Antes de la muerte de Orihuela, notificaron a la Policía que no debía detenerlo

Por Juan Federico

El viernes 24 de abril último, a las 10 de la mañana, la fiscal Silvana Fernández envió un oficio urgente a la Policía de Córdoba. Exhortaba al área de Antecedentes Personales que, de inmediato, dejara sin efecto cualquier orden de captura que figurara en contra de Tomás Elías Orihuela (19).

Un día antes, el joven había salido en libertad tras permanecer cuatro meses en la cárcel de Bouwer. Aquel jueves, firmó un acuerdo de juicio abreviado, en el que reconocía su participación una asociación ilícita que se dedicaba a revender teléfonos celulares robados en los bailes. Quedó en libertad condicional y se fue a su casa, en el Bajo Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, con una nota impresa en Tribunales 2, en la que se dejaba constancia de que ya no tenía deudas pendientes con la Justicia.

Pero aquel mismo jueves, no pudo dormir su primera noche en la casa de su madre. Al caer la tarde, en medio de un “operativo saturación” que llevaba adelante la Policía en Bajo Pueyrredón, procedimientos que contaban con la participación de un civil, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, Orihuela fue controlado por una patrulla y otra vez lo llevaron detenido. 

En el teléfono provisto que tenían los policías, al constatar su DNI saltó que tenía dos órdenes de capturas: una, por la causa que lo había llevado a la cárcel a fines de 2025, y la otra por un viejo pedido de Gualeguaychú, en Entre Ríos, en una investigación por un robo.

Al entregar el procedimiento en la unidad judicial que funciona en la comisaría 6° de barrio Altos de General Paz, la sumariante constató que ambas órdenes habían caducado. En la madrugada del viernes, Orihuela recuperó la libertad.

Pero en un cajón de la comisaría quedó aquel papel que le habían dado en Tribunales 2, en el que constaba que no tenía deudas judiciales pendientes. Le dijeron que alguien había cerrado con llave ese escritorio y que recién el lunes se lo iban a poder devolver.

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Ahora, Cadena 3 revela un dato desconocido hasta hoy. Según apuntaron abogados que siguen de cerca la evolución del expediente que lleva adelante el fiscal Andrés Godoy, quien la semana pasada imputó a seis policías involucrados en el operativo que derivó en la muerte de Orihuela, aquel viernes a la mañana, tras ser anoticiada la fiscal Fernández de la detención por error que se había registrado la noche anterior, se envió desde esa fiscalía un oficio urgente a Antecedentes Personales de la Policía para que bajaran de la base de datos la orden de captura en contra de Orihuela, que ya llevaba más de cuatro meses desactualizada.

Un día después, en otro control callejero en Bajo Pueyrredón, una patrulla del Comando de Acción Preventiva 6 (CAP 6) volvió a esposar a Orihuela, bajo la misma excusa de que en el teléfono provisto de los policías les figuraba que aún estaban vigentes las órdenes de captura en su contra.

¿Por qué Antecedentes Personales –área que está ubicada en la propia Jefatura- no hizo caso al oficio de la fiscal Fernández? Fuentes policiales aseguraron que, en un principio, el oficio no habría sido activado porque se observaron algunos errores en su redacción; sin embargo, el lunes siguiente, luego de la muerte de Orihuela, la misma área cargó el pedido de la fiscal, sin objetar absolutamente nada.

La historia ya es conocida. Aquel sábado, tras más de cuatro horas de espera en la puerta de la comisaría, arriba del patrullero junto a la pareja de policías que lo habían detenido, Orihuela fue bajado y alojado en una celda, sin que aún los efectivos hubieran entregado el procedimiento en la unidad judicial. Al parecer, una de las policías que lo había capturado estaba apurada para ir a un negocio cercano, que estaba por cerrar.

Poco más de media hora, Orihuela fue encontrado ahorcado con su buzo dentro de esa celda.

