Purdue Pharma podría pagar 225 millones por su papel en la crisis de opioides

Un juez está evaluando la posibilidad de que Purdue Pharma deba pagar 225 millones de dólares al Departamento de Justicia, lo que podría permitir que la empresa, conocida por ser fabricante del analgésico OxyContin, finalice un acuerdo destinado a resolver miles de demandas en su contra por su implicación en la crisis de los opioides.

Esta sanción se establece en un pacto alcanzado en 2020 para abordar investigaciones civiles y penales que la compañía enfrentaba. Si el juez lo aprueba, no se impondrán otras sanciones a cambio de que Purdue resuelva las demandas restantes.

Luego de años de litigios, el acuerdo fue validado por otro juez el año pasado y podría entrar en vigencia el 1 de mayo. Este acuerdo exige que miembros de la familia Sackler, propietaria de la empresa, paguen hasta 7.000 millones de dólares a gobiernos estatales, locales y tribales, así como a algunas víctimas y sus familias.

A continuación, se presenta un resumen de la situación actual.

La sentencia se gestó durante años

Purdue se declaró culpable de tres cargos penales federales en noviembre de 2020, admitiendo que carecía de un programa efectivo para prevenir que sus analgésicos potentes fueran desviados al mercado negro, a pesar de haber informado a la Administración para el Control de Drogas que sí contaba con uno.

Además, la empresa reconoció haber pagado a médicos mediante un programa de conferencistas para que recetaran sus medicamentos, así como a una empresa de documentos médicos para incentivar más prescripciones de opioides.

Aunque Purdue produjo solo una pequeña parte de los opioides que inundaron el mercado en la década de 2000, defensores argumentan que la agresiva venta de OxyContin contribuyó significativamente a la crisis. En un evento de 1996, Richard Sackler, entonces alto ejecutivo de Purdue y más tarde presidente de la empresa, solicitó una "tormenta de recetas".

Se espera que Purdue pague 225 millones de dólares, mientras que el gobierno acordó no cobrar 5.300 millones en decomisos y multas penales, ni 2.800 millones en responsabilidades civiles. Estos montos se consideran parte del acuerdo más amplio, del cual el gobierno federal recibirá una pequeña porción.

Hasta 7.000 millones de dólares de miembros de la familia Sackler

El acuerdo más amplio estipula que los miembros de la familia Sackler paguen hasta 7.000 millones de dólares en un plazo de 15 años. La mayor parte de este dinero se destinará a entidades gubernamentales para combatir la crisis de los opioides.

Este acuerdo es uno de los más significativos de una serie de pactos alcanzados en años recientes por fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias, y es el único que incluye compensaciones para algunas víctimas individuales o sus sobrevivientes.

En total, los acuerdos superan los 50.000 millones de dólares, y la mayoría de los fondos deben ser utilizados para abordar la epidemia de sobredosis.

Conforme al acuerdo de Purdue, los miembros de la familia Sackler quedarían protegidos de acciones legales relacionadas con los opioides por parte de aquellos que acepten los pagos. Purdue dejaría de existir y sería sustituida por una nueva entidad, Knoa Pharma, que operará en beneficio público con una junta directiva designada por los estados.

Esta reorganización es considerada una de las más complejas en la historia. Hasta finales del año pasado, Purdue había desembolsado más de 1.000 millones de dólares a abogados y otros profesionales involucrados en el caso.

La sentencia no incluye a los propietarios de la empresa

Los miembros de la familia Sackler son frecuentemente retratados como los principales responsables de la crisis de los opioides, al buscar maximizar ganancias a pesar de que se evidenciaba que muchas personas se volvían adictas al OxyContin y sufrían sobredosis. Sin embargo, no se han presentado cargos contra ningún miembro de la familia.

Entre 2008 y 2018, los Sackler recibieron 10.700 millones de dólares en pagos de Purdue, de los cuales casi la mitad se utilizó para pagar impuestos en nombre de la empresa. Desde 2018, la compañía no les ha realizado pagos, y el último miembro de la familia dejó la junta directiva en 2019.

Según el acuerdo, los Sackler no se opondrían a que sus nombres sean retirados de museos y otras instituciones a las que han contribuido, algo que ya ha comenzado a suceder.

Algunas víctimas presionan para que haya procesamientos

Más de 54.000 personas con reclamaciones contra Purdue votaron a favor del acuerdo, mientras que 218 se opusieron. Sin embargo, algunas víctimas y sus familias han luchado durante años, argumentando que el acuerdo y la declaración de culpabilidad no logran hacer justicia para aquellos afectados por una crisis que ha sido vinculada a 900.000 muertes en Estados Unidos desde 1999.

La sentencia del martes representa otra oportunidad para que expongan su argumento ante un juez. Susan Ousterman, madre de Tyler Cordiero, quien falleció a los 24 años en 2020 por una sobredosis, ha instado a otros que han perdido seres queridos a que hablen en corte sobre el impacto de la crisis. Ella enfatizó que el objetivo es persuadir al juez para que rechace el acuerdo de culpabilidad y que el Departamento de Justicia presente cargos penales contra individuos, incluidos miembros de la familia Sackler.

"No debería ir a los estados y municipios", afirmó Ousterman, señalando que algunos gobiernos aún no han utilizado los fondos que recibieron y que otros los han empleado de formas no directamente relacionadas con la lucha contra la crisis de drogas. "No están utilizando ese dinero de manera efectiva".

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