La ONU critica el nuevo código penal de Afganistán por violar derechos humanos

ATENAS — Un reciente decreto en Afganistán ha generado preocupación internacional debido a que impone castigos más severos por el maltrato a animales que por la violencia doméstica contra mujeres. Esta normativa, que perpetúa la desigualdad de género y el estatus social, fue promulgada por el líder supremo, Hibatula Akhundzada, en enero. En un comunicado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, destacó que el nuevo código penal "define varios delitos y castigos que contravienen las obligaciones jurídicas internacionales de Afganistán".

El decreto, compuesto por 119 artículos y 60 páginas, estipula sanciones para las mujeres que visiten a familiares sin el consentimiento de sus esposos y otorga a los maridos el poder de imponer castigos en el hogar. "Prevé el uso de castigos corporales por numerosos delitos, incluso en el hogar, legitimando la violencia contra mujeres y niños", afirmó Turk.

Además, la normativa criminaliza las críticas al liderazgo de facto y a sus políticas, lo que infringe la libertad de expresión y de reunión. El nuevo código penal establece que un hombre que cause lesiones visibles a su esposa puede enfrentar solo 15 días de prisión, mientras que una mujer que visite a su padre sin permiso podría ser condenada a tres meses de prisión.

En este contexto, Susan Ferguson, representante especial de ONU Mujeres en Afganistán, declaró que el decreto "elimina formalmente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley", situando a los maridos en una posición de autoridad sobre sus esposas y limitando la capacidad de las mujeres para buscar protección o justicia.

El nuevo código penal también establece penas más severas por maltrato a animales que por violencia contra mujeres. Por ejemplo, aquellos que inciten peleas de animales podrían enfrentar cinco meses de prisión. Las autoridades afganas han implementado numerosas leyes restrictivas, como la prohibición de la educación para niñas más allá de la primaria y la limitación del acceso de mujeres al mercado laboral.

El decreto es el primer código penal integral emitido por el gobierno talibán desde que asumió el poder en 2021. Además, establece un trato diferenciado según la clase social de los infractores, donde clérigos y académicos reciben advertencias, mientras que los considerados de clases bajas enfrentan golpizas y penas severas.

Sin embargo, esta diferencia no se aplica en casos de asesinato, donde todos los culpables se enfrentan a la pena de muerte. En Ginebra, Turk instó a las autoridades afganas a "revertir su rumbo de excluir a la mitad de la población", enfatizando que "las mujeres y las niñas son el presente y el futuro, y el país no puede prosperar sin ellas".

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