentó su solicitud para acceder al fondo de reparación creado por la mencionada ley. En su presentación, incluyó una serie de documentos médicos, como certificados de neurólogos, historia clínica y otros antecedentes clínicos, que respaldan su denuncia.

Sin embargo, el resultado del procedimiento administrativo no fue el que Ochoa esperaba. Según la demanda, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas determinó que "en la actualidad no se ha podido establecer un nexo de causalidad entre la vacuna contra el Covid-19 suministrada y el presunto efecto adverso denunciado".

Este dictamen es cuestionado por Ochoa, quien sostiene que no se valoraron correctamente los informes médicos, que incluyen diagnósticos de especialistas sobre su condición. En una declaración, la mujer comentó: "Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada".

La demanda no solo busca una indemnización, sino que también impugna diversos aspectos del régimen establecido por la Ley 27.573. Ochoa argumenta que el procedimiento administrativo limita el acceso a una reparación adecuada y solicita la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley y su reglamentación. Además, plantea el reconocimiento del fondo de reparación para los casos que demuestren daños por la vacunación.

La acción judicial también incluye a AstraZeneca S.A. y al Estado nacional, argumentando que ambos son responsables civilmente por los daños que ella atribuye a la vacunación. Estos aspectos serán analizados durante el proceso judicial.

Con la presentación de la demanda, se inicia una nueva fase judicial donde se evaluarán las pruebas documentales, la evidencia médica y los argumentos de ambas partes antes de que la Justicia decida sobre el reclamo indemnizatorio. Al momento de cierre de esta edición, se habían realizado consultas a AstraZeneca, al Ministerio de Salud de la Nación y a la ANMAT sobre el caso, pero no se habían recibido respuestas.

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