Telepeaje en el puente Rosario-Victoria: "Se legisla sin medir ni comparar"

1. Audio. Cambios en el puente Rosario-Victoria: opina el experto vial Fabián Pons en Cadena 3.

   Una mañana para todos Rosario

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La eliminación de las cabinas de peaje en el puente Rosario–Victoria marca un punto de inflexión en el sistema de cobro vial en la región. Desde esta semana comenzaron a retirarse las estructuras tradicionales y el pago pasó a ser exclusivamente electrónico, en línea con un proceso que ya se extiende a distintas rutas y autopistas del país.

La medida promete mayor fluidez en el tránsito, pero también abre interrogantes sobre derechos de los usuarios, el destino de los fondos y las responsabilidades del Estado y las concesionarias.

En diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario, Fabián Pons, director del Observatorio Vial Latinoamericano, analizó el cambio y advirtió que, si bien el pago electrónico agiliza la circulación, el sistema actual presenta falencias importantes.

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“El problema es que no todo el mundo tiene telepase y en muchos lugares no existe una alternativa de pago. No es que la gente no quiera pagar, sino que no siempre puede hacerlo de ese modo”, explicó.

Pons puso como ejemplo lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, donde conductores del interior reciben multas elevadas por circular por autopistas sin contar con el dispositivo electrónico, aun cuando desconocían la obligatoriedad. Frente a esto, planteó la necesidad de sistemas más inclusivos y universales, como el modelo chileno, donde todos los vehículos cuentan con un chip obligatorio asociado a una tarjeta de crédito y el cobro se realiza según el uso real de la autopista.

Más allá de la forma de pago, el especialista señaló que existe un gran desconocimiento ciudadano sobre qué servicios incluye un peaje. “El usuario suele asociar el peaje únicamente con el estado de la ruta, pero cada concesión es distinta. En algunos casos la empresa solo mantiene pasto e iluminación; en otros debe construir infraestructura”, detalló. Esa diferencia, afirmó, está establecida en pliegos públicos y decretos, aunque rara vez llega a la población de manera clara.

Otro punto sensible es el destino de los fondos. Pons recordó que los automovilistas ya pagan entre un 11% y un 12% del valor del combustible en impuestos destinados al mantenimiento y construcción de rutas. “Entonces, ¿por qué pagar peaje si ya lo pagué con mis impuestos? Si una empresa es más eficiente que el Estado, debería ser el Estado el que le pague con lo recaudado, no volver a cobrarle al usuario”, cuestionó.

La discusión también alcanza a la seguridad vial. Según Pons, muchas concesionarias deberían brindar asistencia médica, señalización y protección en caso de siniestros, aunque en la práctica estos servicios no siempre se cumplen de manera adecuada. A esto se suma la falta de estadísticas confiables sobre accidentes y alcoholemia.

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“No hay datos claros sobre cuántos siniestros ocurren por alcohol al volante. Se legisla sin medir y sin poder comparar resultados”, afirmó, al criticar duramente la implementación de la ley de alcoholemia cero, a la que calificó como “una declamación más política que técnica”.

En este contexto, la eliminación de cabinas y el avance del cobro electrónico aparecen como parte de una transformación mayor, que expone viejas deudas estructurales: rutas en mal estado, superposición de impuestos y peajes, falta de controles y escasa información para los usuarios. El puente Rosario–Victoria se convierte así en un caso testigo de un debate que recién empieza y que promete intensificarse a medida que el sistema sin barreras se expanda por todo el país.

Entrevista de Mirta Andrín y Juan Cruz Albergoli.

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