Cuál es la edad de imputabilidad mínima en otros países occidentales

Mientras el Gobierno impulsa un proyecto para reducirla a 14 años —que se debate actualmente en la Cámara de Diputados con apoyo de bloques aliados como el PRO y la UCR)—, la mayoría de los países de América y Europa han establecido límites inferiores, con un promedio internacional alrededor de los 14 años y excepciones extremas en ambos sentidos.

El debate se reavivó por casos de adolescentes de 15 años involucrados en homicidios planificados o ejecuciones por encargo narco, que actualmente quedan fuera del alcance penal y sin antecedentes judiciales. El régimen vigente (heredado del Decreto Ley 22.278 de 1980) separa estrictamente el sistema penal de adultos y el de menores, priorizando medidas socioeducativas hasta los 16 años.  

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Estados Unidos: sin edad uniforme y límites muy bajos en muchos estados. Debido a su sistema federal, no existe una edad mínima nacional de responsabilidad penal. En 22 estados (más el Distrito de Columbia y cuatro territorios), no hay límite fijo: se aplica el derecho consuetudinario, lo que permite —aunque es raro— procesar a niños muy pequeños en el sistema de justicia juvenil.

En los 28 estados restantes que sí fijan una edad mínima, la mayoría la ubica entre 7 y 10 años (por ejemplo, Florida en 7 años). La Ley Federal de Delincuencia Juvenil establece la mayoría de edad en 18 años para enjuiciamiento como adulto, con una edad mínima práctica de 11 años en el ámbito federal, aunque se prioriza el sistema estatal. Los parámetros siguen evolucionando con base en investigaciones sobre el desarrollo adolescente. 

Europa: promedio de 14 años, con variaciones amplias. No hay uniformidad en el continente. La mayoría de los países de la Unión Europea fijan la edad mínima en 14 años, aunque con matices según la gravedad del delito y la capacidad de discernimiento. 

Escocia: 8 años, uno de los umbrales más bajos del mundo (aunque las sanciones buscan reinserción más que represión).

Francia: Menores de 13 años se presumen incapaces de discernimiento (inimputables); a partir de 14 años hay presunción simple, y plena responsabilidad a los 18.

Italia: 14 años según el artículo 97 del Código Penal. Ante el aumento de la criminalidad juvenil, sectores de derecha (como la Liga o propuestas de Forza Italia) reclaman bajarla a 12 o 13 años. El “decreto Caivano” de 2023 (gobierno Meloni) permite amonestaciones y multas a padres por actos de violencia o bullying de menores de 12 años.

Reino Unido (Inglaterra y Gales): 10 años.

Bélgica: 18 años en algunos casos.

Otros: Canadá (12 años), Nueva Zelanda (10 años).

América Latina: la mayoría por debajo de los 16 años. En la región predomina un sistema diferenciado para menores, pero con edades de inicio más bajas que en Argentina (que comparte el umbral de 16 años solo con Cuba). 

Brasil: Desde los 12 años pueden intervenir medidas judiciales juveniles.

Uruguay: A partir de los 13 años (aunque hay debates y correcciones en información pública; no es 18 como se ha desmentido en chequeos recientes).

Ecuador: 12 años.

Bolivia, Chile y Paraguay: 14 años.

La propuesta argentina actual busca alinear el país con estándares regionales e internacionales, fijando 14 años como piso para delitos graves (homicidio, abuso sexual, secuestro), con pena máxima de 15 años de prisión y énfasis en medidas alternativas a la cárcel para infracciones menores. 

Organismos como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomiendan no bajar por debajo de 14 años y desaconsejan reducciones regresivas, argumentando que no reduce la delincuencia y puede aumentar la reincidencia. Países como Dinamarca y Georgia revirtieron bajas previas por malos resultados. 

El debate en Diputados continúa este jueves, con el oficialismo buscando media sanción para reemplazar el viejo régimen penal juvenil por uno más adaptado a la realidad actual de la criminalidad adolescente. 

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