No hay corrupción "chiquita"
En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio solicitó a la Legislatura que declare nulos cerca de 800 contratos "truchos" que estuvieron vigentes entre 2008 y 2018.
16/04/2025 | 11:26Redacción Cadena 3
En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio solicitó a la Legislatura que declare nulos cerca de 800 contratos que estuvieron vigentes entre 2008 y 2018.
Esta situación, que ahora se pone en la mesa, reveló un sistema de corrupción que estuvo operando durante años. Lo sorprendente es que estos contratos, que se consideran "truchos", costaron a los entrerrianos la asombrosa cifra de 50 millones de dólares.
Esta cantidad representa, para ponerlo en perspectiva, 50 kilómetros de rutas nuevas que podrían haber mejorado la infraestructura de la provincia.
Frigerio mencionó que, durante una década, estos contratos fueron utilizados por militantes y empleados fantasmas, personas que cobraban sueldos sin cumplir con ninguna función real.
La situación es tan grave que se han dado casos de lo que se denomina "Chocolate", un término que se refiere a contratos que no tienen razón de ser. La reacción de la corporación política ante las investigaciones fue inmediata: intentaron destituir a la fiscal que estaba investigando el caso, Cecilia Goyeneche, quien finalmente fue apartada de su cargo por el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos.
La Corte Suprema tuvo que intervenir para corregir esta injusticia, pero el daño ya estaba hecho.
Lo que más me impacta es la magnitud de la corrupción. No se trata de un "contratito" aquí y allá; son montos que, aunque pequeños individualmente, se multiplican a lo largo de los años y generan un costo monumental.
¿Cómo es posible que se haya permitido esto durante tanto tiempo? En lugar de utilizar esos recursos para el bienestar de la sociedad, se desviaron hacia un grupo de corruptos que se benefician a expensas del pueblo.
Este fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. En la legislatura de Buenos Aires y en la de Córdoba, hubo situaciones similares.
En Córdoba, hay 500 contratados que nadie sabe qué función desempeñan. Además, el Concejo Deliberante de la Ciudad hay 700 empleados que no tienen una justificación clara de su trabajo.
La falta de transparencia es alarmante y se extiende a las cifras de empleados en el sector público, donde se habla de 133.000 empleados, pero las cifras reales parecen ser mucho mayores.
Las inconsistencias en los números son preocupantes. Por ejemplo, en el sector de Salud, se han reportado cifras que van desde 13.000 hasta 17.000 empleados, lo que genera dudas sobre la veracidad de las declaraciones oficiales.
¿Cuántos más serán los contratos que se declaran y que no tienen justificación? ¿Cuánto dinero se puede ahorrar si se realiza una auditoría exhaustiva?
La AFIP tiene la capacidad de identificar a todos los contribuyentes con un número de CUIT, lo que debería facilitar la tarea de rastrear estos contratos y sus beneficiarios. La gente tiene derecho a saber cómo se están utilizando sus recursos y qué se está haciendo para recuperar el dinero que se perdió en este entramado de corrupción.
La intervención de la Corte Suprema en el caso de Goyeneche demostró que hay un camino hacia la verdad, pero es necesario que se mantenga la presión para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Cada kilómetro de ruta que no se construye, cada contrato trucho que se paga, son recursos que se desvían de su verdadero propósito: el bienestar de la gente.
