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Caso Mackentor: declaran la nulidad de la intervención durante la dictadura

La sentencia también anuló la rescisión del contrato del segundo acueducto San Francisco-Villa María, la readjudicación a la empresa Supercemento en 1978 y la venta de una fábrica de tubos a la misma empresa.

01/07/2025 | 16:22Redacción Cadena 3

FOTO: El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. (Foto: Gentileza Enredaccion).

FOTO: La fábrica de caños Mackentor. Foto: Gentileza Enredaccion)

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba declaró la nulidad de la intervención judicial de la empresa constructora Mackentor, ocurrida el 2 de mayo de 1977, por considerarla un acto vinculado a crímenes de lesa humanidad. 

La resolución fue leída por la presidenta del tribunal, Carolina Prado, junto a los jueces Cristina Giordano y Facundo Zapiola.

La sentencia no solo anula la intervención dispuesta durante la dictadura, sino también todos los actos posteriores relacionados, como la rescisión del contrato del segundo acueducto San Francisco-Villa María, su readjudicación a la empresa Supercemento en 1978 y la venta de una fábrica de tubos de alta presión en Córdoba, también a Supercemento. 

Asimismo, se declararon nulos los expedientes judiciales iniciados por Mackentor contra el Estado Nacional y los relacionados con su quiebra, imponiendo las costas al Estado.

Mackentor, una prestigiosa constructora con sedes en Córdoba y Buenos Aires, fue ocupada el 25 de abril de 1977 por militares del III Cuerpo de Ejército, bajo la acusación de financiar a una organización guerrillera. Sus directivos y empleados fueron secuestrados, y la empresa, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, fue desmantelada. 

El juez federal Adolfo Zamboni Ledesma formalizó la intervención una semana después, un acto que el tribunal actual calificó como parte de un crimen de lesa humanidad.

La empresa, comparable a gigantes de la época como Juan Chediack, fue vaciada en beneficio de Supercemento. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños de Mackentor y con la obra del acueducto, una de las principales obras públicas de los años ’70. “La intervención y la usurpación fueron un mismo acto de despojo orquestado por el terrorismo de Estado”, afirmó el tribunal.

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