Un caótico operativo, 360 arrestos y una tragedia: ¿Qué ocurrió en Glass House Farms de California?

Las autoridades federales aseguraron que la semana pasada detuvieron a más de 360 personas en dos granjas de marihuana en el sur de California, refiriéndose a las redadas como una de las operaciones más grandes desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero pasado.

Un trabajador agrícola falleció tras caer del techo de un invernadero durante las caóticas redadas del jueves, cuando el Departamento de Seguridad Nacional ejecutó órdenes penales de registro en las instalaciones de Glass House Farms, en Camarillo y Carpinteria, al noroeste de Los Ángeles.

Los operativos ocurrieron más de un mes después de que se llevaron a cabo operaciones migratorias en todo el sur de California, originadas en Los Ángeles, donde las autoridades locales afirmaron que las acciones del gobierno federal generan miedo en las comunidades de inmigrantes.

Un juez federal ordenó al gobierno de Trump poner fin a las detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes en siete condados de California, incluido Los Ángeles.

¿Qué sucedió?

Durante la redada en las instalaciones de Camarillo, una multitud se reunió en busca de información sobre sus familiares y para protestar contra las restricciones migratorias. Las autoridades, equipadas con cascos y uniformes de estilo militar, se enfrentaron a los manifestantes, quienes se replegaron entre columnas de humo verde y blanco.

Glass House Brands es una empresa importante de cannabis en California que comenzó a operar hace una década con un invernadero en Carpinteria, en el condado de Santa Bárbara.

La empresa se expandió y adquirió otra instalación en Camarillo, en el condado de Ventura, la cual incluía seis invernaderos para el cultivo de tomate y pepino. Glass House adaptó dos de los invernaderos para el cultivo de cannabis, según el sitio web de la compañía.

Familiares de los trabajadores en la instalación de Camarillo afirmaron que en el lugar aún se cultiva tomate, además de cannabis.

El número de arrestos sigue en aumento

El gobierno federal informó en un principio del arresto de unas 200 personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.

Pero el sábado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que 319 personas fueron arrestadas y señaló en la red social X que “rápidamente se estaba convirtiendo en una de las operaciones más grandes desde que el presidente Trump asumió el cargo”.

Un día después, el número de arrestos aumentó a 361 en los dos lugares, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

El gobierno señaló que cuatro de las 361 personas arrestadas tenían antecedentes penales, incluidas condenas por violación y secuestro.

Un fallecimiento en las redadas

Un trabajador agrícola que cayó del techo de un invernadero durante la redada en la granja de Camarillo murió el sábado a causa de sus heridas.

Jaime Alanís, de 57 años, es la primera víctima mortal de la que se tenga conocimiento durante una redada migratoria en la actual presidencia de Trump. Yesenia Durán, sobrina de Alanís, confirmó su muerte a The Associated Press.

Durán publicó en el sitio de recaudación de fondos GoFundMe que su tío era el único proveedor de su familia y había estado enviando dinero a su esposa y una hija en México. Alanís trabajó en la granja durante 10 años, según su familia.

Alanís le llamó el jueves a su esposa en México y le dijo que se estaba escondiendo de los agentes federales durante la redada. Un médico informó a sus familiares que los paramédicos de la ambulancia que lo trasladó al hospital señalaron que cayó desde unos 9 metros (30 pies) de altura, indicó Durán.

¿Por qué se allanó el negocio?

El gobierno aseguró que investiga posibles casos de trabajo infantil, tráfico de personas y otros abusos. En un principio, el DHS declaró que dentro de la propiedad había 10 niños inmigrantes, luego ajustó la cifra a 14.

Las autoridades se negaron a compartir la orden de registro para el operativo. El gobierno federal no ha divulgado información adicional sobre los niños, incluidas sus edades y qué estaban haciendo en la propiedad cuando llegaron las autoridades. El DHS no ha proporcionado detalles para respaldar su afirmación de posible tráfico u otros abusos, y a la compañía no se le ha presentado ningún cargo.

