Un juez frena el pedido de Trump sobre datos raciales en universidades

BOSTON — Un juez federal ha bloqueado los intentos del gobierno del presidente Donald Trump de recopilar datos que evidencien si las universidades de educación superior consideran la raza en sus procesos de admisión. La decisión fue emitida por el juez del Tribunal Federal de Distrito F. Dennis Saylor IV en Boston, quien otorgó una orden judicial preliminar el pasado viernes. Este fallo se origina a partir de una demanda presentada a principios de este mes por una coalición de 17 fiscales generales estatales demócratas, y su aplicación se limita a las universidades públicas de los estados que forman parte de la demanda.

El magistrado indicó que, aunque el gobierno federal puede tener la autoridad para solicitar estos datos, la forma en que se implementó la exigencia fue "apresurada y caótica". Saylor señaló que el plazo de 120 días establecido por el presidente contribuyó a que el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES) no pudiera interactuar de manera efectiva con las instituciones educativas durante el proceso de notificación y comentarios, lo que generó múltiples problemas.

El presidente Trump había ordenado la recopilación de estos datos en agosto, expresando su preocupación por el uso de declaraciones personales y otros indicadores que, según él, podrían constituir una forma de discriminación ilegal.

En 2023, la Corte Suprema falló en contra del uso de la acción afirmativa en las admisiones, aunque permitió que las universidades consideren cómo la raza ha influido en la vida de los estudiantes, siempre que esta información sea compartida en sus ensayos de admisión.

Los estados involucrados argumentan que la recopilación de datos podría invadir la privacidad de los estudiantes y dar lugar a investigaciones infundadas sobre las universidades. Además, sostienen que no se ha otorgado el tiempo suficiente a las instituciones para recopilar los datos solicitados.

La abogada de los demandantes, Michelle Pascucci, afirmó ante el tribunal que "los datos se han solicitado de una manera tan apresurada e irresponsable que creará problemas para las universidades", añadiendo que la iniciativa parece estar dirigida a descubrir prácticas ilegales.

Por su parte, el Departamento de Educación ha defendido la iniciativa, argumentando que los contribuyentes tienen derecho a conocer cómo se utilizan los fondos en las instituciones que reciben financiamiento federal. Esta política se basa en acuerdos de conciliación que el gobierno alcanzó con la Universidad Brown y la Universidad de Columbia, las cuales acordaron proporcionar datos sobre raza, promedios de calificaciones y puntajes de exámenes estandarizados de los solicitantes, así como de los estudiantes admitidos y matriculados.

El NCES debe recopilar estos nuevos datos, que incluyen la raza y el género de los solicitantes, admitidos y matriculados. La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha indicado que los datos, que originalmente debían entregarse el 18 de marzo, necesitan ser desglosados por raza y género y reportados retroactivamente durante los últimos siete años.

Si las universidades no presentan datos completos y precisos a tiempo, el gobierno ha advertido que McMahon podría tomar acciones bajo el Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, que establece requisitos para las instituciones que reciben asistencia financiera federal.

Adicionalmente, el gobierno de Trump ha demandado a la Universidad de Harvard por datos similares, alegando que la institución se ha negado a proporcionar los registros de admisión solicitados por el Departamento de Justicia. Harvard ha declarado que ha respondido a las solicitudes del gobierno y que cumple con el fallo de la Corte Suprema en relación con la acción afirmativa. Recientemente, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación ordenó a Harvard cumplir con las solicitudes de datos en un plazo de 20 días, o de lo contrario enfrentará una remisión al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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