Servicio Penitenciario: cómo era la operación para entrar celulares a la cárcel
El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, habló con Cadena 3 y detalló los avances de la investigación. No descarta responsabilidades de exministros de Justicia provinciales.
29/08/2025 | 07:29Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, detalló los avances en la investigación sobre corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba, específicamente en el capítulo referido al establecimiento de Bouwer, que fue elevado a juicio.
Gavier confirmó a Cadena 3 que se requirió la citación a juicio de Sergio Alejandro Guzmán, conocido como "Chavo" Guzmán, considerado una figura clave en el establecimiento de Bouwer, así como de la cúpula del penal de Villa María.
Según el fiscal, estas personas formaban parte de una asociación ilícita que operaba dentro de los penales, dedicándose a realizar estafas telefónicas con la colaboración de externos que facilitaban cuentas bancarias para recibir el dinero de las víctimas. "Se le atribuye a la cúpula de Villa María una participación en una asociación ilícita que realizaba estafas telefónicas desde el establecimiento", explicó.
El fiscal describió el mecanismo de la operatoria delictiva: los teléfonos ingresaban a los penales con la autorización de quienes controlaban la seguridad, a cambio de un sobreprecio. "Un teléfono que afuera cuesta 500 dólares, adentro se vende por 1000 dólares. La diferencia se distribuye entre los involucrados en el control de seguridad", señaló Gavier.
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Estos dispositivos eran gestionados por los "plumas" o jefes de pabellones, quienes los distribuían a los reclusos que participaban en las estafas. Las víctimas, engañadas con ardides como falsos premios, transferían dinero a cuentas indicadas por los estafadores, sin recibir nunca el beneficio prometido.
Gavier también se refirió al rol de los abogados imputados en la causa, quienes actuaban como intermediarios entre los reclusos y las autoridades penitenciarias. "Se les exigía a los reclusos el pago de sumas de dinero para obtener beneficios prometidos por la autoridad penitenciaria, y los abogados compartían esos pagos", afirmó. Este esquema se replicó en los penales de Bouwer, Cruz del Eje y la UCA, donde Guzmán operaba.
El fiscal destacó que la investigación apunta a una estructura delictiva de larga data, liderada desde 2008 por la cúpula del Servicio Penitenciario, entonces encabezada por Juan María Bouvier. "Los investigados ascendían dentro de la institución por plegarse a un esquema que violaba los reglamentos carcelarios en busca de beneficios propios", sostuvo Gavier, en respuesta a una pregunta sobre la falta de controles internos.
Según el fiscal, estas prácticas delictivas se consolidaron durante años, y los ascensos dentro del Servicio Penitenciario estaban condicionados a la participación en estas asociaciones ilícitas.
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Consultado sobre la ausencia de inhibidores de señal en las cárceles para evitar el uso de celulares, Gavier aclaró en Cadena 3 que esa responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo y no en el Judicial. "Hay inhibidores instalados, pero no siempre funcionan, y su gestión depende de las autoridades administrativas y de organismos como el Enacom", explicó, señalando conflictos entre autoridades provinciales y nacionales.
Gavier confirmó que la investigación sigue abierta y que podría alcanzar a autoridades superiores del Servicio Penitenciario, incluyendo posibles responsabilidades de exministros de Justicia. "La prueba nos conduce a donde tenemos que ir. La cúpula de la Dirección General del Servicio Penitenciario está siendo analizada, y si hay responsabilidad penal, deberán responder", afirmó.
La causa continuará en la órbita de su fiscalía, sin pasar al Fuero Anticorrupción.
Entrevista de Miguel Clariá, Francisco Centeno, Juan Federico y Luis Fernández Echegaray.