El fiscal Godoy avanzó en imputaciones severas. El viernes pasado, acusó a tres policías de privación ilegítima de la libertad (se entiende que lo detuvieron pese a que ya sabían que las órdenes de captura no estaban vigentes); a otros dos de homicidio culposo (negligencia en el deber de vigilarlo cuando ya estaba en la celda); y a un comisario de apellido Córdoba, de las Brigadas Especiales, de incumplimiento de los deberes de funcionario público (se sospecha que cuando la Justicia estaba secuestrando los celulares de los policías involucrados, en medio de un descuido de un funcionario judicial, les habría devuelto los aparatos a algunos de los efectivos para que pudieran manipular sus celulares antes de que quedaran en poder de la fiscalía).

Una policía, Antonella Romero, fue la única que quedó detenida.

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Si bien la investigación que lleva adelante el fiscal Godoy es una sola, se divide en dos momentos.

Por un lado, qué pasó con el CAP 6 y la detención de Orihuela. En ese punto, esta semana Cadena 3 reveló chats que fueron aportados por personal que conoce de sobra el mundo subterráneo de la Policía y que comprometen a los acusados.

Se trata de un grupo de Whatsapp que habían conformado los miembros de las patrullas de esa zona, y que estaba integrado por casi 60 efectivos, entre los que había varios jefes. Aquel sábado 25 de abril, cuando detuvieron a Orihuela, en esas conversaciones, los policías dejaban en claro que ya sabían que las órdenes de captura en su contra no estaban vigentes, pero igual se burlaban de la situación y hasta sugerían “armarle” una causa por resistencia a la autoridad para intentar justificar todo.

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¿Qué hicieron los jefes policiales que podían advertir lo que estaba sucediendo ya que integraban el mismo grupo de Whatsapp? Si bien varios mensajes fueron borrados luego de que se conociera el escándalo, a simple vista no parece que ninguno de ellos hubiera intervenido para frenar el presunto delito.

Por eso, la principal lupa de la investigación hoy está puesta en torno al CAP 6, que funciona de manera separada a la comisaría.

El propio jefe de la comisaría 6, un comisario de apellido Salas, les indicó aquel sábado a los policías que habían deteniendo a Orihuela que no debían entregar el procedimiento, ya que no estaban vigentes las órdenes de captura. O sea, que lo liberaran de inmediato.

Los mismo les dijo –siempre según las fuentes consultadas- la sumariante que ese día estaba de turno. Cuando el patrullero se frenó en la puerta a esperar con el detenido, les aclaró que ella estaba muy demorada con una urgencia (se estaba denunciando la desaparición de un chico de 13 años, en una causa en la que incluso se llegó a sospechar de un secuestro extorsivo, aunque al final todo fue una falsa alarma), por lo que iban a tener que esperar bastante para conseguir turno.

Hoy, se sostiene que los dos policías que habían “levantado” a Orihuela en el Bajo Pueyrredón, no le habrían hecho caso ni al comisario Salas ni a la sumariante. Los informantes aseguran que los efectivos respondieron que ellos estaban obligados a entregar el procedimiento y que iban a esperar lo que hiciera falta.

Las interpretaciones sobre esta actitud hoy son variadas:

-Un excesivo apego de los policías a las reglas, es una de las hipótesis, que choca con lo que se iba escribiendo en el grupo de chat. 

-Patrullas que detienen en la calle sólo para “hacer número o estadística”, es otra de las teorías. 

-Un “ensañamiento” personal de los policías en contra de Orihuela, figura también entre las posibilidades. 

-Y, acaso también, una maña que hoy nadie desconoce dentro de la Policía: policías que cargan en el patrullero a algún sospechoso por un tema menor con la intención de “clavar” el móvil en una comisaría o centro de detención, sabiendo que van a estar largas horas detenidos hasta entregar el procedimiento. De esta manera, dejan de patrullar por barrios que suelen ser complicados.

Por ahora, son seis los policías acusados en esta causa. Pero quienes conocen los pasillos de Jefatura hoy sospechan que la investigación pude llevar a que más efectivos terminen con los dedos pintados. Es que los celulares recién ahora están empezando a mostrar datos que inquietan a más de uno.

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