Denuncian a la jueza Arroyo Salgado por la detención de militante en polémica
Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley denunciaron a la jueza Arroyo Salgado por la detención de una militante, que atacó la casa del diputado Espert. La acusan de graves irregularidades en el procedimiento.
04/07/2025 | 16:34Redacción Cadena 3
FOTO: Mariano Recalde y Vanesa Siley.
Mariano Recalde y Vanesa Siley, consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, llevaron adelante una denuncia contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".
En el centro de la acusación se encuentra la orden de detención de siete personas, de las cuales cinco permanecen bajo custodia, tras un incidente donde se colocaron un pasacalle y bolsas con excremento frente a la residencia del diputado nacional José Luis Espert.
La denuncia sostiene que los hechos en cuestión "no pueden ser más que una infracción municipal", sin embargo, la jueza implementó medidas que involucraron modalidades como "allanamientos, detenciones e incomunicación" sin fundamentar adecuadamente las imputaciones.
Entre los detenidos, figura Alesia Abaigar, quien fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza a pesar de padecer una "enfermedad autoinmune severa". Esta situación originó intervenciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS, quienes se postularon como "amicus curiae".
Recalde y Siley enfatizaron que la jueza fue alertada sobre el estado de salud de Abaigar, el cual deteriora su capacidad pulmonar, pero que Arroyo Salgado no atendió la situación, según reflejan en el documento presentado.
Los denunciantes argumentan que la jueza Arroyo Salgado actuó de manera "arbitraria e ilegal", y estarían trabajando al servicio de intereses políticos del gobierno nacional, lo que interpretan como un caso claro de "persecución política".
Además, la denuncia critica la calificación penal utilizada por la magistrada para legitimar las detenciones, que incluye los cargos de "asociación ilícita, amenazas coactivas y actos discriminatorios por motivos políticos", considerándola como "desproporcionada y sin respaldo jurídico".
Por lo tanto, la presentación insta al Consejo de la Magistratura a investigar el proceder de la jueza por mal desempeño, así como por vulneración de garantías constitucionales y el uso abusivo del poder judicial con la intención de "amedrentar y disciplinar socialmente, al servicio de los intereses políticos del Gobierno nacional".
[Fuente: Noticias Argentinas]