De momento se desconoce si alguno de los menores era hijo de los trabajadores agrícolas o si llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto.

Las leyes federales y estatales permiten que niños de tan sólo 12 años realicen trabajos agrícolas bajo ciertas condiciones, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. En California, a partir de los 12 años, los niños pueden trabajar en granjas fuera de horario escolar. A partir de los 16 años, los menores pueden trabajar durante el horario escolar si no están obligados a asistir a la escuela, dijo la agencia en su sitio web.

Ninguna persona menor de 21 años puede trabajar en la industria del cannabis.

El Departamento de Control de Cannabis de California visitó el lugar en mayo de 2025 y no observó a menores en las instalaciones, dijo un portavoz. Después de recibir una queja posterior, el estado abrió una investigación para garantizar el cumplimiento total de la ley estatal.

Entre los arrestados había ciudadanos estadounidenses

Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron arrestados durante las redadas por presuntamente “agredir o resistirse a los agentes”, según el DHS. Además, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca al arresto de una persona sospechosa de disparar contra los agentes federales.

Entre los detenidos se encontraba el profesor de la Universidad Estatal de California Channel Islands, Jonathan Caravello, quien fue arrestado por arrojar un contenedor de gas lacrimógeno a las fuerzas del orden y comparecerá el martes ante el tribunal, según publicó el fiscal federal Bill Essayli en X.

Essayli dijo que Caravello fue detenido por agentes que no se identificaron ni le informaron del motivo de su arresto. La Asociación de Profesores de California aseguró que Caravello fue retenido sin poder contactar a su familia.

Caravello intentaba retirar un contenedor de gas lacrimógeno que estaba atorado bajo la silla de ruedas de una persona, aseguraron los testigos.

Por separado, la Oficina Federal de Prisiones dio a conocer que George Retes, de 25 años, estuvo bajo su custodia en el Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, desde el jueves hasta el domingo.

La familia de Retes afirmó que él es ciudadano estadounidense, trabaja como guardia de seguridad en la granja de Camarillo y es un veterano discapacitado del Ejército de Estados Unidos. Aseguraron que, durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes, Retes trataba de alejarse cuando un agente lo detuvo, rompió la ventanilla de su auto y lo roció con gas pimienta antes de sacarlo del vehículo y ponerlo bajo arresto.

La hermana de Retes, Destinee Magaña, comentó que la familia había estado tratando de ponerse en contacto con su hermano.

Los agentes federales “pensaron que probablemente era parte de la protesta, pero no lo era, estaba tratando de retroceder su auto”, declaró Magaña.

Ni Retes ni Magaña respondieron a correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

La región se prepara para más redadas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, propone brindar asistencia en efectivo a los residentes que están demasiado asustados de salir de sus hogares para ir a trabajar.

El plan forma parte de una amplia orden ejecutiva que la alcaldesa firmó el viernes, la cual instruye a los funcionarios de Los Ángeles “a reforzar sus protocolos y capacitación para prepararse para actividades de inmigración federal que ocurren en propiedades de la ciudad”.

La orden también establece un grupo de trabajo del departamento de policía para inmigrantes y amplía el acceso a recursos para las familias afectadas. Además, busca registros del gobierno federal sobre lo que la ciudad considera redadas ilegales por parte de las agencias federales.

La ayuda monetario no provendrá de fondos de la ciudad, sino de socios filantrópicos, dijeron las autoridades. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes distribuirán tarjetas de efectivo similares a las utilizadas para proporcionar asistencia financiera a los angelinos durante la pandemia de COVID-19. No estaba claro de inmediato cómo las personas serán elegibles para este beneficio.

El objetivo es ayudar a las personas que han sido disuadidas “de asistir a la escuela y la iglesia, buscar servicios de la ciudad, acceder a atención médica e ir a trabajar”, establece la orden.

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El periodista de Associated Press Christopher Weber en Los Ángeles contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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