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Extorsión al soldado que se quitó la vida: "Se aprovechan de la vulnerabilidad"

El abogado especialista en delitos informáticos, Antonio Contreras, analizó en Cadena 3 el entramado de extorsión que llevó a la muerte del joven. También advirtió sobre la falta de normas que regulen a los gigantes de internet.

10/02/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Rodrigo Andrés Gómez se quitó la vida tras ser extorsionado por delincuentes.

FOTO: Rodrigo Andrés Gómez se quitó la vida tras ser extorsionado por delincuentes.

  1. Audio. Extorsión al soldado que se quitó la vida: "Se aprovechan de la vulnerabilidad"

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Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años que se quitó la vida cuando custodiaba la Quinta de Olivos, destapó una trama de extorsión operada desde cárceles bonaerenses. Mediante perfiles falsos en apps de citas, delincuentes simularon ser chicas menores de edad para luego extorsionar al joven bajo la amenaza de falsas denuncias policiales.

En este contexto de extrema fragilidad, el abogado especialista en delitos informáticos, Antonio Contreras, explicó en Cadena 3 las responsabilidades legales y las fallas de seguridad en el ecosistema digital que permitieron este trágico desenlace.

/Inicio Código Embebido/

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- ¿Quién responde por un delito digital?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que no hay en Argentina, y hay muy pocas en el mundo, normas o regulaciones sobre las plataformas de internet y su uso. 

Las plataformas son consideradas intermediarios, donde ellos simplemente indexan, ordenan y ponen mediante algoritmos la información a disposición de los usuarios. El estándar internacional fija que las plataformas, en principio, no serían responsables; el primer responsable es el titular o la persona que sube ese contenido. En este caso concreto, ya estamos hablando de un tema que va más allá de lo que es responsabilidad civil, ya estamos en un tinte criminal.

- ¿Cómo se mide el daño generado a una persona al publicar o extorsionar con contenido sin su consentimiento?

Al no haber normas concretas que prevean certeza jurídica, hoy los caminos son a través de la misma plataforma reportando contenidos dañinos —donde uno se incorpora a un sistema de una empresa privada con sus propios criterios y tiempos— o el sistema oficial más importante, que es la justicia. A través de medidas cautelares y la acción preventiva de daño (Art. 1710 del Código Civil), se puede obtener la baja o desindexación de un material. Es fundamental lograr el bloqueo de la información.

- ¿Por qué estas plataformas no son responsables por no haber validado las identidades de los usuarios que estafan o extorsionan?

Es muy importante informar a la sociedad: las plataformas, en general, no tienen sistemas de validación fehaciente y eficiente de las personas que generan perfiles. Ese es el gran problema de riesgo en internet. Salvo billeteras digitales o bancos que piden reconocimiento facial o DNI, en Instagram, Facebook o apps de citas, no existe una constatación de que quien crea el perfil es quien dice ser. No existe concretamente una responsabilidad de la plataforma sobre quién crea el perfil, si es la persona, si no lo es y qué contenido va a subir.

- En casos como este, donde se suplanta la identidad de un policía para presionar a la víctima, ¿cuál es el factor determinante?

La palabra clave es vulnerabilidad. Se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. Esa es la primera víctima de todo este tipo de ciberdelitos. Se valen del temor y, en casos como el del soldado, de sistemas disciplinarios rígidos y la soledad para acorralar a la víctima.

- ¿Qué debe hacer una persona que está sufriendo una extorsión de este tipo y cómo se frena al agresor?

Primero, educación. Entender que internet tiene todas las cuestiones positivas, pero tiene riesgos. Nos encontramos con una herramienta fabulosa pero no hemos sido preparados para manejarla; hoy uno se enamora, trabaja y comercializa por internet sin saber si quien está al frente es realmente esa persona. Segundo, ante la posibilidad de un delito penal, hay que recurrir a las fiscalías o a la Oficina de Delitos del Cibercrimen. Allí se debe hacer la presentación para que se actúe de manera urgente con los peritajes correspondientes.

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Entrevista de "Siempre Juntos".

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