Republicanos piden a Trump más uso del ejército en el territorio estadounidense

WASHINGTON (AP) — Efectivos de la Guardia Nacional patrullaron las calles de ciudades, armas de guerra se desplegaron contra bandas internacionales sospechosas de tráfico de drogas, y bases y recursos militares fueron redirigidos a operaciones de control de inmigración masiva.

El presidente Donald Trump implementó rápidamente su visión del ejército como una herramienta todopoderosa para sus objetivos políticos. Este enfoque es un terreno que los presidentes rara vez han cruzado fuera de tiempos de guerra, y los expertos señalaron que está redefiniendo el papel del ejército más poderoso del mundo y su relación con el público estadounidense.

Mientras Trump intensificó dramáticamente su uso de la fuerza militar, los republicanos en el Congreso —donde se supone que debe originarse la autorización para tales acciones— hicieron poco más que animarlo. Esto le otorgó al presidente un margen significativo de maniobra mientras planeaba enviar tropas a Chicago, Baltimore y Nueva Orleans.

El senador republicano por Mississippi, Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, afirmó desde un edificio del Capitolio donde elementos de la Guardia Nacional patrullaban: “Si yo fuera uno de esos alcaldes, estaría encantado de recibir la ayuda. Creo que los demócratas de las grandes ciudades están cometiendo un gran error. Creo que están siendo insensibles”.

Los legisladores de Luisiana declararon que era una gran idea que la Guardia Nacional ahora vaya allá. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano de Luisiana, dijo a The Associated Press: “Nueva Orleans, como la mayoría de las ciudades dirigidas por demócratas, tiene una alta tasa de criminalidad, por lo que sería útil”.

El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, coincidió: “Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Estoy encantado de traer a la Guardia Nacional”.

En los últimos años, los republicanos encontraron éxito político al centrarse en el tema del crimen. El 81% de los estadounidenses ve el crimen como un “problema importante” en las grandes ciudades, según una encuesta reciente del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Esto incluye a casi todos los republicanos, aproximadamente tres cuartas partes de los independientes y casi el 70% de los demócratas.

Sin embargo, las estadísticas mostraron que el crimen en general ha disminuido en todo el país, con algunas ciudades reportando mínimos de 30 años.

El uso de la Guardia Nacional por parte de Trump no tiene precedente. En el pasado, el uso de la Guardia Nacional en suelo estadounidense se reservó para circunstancias extraordinarias, como desastres naturales o cuando los funcionarios locales se vieron abrumados por disturbios civiles. Rara vez los presidentes utilizaron a las tropas para fines de aplicación de la ley.

Ejemplos notables incluyeron la huelga de Pullman de 1894 en Chicago, y durante los disturbios sucedidos en 1992, luego que fueron absueltos los policías que perpetraron la golpiza a Rodney King.

Los expertos consideran que el uso de las fuerzas armadas por Trump es singular porque no fue en respuesta a una crisis particular. En cambio, Trump utilizó al ejército para implementar sus políticas domésticas, como utilizar aviones militares para vuelos de deportación o reforzar el ejército en la frontera con México.

“Todas estas cosas indican una administración que está haciendo un esfuerzo amplio y concertado para insertar al ejército en la vida civil de una manera y en una escala que no tiene precedentes en la historia estadounidense”, señaló Joseph Nunn, abogado del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan.

Trump afirmó que tiene el “derecho” de enviar a la Guardia Nacional a las ciudades, incluso sobre las objeciones de los gobernadores estatales. “Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro —y está en peligro en estas ciudades— puedo hacerlo”, declaró la semana pasada.

El Congreso, bajo sus deberes constitucionales, estableció leyes que gobiernan cuándo y cómo se puede desplegar la Guardia Nacional a nivel nacional. Sin embargo, Trump empujó los límites de esas leyes, mientras el Congreso controlado por los republicanos permaneció al margen. En cambio, recayó en los tribunales poner cualquier límite a la aproximación maximalista de Trump a la presidencia.

Un juez federal dictaminó la semana pasada que la administración Trump “deliberadamente” violó el Acta Posse Comitatus, una ley federal que limita el papel del ejército en la aplicación de la ley nacional. El juez Charles Breyer en San Francisco hizo mención de que Trump y el secretario de defensa Pete Hegseth habían declarado la intención de desplegar a la Guardia Nacional en otras ciudades, lo que generó preocupaciones de que están “creando una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe”.

Ese uso de la Guardia Nacional era precisamente lo que los redactores de la Constitución intentaban evitar, destacó Andrew Wiest, cofundador del Centro para el Estudio de la Guardia Nacional en la Universidad del Sur de Mississippi. Los primeros líderes eran reticentes a dar al presidente demasiado control sobre el ejército.

“Este es otro de esos momentos de péndulo donde la Guardia se volverá más federal o tal vez oscilará de nuevo en la otra dirección. Pero desde la fundación de la República, ha estado oscilando hacia el lado federal”, indicó Wiest.

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